No es Libra. No es Andis. Ni tampoco Adorni. El caso judicial que más avanzó sobre el poder libertario en cuanto a medidas que afecten en concreto a los imputados es OSPRERA. Son las siglas de la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina, creada para atender a los afiliados del sindicato de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). La Justicia investiga la intervención de dicha entidad, decretada por la gestión presidencial de Javier Milei.
La tesis es que bajo esa administración temporaria se cometieron varios delitos de corrupción. Fondos multimillonarios que salieron de esa obra social para beneficiar a una empresa sospechada de ser una cáscara vacía. Atención: su principal accionista es Sergio Aguirre, socio formal del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Nada más, ni menos.
Aguirre irá a declaración indagatoria: debe presentarse en los tribunales el próximo 13 de agosto a las 12 del mediodía. Para la Justicia, los interventores de OSPRERA desviaron al menos 260 millones de pesos a cuentas de una firma de Aguirre, llamada HTech Innovation, en supuesta coordinación con otro Menem, «Lule», primo de Martín, y actual subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, al mando de Karina Milei.
El juez que decidió la declaración como imputado a Aguirre es el doctor Sebastián Casanello. El fiscal que lleva la instrucción de esta pesquisa, y que, a modo de metáfora, husmea en los despachos contiguos al que usa Karina Milei, es Guillermo Marijuán. En abril pasado, explicó en un dictamen en el que le pedía a Casanello la indagatoria a Aguirre -junto a la de otros protagonistas de esta historia-, que «Lule» Menem habría tenido una injerencia crucial en la designación de los interventores que firmaron después, y renovaron, el contrato con el que HTech Innovation logró facturar más de 260 millones de pesos con esa compañía que inscribió ante el Estado en abril del 2024. En noviembre facturó por primera vez. A OSPRERA. La primera interventora de la obra social que decidió esa contratación se llama Virginia Montero y había asumido en ese cargo en agosto del 2024. Renunció el 28 de noviembre. Su reemplazo fue Marcelo Petroni, quien renovó el contrato entre la entidad y HTech Innovation.
La firma facturó y facturó solo a esa obra social montos que ascendieron a un total de 262 millones.
Aguirre es socio de Martín Menem desde el 1 de agosto del 2018 en TR Nutrition SRL, dedicada a la fabricación y comercialización de complementos nutricionales. Esa compañía tuvo un crecimiento de éxito pero no extraordinario ni sospechoso. La llegada de los Menem al poder permitió a Aguirre ser absolutamente exitoso y sospechosamente efectivo con HTech Innovation SRL. Tiene un socio llamado Stefano Zanetti.
La declaración indagatoria del socio de Martín Menem y de los interventores de OSPRERA, entre otros imputados más, fue decidida el viernes pasado por el juez Casanello. Se los indagará por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Las pruebas son sólidas. El magistrado decidió entonces que se dicte un embargo de 920 millones sobre los bienes de todos los acusados.
«Debe señalarse que el caso presentado por la fiscalía supone un actuar interesado por parte de quien cumplía funciones públicas y un obrar infiel que generó pérdidas a unos y ganancias indebidas a otros», redactó Casanello en la aceptación de las indagatorias pedidas por Marijuán. Desde abril hasta el viernes, el juzgado de Casanello tomó medidas propias para verificar o solidificar los argumentos ya antes enumerados por el fiscal meses atrás. La determinación de convocar a todos los sospechosos de cometer delitos de corrupción a indagatoria verifica la gravedad de la documentación probatoria recolectada a esta altura de la investigación.
Marijuán había acreditado que los dos interventores que tuvo OSPRERA se comunicaron o visitaron en su despacho a Eduardo «Lule» Menem y también al propio Martín Menem.
«Hola, Edu», saluda el exinterventor de la obra social Petroni, que irá a indagatoria, en un mensaje de WhatsApp a uno de sus contactos habituales: «Me tengo que reunir con Martín y Lule a las 9:30». Ese chat, que consta en el expediente OSPRERA, es del 18 de diciembre del 2024. En otro WhatsApp enviado también por Petroni se lee que el 9 de enero del 2025 tenía una reunión «Con Martín Menem en Casa Rosada». El presidente de la Cámara de Diputados tenía agendado a Petroni en su teléfono con nombre y apellido.
El socio de Martín Menem que le facturó 262 millones a OSPRERA, Aguirre, también recibió mensajes del interventor de esa obra social: «Avisale a Lule» y «Eso lo tienen que saber Martín y Lule«, le chateó Petroni el 20 de enero del 2025. Aguirre, por supuesto, también tenía un vínculo fluido con su socio en TR Nutritional, Martín Menem.
El primo del titular de la Cámara baja, «Lule», funcionario de Karina Milei, recibió en su despacho de la sede de Gobierno tanto a Aguirre como a los exinterventores de la obra social que le dio multimillonarias ganancias al socio de su primo. No solo eso. El propio Aguirre se reunió en Casa Rosada con «Lule» en un encuentro en el que, de acuerdo a los registros enumerados por el fiscal Marijuán, también estuvo presente la exinterventora de OSPRERA Virginia Montero. Menem (Lule) los convocó a su despacho, lindante al de Karina Milei, el 5 de julio del 2024. Extraña coincidencia que para la Justicia no fue generada por el azar: a ese día, HTech Innovation aun no había sido contratada por la obra social de los peones rurales.
