El fiscal federal Sergio Mola, que investiga por supuesto enriquecimiento ilícito al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y a su exesposa Jesica Cirio, estima que los dólares en bolsas de plástico que se vieron en los videos grabados por Cirio en un vestidor son de la pareja y se los imputará a la hora de tener que justificar sus bienes y pedir nuevamente su declaración indagatoria.
El objetivo de la acusación es determinar por estas horas cuál fue el destino de ese dinero, dónde se encuentra o cómo fue invertido. Las sospechas son que quedó en manos de supuestos testaferros de la pareja, dijeron fuentes judiciales.
Por eso es que Mola pidió al juez federal Luis Armella realizar un entrecruzamiento de llamadas de los teléfonos de Cirio, Insaurralde y el resto de los sospechosos de estar detrás del ocultamiento de los fajos de dinero en efectivo, que se exhibieron por primera vez el 26 de junio pasado.
Los investigadores estiman que los fajos que la modelo grabó con su teléfono en 2023 sumarían unos 10 millones de dólares.
La sola presentación de la fiscalía generó un cúmulo de pedidos de nulidad de las defensas, que se opusieron a que se verifiquen los teléfonos de sus clientes. Alegaron cuestiones de intimidad y violación del debido proceso.
La fiscalía rechazó esos argumentos e insistió en determinar los contactos entre los teléfonos de los sospechosos, su geolocalización, registros de llamadas y duración.
El fiscal quiere especialmente determinar qué pasó entre los sospechosos desde que se conocieron los videos hasta la actualidad. El juez concedió la medida de los cruces telefónicos pero de manera parcial y no incluye ese período de tiempo. Habrá nuevas solicitudes.
La idea es trabajar con los llamados y herramientas tecnológicas que los vinculen con sucesos de la causa. También ahondar en el análisis de la información incorporada al caso, como las 1000 fojas de una causa que llevó el propio juez Armella donde se investigó a la sobrina de Cirio, Priscila Daiana Ferrante, de 33 años y de su expareja Heber Russo.
El fiscal busca reconstruir la trazabilidad de ese dinero, del que no se tiene noticias desde hace tres años. Tratar de ver en qué se invirtió y si hay testaferros que ocultaron esos fondos.
Hacia allí se enderezaron las medidas que pidió el fiscal Mola al juez Armella, que van a poder reconducir los pedidos para prestar declaración indagatoria de los sospechosos de siempre y de nuevos sospechosos.
Heber Russo, expareja de Ferrante, está acusado de montar una usina de facturas truchas, que entre sus clientes tenía a la Municipalidad de Lomas de Zamora: una rareza que un organismo público tuviera que recurrir a estas prácticas para simular gastos, excepto que se busque justificar el desvío de fondos.
Russo y Ferrante tienen cientos de fotos junto a Insaurralde y Cirio: eran compañeros de salidas y hasta se menciona que fue la sobrina la que presentó a la tía con el exintendente de Lomas de Zamora.
El juez federal Armella dispuso la apertura de un incidente reservado dentro del expediente y ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Ferrante para reconstruir su evolución patrimonial entre 2014 y 2017.
La medida se activó tras la aparición de un video −distinto de los que protagonizó Cirio− en el que se observa a una mujer junto a fajos de dólares.
Los requerimientos de Armella fueron enviados a la ARCA, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera, el Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro Automotor. Se busca conocer bienes, movimientos bancarios, sociedades y eventuales reportes de operaciones sospechosas vinculados a su nombre. El entrecruzamiento de esa información financiera apunta a establecer el origen de los fondos con los que Ferrante financió su nivel de vida.
La hipótesis judicial contempla dos alternativas: que los activos bajo sospecha pertenezcan a la estructura patrimonial de Cirio, o que guarden relación con Heber Russo, expareja de Ferrante y acusado de ser uno de los mayores operadores de facturas apócrifas del país.
Russo espera un juicio oral demorado en los tribunales federales de La Plata.
