“Argentina no es esa mujer de bellas formas, esbeltas y clásicas, con que se la dibuja, sino un enano macrocefálico, con una cabeza gigantesca y enferma —el área metropolitana de Buenos Aires— y extremidades raquíticas: el interior del país”. La imagen, tomada de Félix Luna, la repitió el constitucionalista Antonio María Hernández en el ciclo de streaming “Repensar Argentina”, de Puente TV, consultado sobre si la Argentina es realmente un país federal.
La pregunta llega en un momento oportuno: el Gobierno de Córdoba y la Nación avanzan en un acuerdo que incluye el traspaso definitivo de la Ruta Nacional 19 y una compensación de deudas por 400 mil millones de pesos, un nuevo capítulo de esa negociación puntual, provincia por provincia, que reemplaza desde hace años al reparto federal que manda la Constitución.
Pocas voces reúnen la autoridad de Hernández para desarmar esa pregunta: Doctor Honoris Causa por tres universidades de México, Perú y Argentina, exconvencional constituyente y legislador en los tres niveles estatales, fue candidato a la vicepresidencia por la UCR en 1995 y hoy director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba.
Sin rodeos, enumeró tres problemas culturales detrás de la baja calidad institucional argentina. Primero, mencionó una cultura constitucional muy deficiente: en tres encuestas de 2004, 2014 y 2023, realizadas a instancias de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, que presidiera Hernández, con el politólogo Daniel Zovatto y los sociólogos Manuel Mora y Araujo y Eduardo Fidanza, más del 80 % de los entrevistados afirmaron que no se cumplen la Constitución y las leyes, y más del 70% que conocen poco o nada de la Constitución y que no hay igualdad ante la ley. En segundo lugar, el problema de la violencia. Y, por último, la corrupción, “ya que en la Justicia una causa por corrupción tarda en promedio 14 años en resolverse”, denunció.
Para Hernández, “en Argentina rigen la corrupción y la impunidad”, lo que golpea a la democracia. Las encuestas ubican a nuestro país entre los que más respaldan el sistema democrático, pero “hace décadas que no hay educación cívica y ya no hacen falta golpes de Estado clásicos, sino que alcanza con los golpes sistemáticos contra las instituciones”. Habló de hiperpresidencialismo, de una división de poderes que “funciona muy mal”, de un Congreso que no ejercita sus competencias y fue categórico con un dato: “Es impactante la cantidad de decretos de necesidad y urgencia. Son muchos más que las leyes sancionadas”.
Ahí conecta con su otra obsesión: la formación de dirigentes. “Demócrata no se nace, se hace”, expresó. Y, como ejemplo, citó a Raúl Alfonsín, quien fue concejal en Chascomús antes de diputado provincial y nacional, luego presidente de la Nación y senador nacional: “No te puedes hacer político de la noche a la mañana”, advirtió, con la vista puesta en una dirigencia actual que, dijo, “saltea etapas”.
Hernández fue vicepresidente de la Comisión Redactora de la Reforma Constitucional de 1994, a la que definió como la más legítima y democrática de la historia: 305 convencionales y 19 bloques políticos, con plena vigencia de la democracia. En materia federal ponderó la creación de cuatro órdenes de gobierno —Nación, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios autónomos— y de un Senado por fin electo directamente por el pueblo. Se refirió también a las intervenciones federales, que desde entonces sólo puede disponer el Congreso. Y, en el capítulo financiero, destacó la coparticipación como la gran asignatura pendiente.
“Me ilusioné —confesó— cuando este mismo Gobierno dio a conocer el Pacto de Mayo y en su punto 5° prometió sancionar la Ley Convenio de Coparticipación para evitar la presión sobre los gobernadores”. Pero la ilusión no duró. “El propio Ejecutivo ha seguido ejercitando esa práctica hasta ahora. Olvidaron absolutamente lo que escribieron”, disparó Hernández. Insistió en que la ley convenio es indispensable para cumplir el artículo 75 inciso 2 de la Constitución y tener auténticas finanzas federales y aseguró que es falso que haga falta la unanimidad de las legislaturas provinciales para aprobarla, tal como lo expresó el miembro informante en la Convención, Rubén Marín. Como muestra de la desigualdad que produce no tenerla, contrastó a Neuquén, hoy la provincia más rica, con Formosa y Santiago del Estero, las más pobres: “Vamos a una Argentina mucho más desigual”, porque las inversiones que se anuncian sólo beneficiarán a algunas provincias cordilleranas.
De ahí la imagen del enano macrocefálico: en ese esquema, manifestó, “ningún gobernador, ni siquiera el más poderoso, puede sentarse a dialogar mano a mano con el poder central”. Y, por eso, entre las 20 propuestas que ha presentado para fortalecer el federalismo, se encuentra la de una Asociación o Conferencia Nacional de Gobernadores para discutir una agenda federal, regional y provincial.
El dato no es menor: esa asimetría tiene también solución, pendiente desde 1994, en la regionalización del artículo 124 —del que redactó el tratado fundacional de la Región Centro—, ya que todavía ni la provincia de Buenos Aires ni la Ciudad Autónoma resolvieron nunca sobre su inserción regional. Por eso también ha propuesto hacer realidad el federalismo de concertación con una planificación federal, que tenga la participación de todos los órdenes gubernamentales. Y finalmente, insistió en una idea que roza la provocación: trasladar la Capital Federal, como hicieron Estados Unidos, Suiza o Brasil. “Hay que hacerlo ya y a donde sea”, remató.
El streaming tuvo, además, su capítulo de estricta actualidad y mostró otra cara de cómo se vincula hoy el poder central con las provincias: no ya por acuerdo, sino por imposición. Hernández contó que representa como abogado a Tierra del Fuego, después de que el gobierno de Javier Milei interviniera, por resolución de un director nacional, el puerto de Ushuaia, con fecha 20 de enero de este año. “Llegó la Gendarmería, no dejaron entrar a los empleados provinciales y el cobro de los servicios portuarios pasó a manos de la Nación, en lugar de la provincia. No tiene precedentes en la historia argentina”, sostuvo, y contó que hoy defiende el caso ante la Corte Suprema.
A eso sumó un dato con eco directo en Córdoba: según Hernández, en la reciente reunión que mantuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su par cordobés, Manuel Calvo, no solo se trató la voluntad de trabajar colaborativamente y la agenda habitual de reclamos, sino también el pedido de apoyo provincial del Gobierno nacional con vistas a eliminar las PASO; algo que calificó sin matices: “Sería otro enorme retroceso”.
La negociación entre Córdoba y la Nación podrá resolver una deuda, destrabar una obra o aliviar las cuentas provinciales. Pero, para Hernández, no modifica el problema de fondo: un país que sigue funcionando más por acuerdos circunstanciales que por las reglas permanentes que fija la Constitución. Mientras eso no cambie, el federalismo seguirá siendo más una promesa que una realidad.