En el dictamen en el que pide la indagatoria de los protagonistas de esta historia, Marijuán describe a esa compañía de software y consultoría como «esta sociedad» que «se relacionaría con Martín Menem». Casanello no reprochó nada de aquel escrito. Al contrario, lo avaló y pidió las indagatorias que le había solicitado a la vez Marijuán. Ningún otro expediente por corrupción había avanzado tal como lo hizo el caso OSPRERA hasta tomar una medida formal como la indagatoria a un hombre que, si bien no ocupa un cargo público, es parte del poder libertario en los ámbitos financieros y de vínculos personales, como lo es Sergio Aguirre, el socio en los papeles de Martín Menem.
El fiscal Marijuán fue explícito cuando describió cuál era el punto en común entre los interventores de la obra social de los peones rurales, Virginia Montero y Marcelo Petroni, con el beneficiario de un contrato difícil de explicar por 262 millones de pesos. «Lule» es señalado como quien reunió a todas las partes, para colmo, en su despacho de la Casa de Gobierno. Por ahora, sin embargo, ninguno de los Menem está imputado en este expediente. Los miembros de esa familia mencionados en esta causa afirman no tener nada que ocultar y dejaron trascender que son víctimas de operaciones políticas que nacen por las internas del Gobierno.
Pero los hechos son los hechos. «Lule» Menem convocaba a sus oficinas y hablaba con los interventores de OSPRERA como si tuviera injerencia formal en la intervención de esa obra social. No tenía «firma» como funcionario para influir en las decisiones sobre esta cuestión, pero al parecer, al mismo tiempo, sí cumplía un rol preponderante en toda esta historia. El Menem que preside la Cámara de Diputados tiene un nexo inocultable con quien acaba de ser embargado por la Justicia por haber logrado alzarse con un contrato irregular.
La Justicia determinó que su socio Sergio Aguirre compró un auto de alta gama y realizó otras inversiones ni bien cobró varias de las facturas por pagos de 262 millones de pesos a su empresa HTech Innovation, contratada por la obra social que intervinieron Montero y Petroni, quienes avalaron que sea esa compañía de Aguirre la que realizara una especie de auditoría informática sobre OSPRERA. Ocurre que, tal como mencionó el fiscal Marijuán, y corroboró el juez Casanello, la empresa HTech Innovation debería ser la auditada por las autoridades, y no ser esa firma la que realice diagnósticos sobre organismos sindicales.
La Justicia se tomó el mínimo trabajo de allanar la sede registrada de HTech Innovation. Según la documentación pública, está ubicada en la calle Jorge Newbery 1519, piso 4, en la Capital Federal. Allí funciona otra empresa, llamada Wellmets o System Medicine, que también tiene de accionista a Aguirre. Pero una empresa es una empresa, y otra, es otra. La Justicia desconoce entonces la dirección real de HTech Innovation, si es que existe, debido a que tampoco tiene, o tenía, empleados registrados de modo oficial.
Como se dijo, uno de los socios de Aguirre se llama Stéfano Zanetti, que también declarará en indagatoria frente al juez Casanello, lo mismo que María Mirabelli, directora suplente de la compañía sospechada de ser una cáscara creada solo para facturarle a la obra social de los peones rurales. Mirabelli es la mamá de Aguirre. El socio de Martín Menem.
La Justicia logró encontrar el contrato entre OSPRERA y HTech Innovation en un allanamiento a la sede de la obra social sindical. El papeleo para lograr concretar el negocio que benefició a Aguirre fue veloz. Si no hubiera terminado como terminó, sería destacable la labor burocrática de la primera interventora de la obra social. Ocurre que la firma presenta una oferta de servicios a OSPRERA fechada el 28 de octubre del 2024. La interventora Montero debió ver algo superlativo en la compañía de Aguirre porque al otro día, el 29 de octubre del 2024, redactó un informe interno en el que solicita «de manera urgente» la «contratación de los servicios de consultoría externa en sistemas» de HTech Innovation. Su reemplazante en el cargo, Marcelo Petroni, asumió en ese puesto y también se apuró a firmar la renovación del contrato hoy bajo pesquisa judicial.
Mientras los casos ANDIS, la causa Adorni o Libra se llevan la mayor atención de la opinión pública y los sectores de poder, el expediente OSPRERA avanzó con otras voces, y en otros ámbitos. Las indagatorias ya confirmadas por el juez incluyen a los tres integrantes de la empresa HTech, y a los dos exinterventores de OSPRERA. Después, se verá. La investigación continúa.
El magistrado decidió, como se dijo, embargar en 920 millones a los imputados. Al socio de Martín Menem se le dictó esa medida no solo en sus cuentas bancarias y en acciones financieras, entre otros bienes. También se vieron afectados un BMW X1 XDRIVE y una moto Ducati modelo Scrambler 800 ICON. Sinónimos de velocidad./Clarín
