La polémica desatada en la Legislatura de Tucumán entre el oficialista Tomás Cobos y el opositor Ricardo Bussi sumó un nuevo capítulo. El presidente de Fuerza Republicana presentó una cuestión de privilegio para solicitar sanciones contra el legislador peronista, al que acusó de haber vulnerado su inmunidad parlamentaria e incitado a un enfrentamiento físico durante una sesión. En paralelo, el vicegobernador Miguel Acevedo rechazó de manera categórica las versiones sobre la supuesta entrega de “bolsos” en la Presidencia de la Cámara o en la Casa de Gobierno.
El planteo de Bussi fue elevado a la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, presidida por Carolina Vargas Aignasse. En su presentación sostuvo que Cobos violó la inmunidad de opinión consagrada en el artículo 62 de la Constitución de Tucumán y cometió una falta grave contra el orden y la dignidad del Poder Legislativo.
Según el dirigente opositor, las acusaciones formuladas por el legislador oficialista constituyeron una imputación de conductas delictivas sin respaldo probatorio. Además, afirmó que, tras el intercambio verbal en el recinto, Cobos abandonó su banca, realizó gestos intimidatorios y lo invitó a salir del recinto para continuar la discusión.
Bussi explicó que su respuesta durante el debate había sido irónica y que únicamente buscaba exigir precisiones sobre las denuncias formuladas en su contra. En cambio, atribuyó a Cobos una actitud destinada a trasladar la discusión política al plano de la confrontación física, recordando además que el legislador oficialista ratificó posteriormente sus expresiones en declaraciones periodísticas.
En ese contexto, solicitó que se apliquen las sanciones previstas en los artículos 130 y 132 del Reglamento Interno de la Legislatura y que se haga uso de las facultades disciplinarias contempladas en el artículo 58 de la Constitución provincial. También pidió que Cobos sea apartado del tratamiento de la cuestión de privilegio dentro de la comisión que integra, al considerar que el episodio deterioró el funcionamiento institucional y afectó la imagen pública del cuerpo legislativo.
El conflicto se originó durante la sesión del miércoles 26 de agosto, cuando la Cámara ratificó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 3/1), mediante el cual fue designado Eduardo Cobos, padre del legislador oficialista, como interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept).
Durante el debate, Bussi cuestionó la actuación del flamante interventor y aseguró que, durante su paso por la Defensoría del Pueblo, habría utilizado recursos del organismo para favorecer la campaña política de su hijo.
La respuesta de Tomás Cobos fue inmediata. Rechazó las acusaciones y contraatacó afirmando que dirigentes de la oposición eran los primeros en concurrir a la Presidencia de la Legislatura o a la Casa de Gobierno para solicitar «bolsos». Esa expresión motivó una nueva réplica de Bussi, quien sostuvo que el oficialista «merece por lo menos un chirlo» del presidente de la Cámara por formular acusaciones de semejante gravedad sin pruebas.
Finalizada la votación, Cobos cruzó el recinto en dirección a la banca del líder republicano e incluso lo invitó a salir al exterior del edificio. «¡Me está amenazando!», exclamó Bussi en ese momento.
Consultado sobre el episodio, el vicegobernador Miguel Acevedo aclaró que no presidía la sesión —función que estuvo a cargo de Sergio Mansilla—, aunque confirmó que el caso será analizado por los mecanismos administrativos correspondientes porque situaciones de esa naturaleza no representan el funcionamiento institucional que pretende la Legislatura.
Respecto de las denuncias sobre supuestos retiros de bolsos desde la Presidencia del cuerpo o la Casa de Gobierno, Acevedo fue categórico. Aseguró que no tiene constancia de hechos de esa naturaleza, negó que durante su gestión se hayan producido esas maniobras y afirmó que nadie retiró elementos de esas características.
Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo señaló que se encontraba en Buenos Aires cuando ocurrió el incidente y sostuvo que únicamente conocía lo sucedido por las publicaciones periodísticas, razón por la cual evitó emitir una opinión sobre el fondo del conflicto.
El vicepresidente segundo de la Cámara, Alfredo Toscano, advirtió que episodios de estas características no deben repetirse y remarcó que cualquier legislador que considere tener pruebas sobre la comisión de un delito debe recurrir a la Justicia y no limitarse a formular acusaciones durante el debate parlamentario.
En el mismo sentido se expresó el legislador Agustín Romano Norri, quien consideró que el episodio perjudica la imagen institucional de la Legislatura. Si bien calificó de desafortunadas las afirmaciones de Cobos sobre los supuestos bolsos, sostuvo que ningún desacuerdo político justifica amenazas o agresiones físicas y opinó que, de existir indicios de un delito, corresponde que intervenga la Justicia.
También el ex defensor del Pueblo Fernando Juri Debo lamentó el enfrentamiento y consideró que la conducción de la Cámara debería adoptar medidas frente a lo ocurrido. A su criterio, si existen versiones sobre hechos irregulares deben ser esclarecidas, aunque remarcó que nunca observó personalmente el retiro de bolsos al que hizo referencia Cobos. Además, atribuyó parte del conflicto a la inexperiencia política del legislador oficialista frente a la experiencia parlamentaria de Bussi.
El apoderado de La Libertad Avanza en Tucumán, Matías Sabaté, calificó la situación como de extrema gravedad y sostuvo que las acusaciones afectan la imagen institucional de la provincia. Consideró que, si algún legislador posee información sobre un posible delito, tiene la obligación de denunciarlo formalmente, al tiempo que opinó que la Justicia debería evaluar una investigación de oficio para determinar si existen elementos que respalden las denuncias formuladas durante el debate legislativo./Contexto
