El fiscal general ante la Cámara de Casación, Mario Villar, presentó hoy un recurso extraordinario federal para intentar revertir la decisión que ordenó trasladar a la Justicia Federal de Campana la causa por la mansión de Pilar, una investigación por presunto lavado de activos que podría salpicar a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino(AFA).
Villar considera “arbitraria” la resolución de la Cámara de Casación y sostiene que, si el expediente debe tramitar en la Justicia Federal porque se investiga un presunto delito de lavado de dinero, debería regresar al juzgado federal de Daniel Rafecas, en Comodoro Py, que ya había intervenido en la causa. Si Casación rechaza el planteo, el fiscal recurrirá en queja directamente ante la Corte Suprema.
La causa investiga el origen y el circuito del dinero utilizado para comprar una mansión de Pilar valuada en US$20 millones, donde fueron encontrados 54 vehículos de alta gama. La propiedad figura a nombre de Real Central SRL, cuyos propietarios son Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
El traslado del expediente a Campana había sido reclamado por las defensas de Pantano y Conte. El argumento fue que la competencia territorial debía estar determinada por el lugar donde se encuentra la propiedad investigada.
La Cámara de Casación, sin embargo, resolvió la cuestión desde el punto de vista de la competencia material: entendió que, al tratarse de una investigación por presunto lavado de activos, correspondía que interviniera la Justicia Federal.
Por ese motivo, el tribunal ordenó que el expediente fuera enviado a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para su posterior remisión al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
Villar sostiene que el criterio utilizado para sacar la causa del fuero Penal Económico debería llevar a otra conclusión. Si el fundamento es que el lavado de dinero constituye un delito federal, plantea que el expediente debería regresar a Rafecas, en Comodoro Py, y no ser enviado a Campana.
El fiscal ya había planteado que la investigación no estaba limitada a la compra de la mansión ubicada en Pilar, sino que desde el comienzo analizaba una presunta maniobra de lavado de activos de mayor escala.
En ese sentido, había señalado que Real Central SRL tiene su sede social en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que su antecesora, Central Park Drinks SRL. También había remarcado que la escritura de compraventa de la propiedad fue firmada en un domicilio porteño.
Villar había mencionado además distintos puntos de la Ciudad que, de acuerdo con la hipótesis investigada, estarían vinculados con el circuito de fondos bajo análisis. Entre ellos figuran financieras de la avenida Corrientes, un estudio jurídico de la calle Lavalle relacionado con Juan Pablo Beacon y la facturación de Recomi SA. También había señalado un domicilio ubicado en Montevideo y Quintana como el lugar donde presuntamente se habría entregado dinero en efectivo.
El planteo del fiscal pone así el foco en el origen del dinero con el que se adquirió la mansión y no únicamente en el lugar donde está ubicada la propiedad. Según la hipótesis que se investiga, esos fondos podrían provenir de maniobras espurias vinculadas con la AFA.
El recurso extraordinario federal presentado este lunes tiene además otro eje: Villar cuestiona una supuesta contradicción entre decisiones anteriores de la Cámara de Casación y la resolución que finalmente dispuso el traslado.
Según el planteo del fiscal, en mayo el tribunal había advertido que no correspondía sacar el expediente de la jueza en lo Penal Económico María Eugenia Straccia. En aquella oportunidad, incluso, se había sostenido que abrir una contienda de competencia podía atentar contra la celeridad procesal.
Ahora, en cambio, la causa fue apartada de ese juzgado y enviada hacia la Justicia Federal de Campana. Para Villar, ese cambio constituye otro elemento que permite sostener la existencia de una “arbitrariedad” en la resolución cuestionada.
Uno de los jueces señalados por el fiscal, Mariano Borinsky, rechazó que haya modificado su posición. Según explicó, en su primera intervención no había habilitado la discusión planteada por Villar porque entendía que se trataba de una cuestión de trámite que no era federal. En aquella instancia, afirmó, había validado a la Cámara de San Martín y a Campana.
En su segunda intervención, explicó Borinsky, se habilitó en cambio un planteo constitucional relacionado con cuál debía ser el juez natural que continuara con la investigación.
“El delito de lavado de dinero, cuando solo se investiga ese posible delito, es federal, nunca es competente lo Penal y Económico”, afirmó el magistrado. Según Borinsky, los tres integrantes de la Sala coincidieron en que el delito investigado era federal.
El juez también explicó por qué el expediente no regresó a Rafecas. “Las cuestiones de competencia son entre dos, teníamos dos opciones, no había una tercera. Rafecas nunca reclamó el caso”, sostuvo.
Ahora, la Cámara de Casación deberá decidir si admite el recurso extraordinario federal presentado por Villar. Si lo considera admisible, la causa quedará frenada hasta que se resuelva la cuestión de competencia.
En caso de que el tribunal rechace el recurso, Villar podrá recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esta manera, la disputa sobre qué juez debe investigar la causa por la mansión de Pilar podría terminar en el máximo tribunal.
Mientras tanto, el expediente continúa bajo análisis por el presunto lavado de activos relacionado con la adquisición de la propiedad. Según la información disponible, Pantano y Conte no explicaron cómo hicieron para comprar una mansión valuada en US$20 millones.
