Un caso aberrante trascendió la semana pasada. Una niña de 13 años, miembro de la comunidad gitana, había sido vendida como “esposa” a su primo sanguíneo, un hombre siete años mayor, por $825 mil pesos, a valor de 2022. Sus propios padres la entregaron. Muy poco después, esa niña -una analfabeta, que por decisión de sus padres jamás pisó una escuela-, fue convertida en una esclava.
Tras enfrentar un matrimonio forzado del rito gitano, cumplió con otra ceremonia. Ella misma la describió en su declaración en cámara Gesell que brindó el 8 de marzo de 2025 ante una psicóloga, realizada en el marco de una investigación a cargo de la Justicia federal de San Juan, que intentaba esclarecer su situación. Allí, habló de la práctica de “abrir camino”. Su propio “marido” debía asegurar que la “esposa” que había comprado, su prima, la hija de la hermana de su madre, era virgen. Luego, la embarazó, no una, sino dos veces. Perdió el primer embarazo, un aborto espontáneo. El segundo llegó a término. El bebé nació el 24 de agosto de 2024 en el Hospital Iturraspe de Santa Fe capital.
La niña fue arrastrada de un extremo del país a otro, en un periplo de tres provincias. Fue obligada a vender medias en la calle con su embarazo avanzado, maltratada, torturada con cigarrillos encendidos. Fue en Caucete, San Juan, donde cayeron sus captores, capturados por Gendarmería Nacional, luego de que intentaran secuestrarla de vuelta, cuando la menor había regresado a sus padres.
El mes pasado, Gustavo Franco Cristo, su “esposo”, y sus “suegros”, Alberto e Isabel Cristo, fueron condenados a diez años de cárcel cada uno por el delito de trata de personas, una condena lograda por el fiscal federal Francisco Alcaraz y la PROTEX, con su colega Alejandra Mangano.
Uno creería que este caso de esclavitud moderna, atravesado por una brutalidad singular, un literal pila de vejaciones a una niña en la Argentina del siglo XXI, es un solo caso y no una tendencia. Para la Justicia federal, la niña gitana de San Juan convertida en esclava está lejos de ser la única en la Argentina.
El problema de la trata de niñas dentro de la comunidad se repite hace años. Hay otras causas en similares en su curso. Una funcionaria judicial de alto orden asevera: “En San Juan ya hubo tres casos. En Neuquén se investigaron hechos similares. Los imputados se defienden al decir que es una práctica de su cultura, cuando son las propias mujeres las que piden ayuda y denuncian los hechos. Además de venderlas, las maltratan. Los embarazos adolescentes ocurren con frecuencia“.
Otra funcionaria en la Justicia federal que investigó a varias familias gitanas asevera que el aislamiento es doble, con víctimas iletradas sometidas a puertas cerradas, en una comunidad marcada por el hermetismo. Esas victimas, también, sirven un propósito dentro de la comunidad misma.
“El analfabetismo parece es trasversal a las mujeres de la comunidad. Las crían para servir a los maridos y a la familia del varón. Su propósito no es solo tener hijos, sino también atender a todo el resto”, asevera. Luego, se convierten en moneda de cambio: niñas por plata o camionetas. La compra de niñas es una marca de clasismo dentro de la propia comunidad: las familias más adineradas compran a las hijas de las familias más pobres.
El caso de Laura y Horacio Crespo y su hijo B., investigado por la fiscal federal Laura Mazzaferri, data de 2017. Es idéntico al de la chica de San Juan, con casi una década de diferencia.
La imputación inicial en contra de la pareja acusada fue la de ser “coautores del delito de trata de personas con finalidad de someter a la víctima a una unión de hecho y matrimonio servil“, agravado, entre otras cosas, por la edad de la víctima.
La niña -de 14 años al momento del comienzo del caso- había sido obligada a casarse con uno de los hijos de la pareja, que era menor de edad. Su padrastro fue quien concertó la “unión matrimonial”. El precio de la chica: $30 mil y la promesa de una camioneta. Luego, la pusieron a vender pañuelitos por la calle y mendigar bajo la vigilancia de su “suegra”. Logró escapar, finalmente. Le pidió ayuda a una militante política que encontró por la calle.
La víctima “acogida con fines de trata laboral y sexual”, traída de La Plata a sus 13 años, no solo era analfabeta: no tenía DNI ni partida de nacimiento.
“En su relato, dejó asentado que había sido obligada a casarse, que su marido en una oportunidad abusó sexualmente de ella y que la golpeaba, al igual que sus suegros, que la obligaban a limpiar toda la vivienda y a servirle el desayuno en la habitación a los moradores de la casa (un total de ocho personas)”, asegura otro fragmento del expediente. Una mañana, su marido le pidió sus galletitas favoritas. No había galletitas. Frustrado, lanzó a la chica por la escalera. La menor terminó con un pie fracturado.
El Tribunal Oral Federal condenó a Laura Crespo en junio de 2020 a cinco años de encierro, precisamente, por el delito trata. Le dieron prisión domiciliaria, tal como a Isabel Cristo; recibió la libertad condicional poco más de un año después.
El molde se repite en otra historia de la Justicia. Parece una versión bonaerense de un libro de Charles Dickens. En febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a Paulina Aida Macaroff a la pena de nueve años de cárcel por el delito de reducción a la servidumbre, luego de descartar una acusación por el delito de trata.
Las víctimas eran cuatro chicos, a los que habría esclavizado durante una década, de 2008 a 2018. No los había comprado: los había acogido. Los fundamentos de la condena a Macaroff, firmada por los jueces Silvia Fariña y Pablo Lacava, establecieron el vínculo: los chicos eran “todos nietos de ella”.
Los adoptó, asegura la condena para someterlos “por empleo de violencia psíquica y física, y forzarlos a trabajar en su beneficio vendiendo objetos en la calle hasta altas horas de la madrugada”. La mujer, apodada “Mimi”, oriunda de Formosa, era analfabeta ella misma. Algunos de los niños, sin embargo, estaban escolarizados y habían sido parte de un programa municipal que abordaba la problemática de la exclusión en la comunidad gitana local.
La figura del matrimonio forzado aparece otra vez. El fiscal del caso apuntó a “su nieta, de 15 años de edad, quien vivía bajo su tutela luego de haber sido entregada por su madre a los 8 meses de edad, a un miembro de la comunidad gitana, en una fecha no específica pero cercana al 9 de octubre de 2018, en la ciudad de Bahía Blanca, con la finalidad de concertar un matrimonio forzado y a cambio de una suma de dinero”.
Precisamente, fue esta menor la que logró romper el cerco al acudir a su padre biológico. Ambos intentaron escapar en tren. La abuela “Mimi” llegó junto a una turba para impedirlo. La menor, eventualmente, fue rescatada y enviada al Hogar Cantilo para niñas en Bahía Blanca.
En el juicio, el fiscal acusador repasó, por ejemplo, “los testimonios de diversas licenciadas que iniciaron el abordaje sobre la víctima, de donde se extraen una serie de costumbres de la comunidad gitana relativas a la venta de las menores vírgenes entregadas en matrimonio a cambio de dinero y otros bienes, falta de escolarización, explotación laboral y tratamiento de las mujeres como objetos”.
La madre de los chicos fue imputada y finalmente absuelta.