Ferrante estaría vinculada con 77 propiedades distribuidas en Puerto Madero y Miami; más de 200 vehículos entre autos, camiones, motocicletas y embarcaciones; joyas y dinero en efectivo.
Entre los bienes puntuales figuran un departamento en Alicia Moreau de Justo al 1800, en Puerto Madero; una unidad en el edificio Los Silos, en Palermo; inmuebles en los barrios privados San Jorge Village, de Escobar; autos BMW y Mercedes-Benz; camionetas Volkswagen Amarok, Ford Ranger y Toyota Hilux, y una lancha. Según la investigación, parte de ese patrimonio fue atribuido en su momento a Russo.
También se la investiga por una mansión de casi 750 metros cuadrados en Banfield Oeste, con ocho ambientes, cinco baños, piscina, quincho y una habitación de seguridad.
La propiedad figura inscripta a nombre de Ferrante y de su padre, pero la Justicia intenta determinar si en realidad fue adquirida por Insaurralde por un valor cercano a 1,8 millones de dólares.
Ferrante es hija de Verónica Mestre, media hermana de Cirio. Mantiene desde hace años una relación de estrecha confianza con la conductora. Fue investigada en la causa contra Russo, pero resultó sobreseída. La Justicia concluyó que el único bien registrado a su nombre era un automóvil que había recibido como regalo de su pareja. Pero ahora el fiscal volvió a poner la lupa sobre el patrimonio de la mujer.
Ariel Heber Russo está acusado de encabezar junto a Claudio Gómez una organización que operaba un centenar de usinas de facturas apócrifas que sirvieron para que unos 3500 contribuyentes evadieran al fisco.
Entre los beneficiarios se contaron una docena de sindicatos, cinco municipios, escuderías de Turismo Carretera y organismos públicos. El perjuicio a la entonces AFIP se calculó en 5000 millones de pesos, mediante la evasión de IVA, Ganancias y salidas no documentadas.
La mecánica era que las usinas tenían como titulares a personas indigentes reclutadas por un policía federal −apartado de la fuerza− que les pagaba entre 5000 y 10.000 pesos por prestar el nombre.
Russo se encargaba de montar a nombre de esas personas sin capacidad económica las sociedades desde las que se facturaban trabajos nunca realizados. La asociación ilícita estaba integrada por 16 personas, incluidos funcionarios de la ex-Afip.
Se le atribuye una maniobra de facturación apócrifa por casi 200 millones de dólares, el ocultamiento de activos mediante presuntos testaferros y propiedades en el exterior, y negocios con la Municipalidad de Lomas de Zamora durante la gestión de Insaurralde.
Testigos e imputados de esa causa señalaron, además, al propio Russo como presunto testaferro del exintendente, con ramificaciones que en su momento alcanzaron a otros dirigentes del peronismo bonaerense.
El expediente se dividió en tramos y el primero fue remitido a los tribunales federales de La Plata, donde 28 acusados deben afrontar un juicio oral que se demora: hubo dos intentos frustrados de evitarlo −primero mediante probations, después con un juicio abreviado− y persiste una disputa sobre qué tribunal debe hacerse cargo del debate. Russo, que estuvo un año prófugo y pasó una temporada en el penal de Ezeiza, espera.
Mola pidió las detenciones de Insaurralde y Cirio por riesgo de fuga y entorpecimiento; Armella las rechazó y se limitó a prohibirles la salida del país, extendiendo la restricción a dos hijos del exintendente, a Sofía Clerici y a otros dos imputados. La defensa de Insaurralde, mientras tanto, recusó al fiscal, al que acusa de hostilidad, persecución y de exponer mediáticamente el expediente.
Este lunes se resolverá este asunto, mientras que el viernes 17 de julio debe entregarse la pericia contable de 75 puntos que determinará si Insaurralde, Cirio y el resto de los acusados pueden justificar su patrimonio.
