La concejal Ana González, integrante del alfarismo, acusó a cinco funcionarios de la gestión de Rossana Chahla por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de contrataciones directas que, según su presentación, alcanzan los $2.700 millones.
La respuesta no se hizo esperar y fue dura desde el municipio. Se entiende que la ofensiva judicial es una maniobra política del exintendente Germán Alfaro quien recibe fuertes fondos desde un sector del gobierno de la provincia para «limar» la gestión de la intendenta.
Repiten que la denuncia carece de sustento probatorio. Quien salió al cruce de la concejal alfarista fue el subsecretario de Gobierno municipal, Alejandro Sangenis, y también, el presidente bloque oficialista en el Concejo Deliberante, José María Franco.
Sangenis, entiende y así lo afirmó en las redes sociales que el ex intendente Germán Alfaro, tiene a su favor que le está sobrando tiempo y dinero para dedicarse a pergeñar estas operaciones de desgaste contra su sucesora. la polémica entre ellos se planteó desde el primer día de la nueva gestión y está alimentada desde Casa de Gobierno por un sector que buscar debilitar políticamente a Chahla.
Según Sangenis, manifestó “La política quiere entrometerse para evitar y distraer la gestión administrativa que día a día trabaja para levantar una ciudad derruida por más de 15 años de gestión ineficiente y sospechada de quienes perdieron la confianza, y los votos, de la gente”.
A su turno Franco dijo que las denuncias son formas de la vieja política que la sociedad tiene en claro que detrás de estas actitudes hay un interés político. Al respecto afirmó “Hacer política con el nombre de las personas, sin tener papeles, sin tener información, generando un gasto a la administración de justicia y demorando causas que realmente tienen sustento probatorio, me parece algo malo”.
