Hablar de la muerte incomoda. Y en ese silencio que suele rodearla también quedan ocultas las historias de quienes atraviesan enfermedades irreversibles, con un sufrimiento que no responde a tratamientos y escapa de cualquier control. Frente a esta realidad, algunas personas piden poder decidir cuándo y cómo dejar de sufrir.
La eutanasia y el suicidio asistido generan controversia y dividen opiniones en todo el mundo. Pero, mientras cada vez más países avanzan en su legalización y regulación, en el Congreso de la Nación Argentina ya se presentaron al menos cinco proyectos de ley que ni siquiera han sido debatidos.
Francia fue el último país en sumarse. Días atrás, aprobó la ley de eutanasia y suicidio asistido para personas adultas con enfermedades incurables y sufrimientos graves.
Tras conocerse la noticia, el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, insistió en la necesidad de que se trate el proyecto de muerte digna y pidió un «debate civilizatorio».
«Garantizar una muerte digna no es promover la muerte; es humanizar el final de la vida cuando la medicina ya no puede curar y solo queda el dolor irreversible», expresó Montero en su cuenta de X.
«Cuando hablamos de eutanasia o de muerte digna en realidad no estamos discutiendo la muerte, estamos discutiendo la libertad. Porque sería un ejercicio de libertad y de autodeterminación sobre nuestro propio cuerpo y sobre cómo queremos transitar la última etapa de nuestra vida cuando estamos frente a procesos de enfermedad», expresó Graciela Zakalik, terapista clínica y especialista en cuidados paliativos.
La especialista sostuvo que es importante instalar el tema en la agenda pública.
Según explicó, el temor a hablar de la muerte hace que muchas personas no lleguen a expresar cómo desean atravesar el final de su vida ni qué decisiones querrían tomar en esa etapa.
Argentina no cuenta con una legislación que regule la eutanasia y suicidio asistido, a pesar de que en los últimos años se han presentado al menos cinco proyectos de ley en el Congreso. Uno de ellos fue impulsado en 2021 por el gobernador Alfredo Cornejo y la actual ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.
Zakalik aseguró que, en caso de tener una ley que autorice la eutanasia, se trataría de una práctica «muy bien regulada». Tomando como referencia los procedimientos que se vigentes en otros países, la terapista detalló cómo sería el proceso.
Primero, la persona que desee recibir la eutanasia o el suicidio asistido deberá hacer la solicitud. Luego, esto se discutirá en una comisión que decidirá si aceptar o no el pedido. De ser positivo, se le da a la persona un espacio de reflexión previo al procedimiento.
En la eutanasia, es el profesional de la salud quien interviene directamente para finalizar con la vida del paciente. En cambio, en el suicidio asistido, el personal médico brinda los medios necesarios para que sea la propia persona quien realice el acto.
«Suicidio asistido es proveerle a aquel paciente que solicitó la práctica una sustancia letal que él se la va a auto administrar. Si el paciente no puede auto administrarse la sustancia, esto será administrado por un médico y por personal de enfermería», explicó la especialista en cuidados paliativos.
Un estudio publicado por «The Conversation», realizado junto a un equipo internacional de investigadores, analizó el papel que desempeñan las distintas enfermedades en la eutanasia. La investigación se basó en datos públicos de 20 jurisdicciones de ocho países entre 1999 y 2023.
La mayor cantidad de solicitudes de eutanasia o suicidio asistido fue de personas que padecían cáncer, que representó el 66,5% de los casos. Las dolencias neurológicas fueron las segundas más comunes (8,1%), seguidas de las cardíacas (6,8%) y las pulmonares (4,9%).
Los investigadores también evaluaron qué proporción de personas con cada enfermedad había recibido eutanasia. Las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) presentaron la tasa más alta, con una proporción casi siete veces mayor a los pacientes oncológicos.
En conclusión, el estudio señala que, a nivel mundial, el cáncer y la ELA son las principales enfermedades asociadas al acceso a la eutanasia. Entre los motivos de solicitud más frecuentes aparecen la pérdida de la autonomía, de la dignidad o de la capacidad de hacer cosas que las personas consideran significativas.
En Argentina, la eutanasia es ilegal y está penalizada. La práctica se encuadra en los delitos de homicidio simple o agravado según el Código Penal. Sin embargo, existen directivas médicas que pueden expresar los pacientes para rechazar tratamientos médicos en determinadas circunstancias.
La Ley 26.742, conocida como la Ley de Muerte Digna, establece que ante situaciones de enfermedades avanzadas incurables, el paciente puede tomar la decisión de no recibir distintos tipos de tratamiento médico o de soporte vital – como alimentación e hidratación – que prolonguen el sufrimiento.
Para que esto suceda, el paciente debe dejar su deseo por escrito o, en última instancia, también puede tomar la decisión el familiar que legalmente cuente con la potestad.
A diferencia de la eutanasia o el suicidio asistido, esta normativa no provoca ni acelera la muerte, sino que permite que el proceso natural ocurra sin extender la agonía.
Los primeros en legalizar la eutanasia fueron Países Bajos y Bélgica. La práctica entró en vigencia en 2002 y es legal si la persona atraviesa un «sufrimientos insoportable e interminable» por una enfermedad incurable. Se autoriza a partir de los 12 años, con consentimiento de los padres y bajo evaluación psicológica.
En 2009 se legalizó la eutanasia en Luxemburgo en pacientes con enfermedades incurables. El paciente debe ser adulto y tener plena capacidad legal para decidir. Se requiere la aprobación de dos médicos y de un panel de expertos.
En Canadá, la eutanasia se conoce como Asistencia Médica para Morir (MAID) y es legal desde 2016. La enfermedad no necesariamente debe ser terminal, es necesario ser mayor de edad, y contar con la autorización de dos médicos y el testimonio de dos testigos independientes.
La eutanasia legal está regulada en España desde 2021 en caso de enfermedades graves, incurables o padecimientos crónicos. Especialistas médicos evalúan el caso y se analizan los informes antes de dar el visto bueno.
En Nueva Zelanda la eutanasia también entró en vigencia en 2021. Se requiere ser mayor de edad y estar en pleno uso de las facultades mentales. Al menos dos médicos independientes evalúan el caso para dar el veredicto. En este país la ley prohíbe aprobar la muerte asistida basándose únicamente en trastornos de salud mental o edad avanzada sin enfermedad terminal. En tanto, por la objeción de conciencia los profesionales de la salud pueden negarse a participar del procedimiento.
En América Latina, Colombia fue pionera tras despenalizar la eutanasia en 1997 y reglamentarla en el sistema de salud desde 2015. Desde 2021 eliminar el requisito de estar en fase terminal y se permite el procedimiento en personas con enfermedades graves e incurables que generen sufrimiento. Ecuador es otro de los países en donde la eutanasia está despenalizada desde 2024.
Uruguay es uno de los últimos países en aprobar el proceso, legislado desde octubre de 2025. Se requiere el visto bueno de dos médicos y un panel de expertos que autoricen el caso.
El caso más reciente es el de Francia, donde se aprobó a mediados de julio la ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido.
En otras regiones la eutanasia no es legal, pero sí lo es el suicidio asistido: Austria, el estado de Victoria en Australia y 10 estados de Estados Unidos.
