Mientras buena parte de la discusión pública sigue atrapada en el escándalo alrededor de Manuel Adorni, la Argentina recibió una noticia que, a mi juicio, tiene consecuencias mucho más profundas para el futuro económico del país. Sin embargo, pasó casi desapercibida. Me refiero a la decisión de Morgan Stanley Capital International de mantener a la Argentina fuera de las categorías que habilitan el ingreso de los grandes flujos globales de inversión.
La noticia es preocupante porque confirma algo que venimos señalando desde hace tiempo: la Argentina continúa sin reunir las condiciones mínimas que exigen los inversores institucionales para colocar capitales de largo plazo. Mientras aquí discutimos denuncias, operaciones políticas y peleas internas, el mundo financiero sigue observando un país que no termina de normalizar sus reglas de juego.
La razón principal es conocida por todos. La persistencia de restricciones al movimiento de capitales, lo que popularmente conocemos como cepo, sigue siendo un obstáculo determinante. Desde la mirada de los grandes fondos internacionales, ingresar a un país donde existen dudas sobre la posibilidad de retirar posteriormente los recursos representa un riesgo demasiado elevado.
Por eso la Argentina continúa ubicada en una categoría marginal conocida como “stand alone”. Ni siquiera alcanza la condición de mercado de frontera, una clasificación reservada para economías complejas pero que al menos ofrecen ciertas garantías institucionales. Estamos fuera de los grandes circuitos financieros internacionales y eso tiene consecuencias concretas sobre la llegada de inversiones.
Para entender mejor este fenómeno consulté a especialistas que trabajan diariamente con fondos internacionales. Uno de ellos me explicó algo que debería encender todas las alarmas. Incluso si la Argentina lograra mejorar su calificación en los próximos años, muchos administradores de fondos esperarían uno o dos años adicionales antes de invertir. La razón es simple: temen que las reglas vuelvan a cambiar.
La historia argentina juega en contra. Nuestro país acumula décadas de controles, restricciones, cambios regulatorios repentinos y alteraciones en las condiciones de inversión. Esa memoria pesa. Los inversores no analizan únicamente el presente; también observan la trayectoria histórica y evalúan la probabilidad de que reaparezcan mecanismos que limiten la libre circulación del capital.
Esa desconfianza ayuda a explicar la proliferación de regímenes especiales como el RIGI y sus distintas variantes. El gobierno intenta construir excepciones para atraer inversiones en determinados sectores estratégicos. Energía, minería y tecnología reciben incentivos específicos porque, de otro modo, muchos proyectos no avanzarían.
El problema es que esos esquemas generan una economía fragmentada. Hay sectores que operan bajo reglas especiales y logran desarrollarse, mientras el resto de la economía continúa sometido a un entramado regulatorio complejo y poco atractivo. En otras palabras, existen islas de competitividad dentro de un país que sigue enfrentando problemas estructurales.
Cuando observamos el dinamismo de Vaca Muerta, la minería o algunas actividades exportadoras, debemos recordar que esos casos no reflejan necesariamente la situación general de la economía argentina. Son excepciones dentro de un contexto más amplio que sigue generando dudas entre quienes evalúan invertir en el país.
También creo que sería un error atribuir toda la responsabilidad a gobiernos anteriores. Es evidente que la Argentina arrastra problemas históricos y que muchas de las restricciones actuales tienen raíces profundas. Sin embargo, después de más de dos años y medio de gestión, el gobierno actual también debe asumir su parte de responsabilidad por los resultados obtenidos.
En este sentido, existen decisiones que contribuyeron a incrementar la incertidumbre. La dificultad para acumular reservas, algunos errores en la administración financiera y ciertas tensiones generadas por la dinámica política e institucional forman parte de un contexto que los mercados observan con atención. La confianza no depende únicamente de la orientación económica; también depende de la calidad de las instituciones.
Por eso me parece importante destacar que el riesgo argentino no puede reducirse solamente a la existencia de una oposición fuerte o a eventuales cambios electorales. Los inversores también analizan cómo funcionan los poderes del Estado, cómo se resuelven los conflictos institucionales y hasta qué punto las reglas son respetadas por todos los actores políticos.
Cuando el Congreso aprueba una ley, cuando el Poder Ejecutivo cuestiona determinadas decisiones parlamentarias o cuando se generan disputas sobre los límites institucionales, quienes observan desde afuera toman nota. Lo que evalúan es la previsibilidad del sistema. Y la previsibilidad es uno de los activos más valiosos para cualquier economía que aspire a recibir inversiones de largo plazo.
Por eso sostengo que la noticia conocida esta semana debe interpretarse como una advertencia. La Argentina tiene enormes oportunidades, recursos naturales extraordinarios y sectores altamente competitivos. Pero también mantiene debilidades estructurales que siguen alejando a los grandes inversores internacionales. La calificación que recibimos no es producto de una conspiración ni de una injusticia. Es, en gran medida, el reflejo de nuestras propias decisiones. Y hasta que no resolvamos esos problemas de fondo, seguiremos viendo cómo los grandes capitales observan al país desde afuera, esperando señales que todavía no terminan de llegar./Sergio Berensztein
