“Tenía seis años y no sabía explicar qué me pasaba. Crecía en una familia que, recuerdo, me quería y brindaba todo lo necesario. Pero cuando miraba a mi madre, sentía que algo no cerraba. Había una voz dentro de mí que me decía que ella no era mi mamá”. Eso contó Olivia Maurel -hace unos días- ante un auditorio lleno, en un salón del Congreso de la Nación.
Tres décadas después de ese recuerdo, Olivia es una incansable militante internacional contra la legislación que facilita la maternidad subrogada.
Maurel nació en 1991 en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, mediante una subrogación tradicional: la mujer que la gestó también aportó el óvulo. Hoy, esta experta en derecho, casada y madre de tres hijos, es la vocera de la “Declaración de Casablanca”, una organización integrada por expertos de distintos países cuyo foco es promover la abolición de la gestación subrogada.
Para eso vino a Buenos Aires, donde realizó varias actividades de divulgación en el Hospital Universitario Austral, en la Facultad de Derecho de la UBA, en la Legislatura porteña y el Congreso de la Nación, donde fue invitada a exponer por legisladores de La Libertad Avanza.
“Fui diseñada por contrato para ser separada de mi madre al nacer”, resumió ante el público. Su relato generó impacto: “Durante mi infancia sufría un intenso temor al abandono y en la adolescencia tuve problemas de identidad, consumo de drogas y alcohol e intentos de suicidio”.
A los 17 años comenzó a investigar por su cuenta hasta llegar a la conclusión de que había nacido mediante subrogación, algo que durante años no se animó a plantear ante sus padres. Su propio asomo a la maternidad volvió a enfrentarla a esas preguntas. Durante el parto de su hija, cuando se pusieron en su seno, recordó que ella no había tenido ese contacto con la mujer que la gestó.
Por otra parte, comenzó a preguntarse por sus antecedentes médicos y familiares, algo que desconocía. A los 30 años, tras hacerse un completo test de ADN pudo comenzar a localizar familiares. Primero una prima, luego un medio hermano y, finalmente, se contactó con su madre biológica.
Ese encuentro completó parte del rompecabezas. Su madre respondió preguntas sobre sus orígenes y le envió, entre otras cosas, una fotografía de su abuelo. “Por primera vez me vi reflejada en otra persona”, contó.
Y justamente, para Maurel, el derecho a conocer los orígenes constituye uno de los puntos que suelen quedar relegados cuando la discusión se concentra exclusivamente en el deseo de los adultos de tener hijos, recurriendo a la maternidad subrogada.
Su llegada a Buenos Aires ocurre, además, cuando la cuestión atraviesa una zona jurídica compleja. Durante la conferencia, la abogada Débora Ranieri recordó que el artículo 562 del Código Civil y Comercial establece que, en las técnicas de reproducción humana asistida, la filiación materna corresponde a quien da a luz. También señaló que la Corte Suprema se pronunció en 2024 sobre esa regla y sostuvo que se trata de una norma de orden público que no puede modificarse simplemente mediante un acuerdo entre particulares.
Sin embargo, según Ranieri, continuaron apareciendo resoluciones judiciales que admitieron inscripciones o mecanismos para reconocer como progenitores a quienes encargaron la gestación.
Hoy hay diversos proyectos legislativos dando “vueltas” que proponen regular las modalidades de esta práctica, por ejemplo, sumando conceptos tales como “solidarias” o “altruistas”. Para los expositores del encuentro, esa dispersión de criterios genera inseguridad jurídica y exige una definición clara del Congreso.
Maurel no propone regular este “mercado” sino eliminarlo. Y tampoco acepta como solución distinguir entre subrogación comercial y altruista. “No hay manera de organizar una mala práctica”, sostuvo ante una pregunta del público. Su argumento central es que, haya o no dinero de por medio, existe desde el comienzo una separación deliberadamente planificada entre el recién nacido y la mujer que atravesó el embarazo.
El planteo es parte de una controversia internacional todavía abierta. La Declaración de Casablanca impulsa un tratado global para prohibir la práctica, mientras que en distintos países existen modelos regulatorios diferentes. Para Maurel, sin embargo, la pregunta debería formularse desde otro lugar: no hasta dónde puede llegar un adulto para concretar su deseo de tener un hijo, sino qué derechos pueden quedar comprometidos en ese camino.
