El legislador Agustín Romano Norri, acompañado de sus pares Carolina Vargas Aignasse -presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales- y Alejandro Figueroa, presentó en el Salón de la Memoria un proyecto de ley de su autoría para implementar el juicio por jurados en materia penal, dando así cumplimiento a un mandato de la Constitución Nacional establecido en 1853 y reafirmado en la reforma de 1994.
La iniciativa establece un sistema de jurado clásico integrado por doce ciudadanos titulares y suplentes, quienes serán responsables de determinar la culpabilidad o inocencia del acusado, mientras que un juez profesional dirigirá el proceso y garantizará el respeto de las normas legales.
El proyecto delimita la competencia del jurado a delitos graves —como aquellos con penas de prisión perpetua o determinados delitos contra la vida, la integridad y la libertad- e incorpora principios centrales como la presunción de inocencia, el estándar de prueba «más allá de toda duda razonable» y la necesidad de veredictos unánimes. Asimismo, regula de manera detallada el proceso de selección de jurados, los requisitos para su integración y las etapas del juicio oral.
En diálogo con la prensa, Romano Norri remarcó la necesidad de que la justicia tucumana se modernice e implemente el juicio por jurados: «Para que sea el pueblo el que defina, en última instancia, en los casos graves de materia penal. Entendemos que hay un pedido de la sociedad para tener una justicia más transparente y más eficiente, y esto viene a dar respuesta a esa solicitud».
A su vez, puntualizó que para ser jurado «No se requiere título de abogado ni estudio especializado. Cualquier persona con sentido común y racionalidad puede ser jurado. Se propone paridad de género -mitad hombres, mitad mujeres—-seleccionados por sorteo del padrón electoral, para que definan si una persona es culpable o inocente».
Finalmente, el parlamentario señaló que el juicio por jurados está plasmado desde 1853 en la Constitución Nacional: «Es una deuda pendiente de Tucumán de hace más de 150 años. Necesitamos una ley operativa que haga que los tucumanos recuperen la confianza en la justicia».
Por su parte, el doctor Pedro Roldán Vázquez, ex juez de la Cámara Penal y docente de Derecho Procesal Penal, se manifestó a favor del juicio por jurados: «Tucumán tiene un sistema adversarial desde 2018, y ese sistema solo se concibe completo con el juicio por jurados. Es un sistema en el que los abogados tienen que expresarse en términos comprensibles para el común de las personas, porque deben hacerse entender en sus teorías del caso por personas sin instrucción jurídica. En la actualidad se utilizan palabras técnicas que no llegan a la comunidad».
Al ser consultado sobre las críticas al sistema por quienes señalan la falta de formación jurídica de los ciudadanos que integran el jurado, el exmagistrado fue terminante: «Los jurados tienen la misma capacidad lógica que los jueces. En la facultad no se enseña nada diferente que haga a los jueces mejores apreciadores de pruebas que cualquier persona. La lógica la tenemos todos. Doce personas piensan mejor que tres, y si además deben decidir por unanimidad, hay que debatir cada punto, lo que garantiza una decisión verdaderamente transparente y justa».
«Además, el juicio por jurados prevé la dirección de un juez técnico que imparte dos tipos de instrucciones: generales -sobre las garantías del proceso- y específicas -sobre el caso concreto-, entregadas por escrito y verbalmente antes de deliberar, respondiendo todas las preguntas que sean necesarias», agregó.
De la presentación también participaron el doctor Leandro Halperin, Subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la doctora Clelia Cruz Sánchez, diplomada en gestión parlamentaria, y el periodista Álvaro José Aurane.
