La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición total de uso, comercialización y distribución de una amplia gama de productos de limpieza de la marca “Agranel” en todo el país.
La decisión fue oficializada a través de la Disposición 2491/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de detectar que los productos se ofrecían sin contar con el registro sanitario obligatorio.
Según detalló el organismo, la medida surgió tras tareas de fiscalización y monitoreo, donde se comprobó que los artículos se comercializaban tanto en una página web como en redes sociales.
Además de no estar registrados ante la ANMAT, tampoco contaban con habilitación en la provincia de Buenos Aires. Esto implica que no hay garantías sobre sus condiciones de elaboración, lo que representa un riesgo potencial para los consumidores.
Desde el organismo remarcaron que todos los productos domisanitarios deben estar inscriptos y autorizados antes de poder venderse, justamente para asegurar su calidad y seguridad.
La medida alcanza a una extensa lista de artículos de uso cotidiano, entre ellos:
- Agua lavandina (en distintas presentaciones)
- Cloro y cloro granulado
- Pastillas de cloro
- Desengrasantes y limpiadores
- Quita manchas, quita sarro y destapa cañerías
- Cera para pisos y siliconas
- Limpiavidrios y shampoo para autos
- Perfumes textiles y ahuyenta mosquitos
También se incluyeron productos promocionados como imitaciones de marcas conocidas, como suavizantes o detergentes “tipo” reconocidas líneas comerciales.
Los productos eran ofrecidos a través de internet y redes sociales, lo que facilitaba su acceso sin controles previos. Durante la investigación, el propio representante de la empresa reconoció que los artículos eran de su propiedad.
La disposición establece la prohibición inmediata en todo el territorio nacional, incluyendo plataformas de venta online, y se mantendrá vigente hasta que los productos sean correctamente regularizados.
Además, la ANMAT indicó que podría avanzar con sanciones administrativas en una etapa posterior y notificó a autoridades sanitarias y organismos de defensa del consumidor.
