El Gobierno nacional y los rectores llegaron a un acuerdo y este miércoles firmarán una recomposición económica que dejará atrás meses de conflicto universitario.
Se llevaron a cabo distintas reuniones en los últimos días entre las autoridades de las casas de estudio y representantes del Ministerio de Capital Humano, quienes alcanzaron una propuesta superadora durante el fin de semana.
Se prevé una actualización salarial del 21% que se aplicará a partir de los sueldos de junio, mientras que en octubre se contemplará un 3% más. Se aclaró que estos porcentajes no son retroactivos y es para docentes y no docentes. “Desde esa fecha, se estipulan paritarias trimestrales ajustadas a inflación”, aclararon a este medio.
A su vez, se fijó una mejora del 50% en el esquema de becas Manuel Belgrano y un 20% en los costos del funcionamiento de las universidades, con un monto similar para los hospitales que dependen de las entidades.
Por su parte, el Ejecutivo sostiene su amparo contra la Ley de Financiamiento Universitario, causa que debe fallar la Corte Suprema. Se trató de uno de los principales reclamos de la marcha del 12 de mayo.
De igual modo, persisten las dudas acerca del posicionamiento de todos los sectores sindicales, muchos de los cuales están divididos en cuanto a su nivel de conflictividad con la Casa Rosada.
De hecho, el gremio Conadu resolvió el plan de lucha con un paro de una semana del 16 al 20 de junio. “A su vez, se promoverán las acciones conjuntas con el Frente Sindical Universitario, como las clases públicas frente a Tribunales de CABA y de otras ciudades del país el próximo 9 de junio, y acciones en Rosario y Palacio Pizzurno los días 11 y 16 de junio respectivamente”, se agregó.
“Ante las noticias y trascendidos sobre posibles ofertas de parte del gobierno nacional a través del CIN, el Plenario sostuvo que la resolución del conflicto universitario debe darse con una convocatoria formal que permita dar inicio al cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario, lo que implica, además, la importancia de sostener las acciones judiciales en curso”, advirtieron.
