La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de denuncia penal contra Claudio «Chiqui» Tapia, Pablo Toviggino y la primera plana dirigencial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por maniobras de evasión tributaria agravada por casi $ 300 millones y la posible configuración de una asociación ilícita.
Según la denuncia, a la que tuvo acceso Clarín, la investigación del organismo recaudador detectó un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66, producto del uso de facturas truchas. ARCA manifiesta que la AFA apeló a una red de «proveedores apócrifos» para simular gastos y así evitar el pago de impuestos correspondientes a los períodos fiscales 2024 y 2025.
La presentación afirma textual que se utilizó «facturación apócrifa, con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero«, evadiendo así impuestos que le corresponderían pagar. Dice, además, que AFA declaró operaciones con proveedores respecto de los cuales existen indicios graves, precisos y concordantes que permitirían inferir su «carácter apócrifo».
La ARCA además solicita que se investiga la posible configuración de una asociación ilícita fiscal conformada por Tapia, Toviggino, Victor Blanco y Cristian Malaspina (Secretarios de AFA) y Gustavo Lorenzo (Director General de la entidad). El organismo ya denunció en diciembre pasado a la AFA y sus directivos por evasión, debido la retención indebida de aportes previsionales e impositivos, por un montón de $7.500 millones.
La lupa de los inspectores tributarios se posó sobre una serie de proveedores que, bajo la apariencia de prestar servicios o realizar obras en predios como el de Ezeiza, emitieron facturas millonarias pero´que -afirma ARCA- carecían de capacidad económica real.
En una primera etapa de la investigación que abordó la facturación a las empresas Consultek Consultoría y Servicios S.R.L.; ID Constructora S.R.L.; Central Hotel SRL; Meroka SRL; Construcciones Far West S.R.L.; Maxstore S.A.; Mosili; Logística Winter S.R.L.; Gramez S.A.; y Holdembrog S.A.
ARCA pidió información sobre los ingreso y egreso de personas vinculadas a los servicios prestados de los proveedores cuestionados al predio de Ezeiza. Reclamó nombre, apellido, DNI y empresa a la que cada uno pertenecía. AFA se escudó en que el movimiento fue muy grande, «incesante», con ingresos de personas de orden nacional e internacionales «entre ellas algunas de carácter privado confidencial» y pidió una prórroga para entregar los listados, para luego presentar un informe genérico del asunto.
«Informamos que en general las contrataciones de obras se realizan mediante llave en mano, por lo que el personal de las empresas contratadas varia durante la ejecución de estas, dado que la información solicitada data de años anteriores (2023 y 2024) y las obras fueron finalizadas nos dificulta constatar con exactitud las diferentes personas que utilizaron las empresas para la realización», se excusó.
ARCA solicitó a diferentes bancos vinculados a los proveedores información y detectó que del total de la facturación de las obras, apenas un 22,89% fue pagado mediante transferencias mientras que la mayoría, el 77,11% se hizo mediante cheques, agrupando varias facturas.
Ese resultó, según la denuncia, un dato clave para destapar un presunto mecanismo que terminó encubriendo un entramado de empresas sin empleados declarados, domicilios inexistentes o locales «abandonados».
Según el organismo recaudador, se emitían cheques de la AFA para pagar facturas, pero la trazabilidad del dinero se perdía en una «cadena de endosos sucesivos», lo que impedía identificar quién se quedaba finalmente con el efectivo que salía de la entidad para pagar a un proveedor.
«La contribuyente ha desplegado un ardid tendiente a encubrir los verdaderos destinatarios del dinero«, sentencia la denuncia.
Así, del análisis de la circulación y endosos de los cheques, se amplió el universos de empresas consultadas por ARCA, sumando a BLD S.A.; Champagnat y Libertad S.A; Frigorífico Ríoplatense; Grosso Francisco; La Pretenciosa; Paseo Lagunas S.A.; Raizen Argentina S.A; Reces S; Tijes S.A.; y Wallace Hermanos.
Ese seguimiento de la ruta del dinero de la AFA arrojó datos más que llamativos para ARCA. «BLD S.A. informó que los cheques recibidos por Construcciones Far West SRL mediante endoso tuvieron como causa económica la cancelación de obligaciones comerciales vinculadas a la compra de hacienda, precisando que los mismos fueron depositados en cuenta bancaria propia, sin intervención de personas humanas en su gestión, y que el endoso fue realizado por cuenta y orden de terceros, en el marco de operaciones habituales de la actividad».
«Asimismo, acompañó documentación respaldatoria, incluyendo liquidaciones de compra, recibos, registraciones contables y manuales de procedimientos internos para la recepción, custodia y endoso de cheques, aclarando que no mantuvo operaciones con la Asociación del Fútbol Argentino durante el período fiscal bajo análisis», dice la denuncia.
Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F. «manifestó que los cheques endosados por los proveedores Maxstore SA, Mosili SA, Central Hotel y Gramez correspondieron a cobranzas de clientes por ventas de carne vacuna, tratándose de endosos simples para su depósito en cuenta bancaria propia, aportando un detalle pormenorizado de cheques, facturas, recibos, acreditaciones bancarias», sigue la presentación.
