El Tribunal Oral Federal N° 2 fijó el martes 23 de junio la audiencia de últimas palabras de los imputados en el juicio por presuntas irregularidades en la licitación de las obras de segunda ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), adjudicadas a la constructora brasileña Odebrecht entre 2006 y 2008.
Una vez finalizada esa instancia, el tribunal anunciará durante la misma jornada el horario en que dará a conocer el veredicto.
El proceso tiene su origen en investigaciones iniciadas hace casi dos décadas a partir de la causa por sobornos de la empresa sueca Skanska.
La causa investiga el presunto direccionamiento en la contratación de las obras. Según la acusación fiscal, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, habría creado el marco normativo necesario y delegado facultades en funcionarios del área de Energía para confeccionar un procedimiento “a medida” de Odebrecht.
Entre las medidas adoptadas se incluyó la creación de fondos fiduciarios para financiar las ampliaciones, con aportes obligatorios de los grandes usuarios de gas, y una reglamentación que permitía al adjudicatario seleccionar proveedores de bienes y servicios según su propio criterio.
El fiscal federal Diego Luciani sostuvo que todo el proceso se enmarcó en la declaración de emergencia económica y energética vigente en ese período.
Luciani aseguró que hubo un “un claro e inadmisible direccionamiento hacia la empresa Odebrecht, en una contratación pública de enorme envergadura. Estamos hablando de la ampliación de capacidad de transporte de gas de la República Argentina entre los años 2006 y 2008; estamos hablando de una inversión del Estado argentino que supera los 2.300 millones de dólares”.
“Se organizó este desvío negocial al amparo de una compleja ingeniería burocrática. Esto, en definitiva, permitió a los acusados sortear controles ineludibles e indispensables para una obra pública de la magnitud de lo que implica obviamente la ampliación de la red troncal de gasoductos de un país”, aseguró el fiscal.
Los imputados son Julio De Vido, el exsecretario de Energía, Daniel Cameron, el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, el exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret y el exsubgerente de esa compañía, Julio Armando Bragulat.
La fiscalía solicitó cuatro años de prisión para De Vido y Cameron, tres años y seis meses para Folgar y Beuret, y la absolución de Bragulat por considerar que no se acreditó su participación en los hechos.
Durante los alegatos, las defensas reclamaron la absolución de todos los acusados. La defensa de De Vido cuestionó lo que calificaron como “retórica fiscal estigmatizante” y afirmaron que las decisiones se adoptaron dentro del marco normativo vigente en un contexto de emergencia energética.
Los representantes de Cameron y Folgar sostuvieron que no se probaron sobreprecios, sobornos ni un direccionamiento efectivo de las contrataciones. La defensa de Beuret argumentó que su asistido se limitó a cumplir instrucciones de la Secretaría de Energía para garantizar el abastecimiento de gas destinado a la generación eléctrica, mientras que la de Bragulat planteó la falta de elementos que justifiquen su inclusión en la causa.
El juicio oral, que tramita ante el TOF 2, ingresa así en su etapa final. El tribunal deberá resolver si las conductas investigadas configuran el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública o si, como sostienen las defensas, se respetaron los procedimientos legales aplicables en un período de crisis energética declarado por el Estado.
