Jorge Víctor Stocker, un empresario del sector vial, afirmó hoy al declarar como testigo en la causa Cuadernos que su firma recibió exigencias de dinero por parte del organismo estatal encargado de controlar las concesiones de rutas nacionales, el OCCOVI, manejado durante el primer kirchnerismo por Claudio Uberti.
“Era directamente una imposición”, dijo el testigo Stocker.
Aclaró que tomó conocimiento de aquellas exigencias a través de otro integrante de la empresa, Benjamín Rojas, quien era su suegro y estaba al frente de todo lo operativo.
“No estaba ahí, pero me comentaron cómo era el tema —dijo—. Mi suegro no podía creer que después de eso [la licitación] pidieran… una atención”.
En respuesta a preguntas formuladas por el representante de la UIF, Mariano Galpern, el testigo estimó que los aprietes comenzaron entre 2003 y 2004, a los pocos meses de que la alianza de sociedades que integraba su empresa ganara la licitación de uno de los seis corredores viales.
Entre las amenazas que recordó, figuraba la de quedar por fuera del registro de constructores.
Al frente del OCCOVI se encontraba Claudio Uberti, uno de los principales arrepentidos en el caso. Como imputado colaborador, el funcionario reconoció entre otras cuestiones que Néstor Kirchner le transmitió que debía exigir aportes periódicos a los empresarios beneficiados por la obra pública del sector para mantener sus contratos. Fue a través del ministro de Planificación, Julio de Vido.
Al principio, confesó Uberti, le llevaba la recaudación de los corredores viales a De Vido, pero luego a Néstor Kirchner, personalmente. “Me tenés que entregar más, acordate que te voy a hacer cagar”, le habría dicho el expresidente en una ocasión.
La jornada tuvo otras tres declaraciones de empresarios que, al igual que Stocker, debieron declarar como imputados durante la instrucción, en 2018. Todos ellos dijeron haberlo hecho sin ningún tipo de presión.
El clima en la audiencia cambió de golpe con la declaración del segundo de ellos, José Darío Clebañer, director de Homaq, una de las firmas beneficiadas por otro de los corredores viales.
El hombre relató que su padre, Raúl Héctor Clebañer, aparentemente asediado por una delicada situación financiera, tomó la decisión de quitarse la vida. Conmovido, el testigo dio a entender que debió tomar las riendas de la empresa para reconducirla y, a su vez, para intentar comprender si decisión de su padre estaba vinculada a la situación de la firma.
“Cuando yo me hago cargo de todo [..] y empiezo a meterme en los temas del ala de la actividad vial…claro…empiezo a escuchar algunas cosas, rumores…claramente estaba presionado o acorralado”, dijo. Aunque luego agregó: “Mi papá no se tiró por el balcón por un tema de plata. Eso no es así”.
Respecto a los contratos, Clebañer sostuvo: “No se cumplían en lo más mínimo las cosas que fueron pactadas, las tarifas, que tenían mecanismo de ajuste [..] no se cumplían”.
Como el resto de los empresarios, el testigo afirmó que no fue sometido a ninguna presión al declarar en 2018, aunque sí retrató un clima de extrañeza y “psicosis colectiva” durante el transcurso de aquellas declaraciones.
Una de las cartas que la defensa de muchos de los implicados emplean para cuestionar el caso es que las declaraciones de muchos de los arrepentidos -uno de los grandes pilares de la causa- habrían sido tomadas bajo un bajo amenazas del fiscal Carlos Stornelli, hecho que nunca fue corroborado.
Al término de la audiencia, la defensa de Roberto Baratta, apuntado por la fiscalía como uno de los principales recaudadores del presunto sistema de coimas y protagonista invariable de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, solicitó ampliar su indagatoria en el juicio oral y el Tribunal deberá fijarle fecha.
