El vicegobernador Miguel Acevedo se refirió este lunes a la desvinculación de una empleada legislativa mencionada de manera indirecta en el marco del secuestro de 470 kilos de cocaína ocurrido semanas atrás en Famaillá. El presidente de la Legislatura aclaró que la mujer no pertenecía a la planta general del cuerpo, sino que era personal de bloque.
“Era personal de bloque. Ese bloque decidió la separación en ese mismo instante. Nosotros normalmente somos respetuosos de la Justicia, de los pasos que debe dar, pero en esta oportunidad el bloque decidió decir: ‘Esta empleada ya no trabaja más con nosotros, no es empleada de la Legislatura’. Respeto la decisión que han tomado el bloque”, expresó Acevedo en rueda de prensa.
El vicegobernador remarcó que la Justicia debe avanzar con la investigación y sostuvo que desde la Legislatura se buscó preservar la institucionalidad. En ese sentido, consideró que el episodio no afecta la imagen del cuerpo legislativo.
“Creo que esto no afecta”, señaló. Además, aclaró que la mujer desvinculada es esposa de uno de los involucrados en la causa, pero remarcó que será la Justicia la que determine si existe algún tipo de responsabilidad.
“El único vínculo que tiene es que esa esposa sí trabajaba en un bloque de la Legislatura y cuando se conocieron los hechos inmediatamente se pidió su desvinculación”, explicó.
La semana pasada había trascendido que uno de los detenidos mantenía un vínculo con una empleada que trabajaba en la Cámara. Según esa versión, Acevedo habría consultado a una legisladora opositora sobre la veracidad de la información y, tras recibir una respuesta afirmativa, se habría solicitado el fin de la relación laboral.
De todos modos, la mujer no aparece mencionada en el expediente ni fue vinculada formalmente a la causa judicial. Se trata del segundo nexo político que surge alrededor de la investigación: el primero fue la confirmación de que Rodrigo “Icha” Chávez, uno de los detenidos, había sido candidato a concejal por el Movimiento de Unidad Popular.
Quiénes son los principales involucrados en la causa
Marcos Nacif fue detenido cuando transportaba la droga en una Toyota Hilux. Declaró que Pablo Abraham Pérez lo había contratado para llevar bidones con combustible hasta la entrada de Chicligasta, donde lo esperarían otras personas.
Rodrigo “Icha” Chávez aparece como propietario de la camioneta en la que se trasladó la cocaína. El verdulero y excandidato a concejal de Famaillá aseguró que había entregado el vehículo como forma de pago 15 días antes del secuestro de la droga.
Pablo Abraham Pérez, empresario de la noche famaillense y vinculado a la compra y venta de vehículos, se presentó ante las autoridades luego de que se confirmara una orden de detención en su contra. Según la investigación, habría estacionado en una estación de servicio la camioneta en la que luego se encontró la droga.
Matías Díaz, comerciante relacionado con la compra y venta de vehículos usados, estuvo reunido con Abraham Pérez antes del secuestro. Los investigadores también pusieron la atención sobre bienes registrados a nombre de su esposa.
Enrique Santos Catulo, condenado en el juicio contra el clan Ale por integrar una asociación ilícita, fue detenido por haberse reunido con Abraham Pérez en la estación de servicio. Afirmó que el encuentro fue para cobrar una deuda por la venta de otro vehículo.
Fernando Catulo Chamas, hijo de Enrique Santos Catulo, también está bajo la lupa de los investigadores. Su testimonio podría ser clave para reconstruir los movimientos previos al hallazgo de los 470 kilos de cocaína./Contexto
