Un pedido de informe en la Legislatura provincial reavivó la discusión sobre la legalidad de más de un centenar de radares en rutas nacionales que atraviesan Santa Fe, un conflicto que crece desde mayo y ya generó cruces públicos entre la Provincia y Vialidad Nacional.
La diputada Silvia Malfesi, del bloque Somos Vida – Partido Libertario, pidió al Gobierno de Maximiliano Pullaro que detalle la cantidad y ubicación de los radares en rutas nacionales, cuáles tienen autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y cuánto se recaudó en los últimos dos años con los dispositivos cuestionados.
También reclamó precisiones sobre el criterio jurídico que aplicará el Ejecutivo si se confirman las irregularidades y qué rol tienen las empresas privadas que operan los equipos. Como caso testigo citó el radar de la ruta nacional 168, en el área metropolitana de la capital provincial.
El planteo se apoya en un relevamiento de Vialidad Nacional que detectó más de 100 cinemómetros activos en corredores nacionales santafesinos sin los permisos exigidos por la normativa vigente.
Días antes, el concejal Pablo Mussio, de La Libertad Avanza, había denunciado 107 radares en esa situación, entre ellos los de la circunvalación de Rosario, y comparó la cifra con la de otras provincias, muy por debajo del total local.
Según Mussio, Vialidad Nacional ya intimó a municipios y a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) para que cesen el funcionamiento de los equipos no autorizados.
El antecedente más concreto data de noviembre de 2025, cuando la Dirección Nacional de Vialidad confirmó por escrito que nunca autorizó el radar de la ruta 168, en Colastiné Sur, tras un reclamo de la abogada Patricia Almirall. Pese a la intimación, el dispositivo sigue activo y las multas se siguen emitiendo.
Desde la Provincia, el secretario de la APSV, Carlos Torres, rechazó los cuestionamientos y sostuvo que Santa Fe se reservó el derecho a controlar velocidades en rutas nacionales y provinciales sin autorización nacional. En mayo, un dictamen de la Fiscalía de Estado, a cargo de Domingo Rondina, había recomendado una revisión integral del sistema, en el marco de un convenio de 2020 que establece que la ubicación de los radares debe acordarse entre Nación y Provincia.
De confirmarse las irregularidades, las multas podrían ser declaradas nulas.
