La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ordenó poner fin a la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA).
Se impuso un plazo de 60 días corridos para conformar su Directorio colegiado, pero el Gobierno de la Provincia de Tucumán interpuso un recurso extraordinario de casación.
El Gobierno le solicita que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revoque el pronunciamiento que acogió parcialmente el amparo promovido por propietarios de locales de entretenimiento, que vienen hace un tiempo denunciando todo tipo de atropellos por parte del IPLA.
El Gobierno entiende que la Justicia le reconoció indebidamente la legitimación de los demandantes y que además se excedió en sus facultades al incurrir en potestades que son propias del poder administrativo que ejerce el Poder Ejecutivo.
La presentación cuestiona que tengan los particulares un derecho subjetivo afectado y por ende derecho a discutir judicialmente el organigrama estatal. Además, argumenta: “La sentencia debió explicar, y no lo hizo, cuál era el derecho constitucional individual de los accionantes que resultaba afectado por el hecho de que el IPLA se encontrara gobernado por un interventor y no por el Directorio previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 7.243”.
La intervención de organismos en Tucumán tiene décadas y en su momento el ex legislador del PRO Alberto Colombres Garmendia, había presentado un proyecto de ley para que se normalicen todos los entes intervenidos. el oficialismo quiere tener el control sobre los mismos y su accionar, pretende poner los interventores y no normalizarlos.
Para el Gobierno los denunciantes no demostraron que hayan sufrido la vulneración de algún derecho ni que hayan sido afectados por el accionar el IPLA. En las redes sociales muchos videos muestran palmariamente que los operativos son excesivos y violentos.
Al Gobierno se le hace difícil por no decir imposible explicar por qué muchos entes y organismos siguen intervenidos, y no funcionan como lo establecen las leyes y reglamentos sobre la materia. Una intervención es un hecho extremo que se decide para normalizar algo que funciona inadecuadamente, pero no es un estado natural.
