El Gobierno analiza avanzar en un acuerdo fiscal con las provincias con el aval del FMI. Las definiciones deberían darse este año para evitar solaparse con el proceso electoral.
El oficialismo persiste en su compromiso de baja de impuestos a pesar de la caída de la recaudación y coronó la semana pasada con un cronograma de baja de las retenciones a las principales exportaciones del agro y de la industria.
El costo fiscal pleno del recorte para el agro será en 2028, cuando rijan los recortes para las cosechas fina y gruesa, y superaría los u$s 1000 millones, solo en el agro. El impacto es significativamente menor para los bienes industriales.
No, hasta que las supuestas inversiones produzcan los ingresos sustitutivos a las retenciones, no, salvo quitas pequeñas testimoniales.
Este compromiso, consideran en los despachos oficiales, no es aún acompañado por las provincias, a las que les reclaman la baja de ingresos brutos, mientras que abren otro frente con los municipios para que concreten la baja de tasas municipales. Según estiman desde el Palacio de Hacienda, en el caso de la industria, entre estos dos tributos subnacionales se paga más que lo que se paga por retenciones a la exportación.
Es por eso que el Gobierno busca institucionalizar el compromiso a través de una reversión de un consenso fiscal, o un acuerdo coordinado para la baja de impuestos. Las primeras líneas de diálogo ya fueron abiertas con los gobernadores aliados. El principal vaso comunicante en esta estrategia es Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos y quien supo llevar las gestiones para lo que fue el consenso fiscal firmado durante la presidencia de Mauricio Macri.
El FMI está alineado con este planteo del oficialismo nacional e insiste en avanzar en una reforma del sistema tributario de una manera más integral, pero pide que haya consenso con las provincias.
Para proteger el ancla fiscal, planteó el organismo, se está trabajando en un plan para bajar gradualmente los impuestos distorsionadores al comercio y las transacciones, mientras que simplifica el sistema tributario y se amplía la base impositiva, con la racionalización de los regímenes especiales, prevista para diciembre de 2026.
“Las autoridades tienen la intención de implementar estas reformas de manera gradual, según lo permitan las condiciones fiscales y económicas, y en estrecha consulta con las provincias, ya que estas reformas probablemente aumentarían la proporción de ingresos asignados a los gobiernos provinciales y podrían respaldar las reformas tributarias a nivel subnacional”, dijo el organismo en su staff report luego de aprobar el desembolso por u$s 1000 millones.
Esto va en línea con lo que espera el Gobierno con la baja de retenciones: que un aumento de la producción expanda la base de tributación de Ganancias, impuesto que es coparticipable, a diferencia de los derechos de exportación.
Desde el Gobierno se comprometieron a “crear incentivos para que las provincias fortalezcan sus propias finanzas”.
Para ello, contempla mejorar la coordinación con los gobernadores y fortalecer el seguimiento del desempeño fiscal para “alinear el objetivo de déficit cero en todos los niveles de Gobierno”. En esta línea, apunta a las provincias que lograron colocar deuda en el exterior y sostiene que logrará la alineación “garantizando al mismo tiempo que los préstamos en divisas se utilicen principalmente para refinanciar obligaciones externas y sean coherentes con la capacidad fiscal de las provincias y s capacidad para generar ingresos de divisas”.
No es la primera vez que la deuda internacional de las provincias hace ruido en los despachos nacionales. Antes de las colocaciones de Santa Fe y Córdoba en Nueva York, fuentes del equipo económico miraron con recelo esta estrategia, ya que ponían en duda la capacidad de las provincias para generar los dólares para repagar sus deudas. Así y todo, se dieron las garantías para respaldar las colocaciones.
En consonancia con las reformas fiscales coordinadas, el FMI pidió también la simplificación y armonización de los sistemas jubilatorios provinciales.
“El sistema argentino actualmente incluye más de 200 regímenes con diferentes criterios de elegibilidad y fórmulas de cálculo de beneficios, lo que genera inequidades y complejidad administrativa. La armonización gradual de los regímenes especiales y provinciales con el sistema nacional (SIPA) contribuiría a reducir las disparidades, simplificar la administración y fortalecer la sostenibilidad fiscal. Los acuerdos fiscales con las provincias podrían facilitar la alineación de los regímenes provinciales con el SIPA”, sentenció el organismo.
No son pocas las provincias que suman reclamos a la Nación por deudas con sus sistemas previsionales, que no fueron transferidos hacia la gestión nacional. La más resonante es la de la provincia de Buenos Aires, que trepó hasta la Corte Suprema con su reclamo para que ANSES le transfiera al Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense los más de $2 billones que reclama.
