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El Gobierno impulsa el crédito para mover la actividad

Durante las últimas semanas, el Gobierno tomó otras dos decisiones que los economistas ubican dentro de la misma lógica.

Por un lado, flexibilizó el acceso de empresas no exportadoras al crédito en dólares y anunció $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para fondear nuevos préstamos hipotecarios.

La primera medida permite ampliar las fuentes de financiamiento empresarial y, al mismo tiempo, puede aumentar la oferta de divisas porque los dólares prestados deben liquidarse en el mercado cambiario.

Sin embargo, también incorpora el riesgo de que una compañía se endeude en una moneda diferente de aquella en la que genera sus ingresos.

El segundo instrumento busca ampliar la oferta hipotecaria mediante fondos públicos de largo plazo y generar un efecto sobre vivienda, construcción y demanda.

Y es en este punto donde aparecen algunos elogios poco habituales, aunque acompañados por reparos importantes.

Los créditos son una medida “en la dirección correcta” pero ¿no alcanza?

Banco Provincia considera que utilizar fondos públicos de largo plazo para ampliar el mercado hipotecario “puede ser una política en la dirección correcta” y señala que existen experiencias de este tipo en otros países de la región.

La objeción está en la magnitud. Los $2 billones representan alrededor de 0,2% del PBI, por lo que el informe considera que sería necesario aumentar la escala para conseguir un impacto significativo sobre la economía real.

Suramericana llega a una conclusión parecida desde otro ángulo. La consultora considera que los hipotecarios y las nuevas posibilidades de financiamiento empresarial “pueden tener un impacto positivo en la actividad inmobiliaria y de construcción en segmentos específicos”, aunque también califica como “muy limitado” su potencial impacto macroeconómico.

Los cuestionamientos no están necesariamente concentrados en la dirección de algunas de las nuevas herramientas, sino en si su tamaño alcanza para modificar el escenario general.

El plan económico del Gobierno de Javier Milei comenzó a mostrar durante agosto algunas señales de diferenciación respecto del camino que lo trajo desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.

La estabilidad cambiaria y la desaceleración de la inflación siguen ocupando un lugar central, pero la actividad, las tasas de interés y el acceso al crédito empiezan a ganar terreno entre las prioridades.

La lectura aparece, con matices, en informes económicos conocidos durante los últimos días que no responden a usinas liberales y que ponderan -disimuladamente- el cambio.