«Indicó además que los cheques fueron gestionados por el sector de tesorería y depositados a través de los circuitos habituales de la empresa, contando con procedimientos internos formalizados, y aclaró que no registró operaciones con la Asociación del Fútbol Argentino en el período 01/2023 al 07/2024″. Es decir, otra empresa que terminó recibiendo dinero de AFA sin haber prestado servicios.
Por último ponen el ejemplo de Champagnat y Libertad S.A. «Informaron que no poseen registración contable del cheque endosado por parte de Construcciones Far West SRL, ni mantiene relación comercial con la Asociación del Fútbol Argentino, solicitando copia del instrumento (frente y reverso) a fin de poder verificar la eventual cadena de endosos y determinar si el mismo pudo haber sido depositado por un tercero sin autorización».
En su ampliación de denuncia, ARCA afirma que realizó un informe de oficio sobre Salidas no documentadas, es decir erogaciones sin documentación respaldatoria, realizados entre enero de 2023 y marzo de 2025 por AFA. De allí se desprender una serie de conclusiones categóricas tras un análisis exhaustivo de cada uno de los proveedores de la entidad.
En ese documento se enumera que hay empresas con domicilios inexistentes, cerrados o abandonados, inclusive casas de familias donde dicen desconocer las firmas; falta de respuesta sistemática a los requerimientos de ARCA; incongruencias entre volúmenes de facturación y acreditaciones bancarias; inscripción de múltiples actividades económicas disímiles entre sí, que denota ausencia de coherencia empresarial y la imposibilidad de acreditar la efectiva prestación de un servicio facturado, entro otros puntos opacos.
ARCA expone que varios de los proveedores de AFA presentan, además, modificaciones estructurales abruptas, tales como cambios de actividad, reducción de nomina, reconfiguración societaria, coincidentes temporalmente con periodos observados por la entidad. «Eso permite inferir la utilizaciones de dichas estructuras como vehículos de facturación apócrifa», dice.
Pero además se destaca un patrón homogéneo de comportamiento. Hay ausencia de una sustancia económica real. ¿Qué significa? Que las empresas carecen de los elementos mínimos necesarios para desarrollar las actividades que facturan, siendo únicamente estructuras societarias formales.
Además presentan una simulación de la capacidad económica. «Se verifica -según ARCA- una disociación sistemática entre la facturación emitida, las acreditaciones bancarias y la estructura patrimonial de los proveedores lo que evidencia la inexistencia de actividad económica alguna».
También hay estructuras societarias interconectadas, es decir nombres de socios que se repiten e intercambien entre diferentes firmas proveedoras, algo como lo que se evidencia en el entramado de sociedades detrás del emporio Toviggino en relación a la famosa mansión de Pilar denunciadas meses atrás por Elisa Carrió y la Coalición Cívica, cuyos dueños fueron denunciados como testaferros del tesorero de AFA.
Hay también un circuito comercial cerrado entre proveedores, es decir que se compran y venden respectivamente entre ellos, incluidos en la base de contribuyentes no confiables; inconsistencias geográficas relevantes entre empresas y sus socios, como empresas con domicilio en AMBA y CABA, cuyos integrantes viven en Mar del Tuyú, lo que podría dar cuenta de la participación de prestanombres o testaferros; desvíos en la trazabilidad de pagos, a través de los ya mencionados endosos múltiples de cheques; y facturaciones que nada tiene que ver con los objetos societarios, como por ejemplo hoteles facturando obras y servicios sociales vendiendo software.
Dicho todo esto, ahora ARCA pide que se investigue a los directivos de AFA por asociación ilícita y hace foco en cinco de ellos: Claudio «Chiqui» Tapia, Pablo Toviggino, Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, a quienes considera forman parte de la maniobra para evadir impuestos.
La ampliación de denuncia llega después de que «Chiqui» Tapia pidiera que la Cámara en lo Penal Económico acepte tratar su apelación al procesamiento en la causa por la retención indebida de impuestos y aportes previsiones. Es porque el tribunal resolvió que se le venció el plazo para hacerlo.
Tal como informó Clarín, la defensa de Tapia, a cargo del abogado Luis Charró, presentó un escrito ante la Cámara en el que solicitó que se revea esa decisión. Esgrimió que significa un «exceso en la aplicación de rigor formal» y le impedía ejercer su derecho de defensa.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante procesó a fines de marzo a Tapia, al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, al ex y al actual secretario general, Víctor Blanco y Cristian Malaspina, respectivamente, y al gerente general, Gustavo Lorenzo, por el delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social que la entidad no pagó en plazo por 19.300 millones de pesos.
En las últimas horas, Toviggino intentó recursarlo nuevamente apelando a un argumento insólito: usando una nota publicada en el portal de noticias DataClave, que muchos sindican sería de su propiedad. El N° de Tapia afirmó que existía un existe un «complot administrativo, mediático y judicial en su contra». Finalmente el juez rechazó su pedido, otra vez.
