El 22 de septiembre, Alejandra Gils Carbó se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgada por hechos de corrupción. Esas audiencias deberán coordinarse con las del juicio por los Cuadernos de las Coimas, donde se desempeña como abogada defensora del empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra.
El Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) -integrado por los jueces Gabriela López Íñiguez, Sabrina Namer y Nicolás Toselli- dará inicio al juicio contra la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, con la intervención del fiscal general Marcelo Colombo.
Gils Carbó fue procesada por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600, para las oficinas de la Procuración, donde continúa aún funcionando.
Por primera vez, una ex Procuradora estará sentada en el banquillo de los acusados. Gils Carbó, que renunció a su cargo en noviembre de 2016, fue procesada un año después por el juez Julián Ercolini. La clausura y posterior elevación a juicio oral se firmó en junio de 2021. Cinco años después se dará inicio al debate oral y público.
La situación de imputada que deberá defender en el marco de un juicio, convive con el rol que Gils Carbó desempeña como abogada del empresario Gerardo Ferreyra, acusado de haber pagado sobornos a ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal como parte del circuito de fondos ilegales investigados.
Previo al inicio del debate del caso que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, Gils Carbó asumió como integrante del equipo de abogados defensores del ex presidente de Electroingeniería.
Gils Carbó fue la última jefa de los fiscales nacionales en carácter de titular. Desde que dejó el cargo, Eduardo Casal ocupa el puesto de forma interna.
Con ese telón de fondo, la ex Procuradora designada por Cristina y que obtuvo un amplio apoyo en el Senado de la Nación, se sentará en el banquillo de los acusados por la compra de un edificio para la procuración por el que se pagaron 43 millones de pesos y se abonaron comisiones que rondaron los 10,7 millones de pesos.
El objetivo de la operación, según la Justicia, fue dar «apariencia de legitimidad» a un proceso administrativo, «con personas insertadas con calidad simulada, con otras interpuestas para apariencia de empresa o negociación», sostiene la acusación. En consecuencia, todo el proceso administrativo fue considerado como «una farsa».
En este contexto, los imputados -entre ellos Gils Carbó- se valieron de «formas engañosas orientadas a hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble«, pero que para la Justicia estuvo decidido de «antemano» para favorecer a quienes intervinieron en el millonario proceso, sostuvo el fiscal Taiano en su requerimiento elevación a juicio.
Por ello, Ercolini procesó como principales responsables a la Procuradora y al subdirector Guillermo Bellingi. Hace pocos días, el ex funcionario fue hallado sin vida y la hipótesis central de la investigación es que se suicidó.
La operación cuestionada
Para la Justicia, las principales autoridades de la Procuración «idearon y ejecutaron un complejo plan» orientado a «adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio de la calle Perón 667».
Sobre dichos aspectos, se indicó que no solo se trataba de adquirir un inmueble con bóveda, cochera y auditorio, sino que «debía ser un edificio señorial; de época… En ese marco, a los pocos competidores que las primeras exigencias imponían, las últimas terminaban por eclipsar. Así, se eliminaban los rivales que podían disputar la licitación al inmueble de Juan Domingo Perón 667″.
La compra del inmueble habría estado «decidida de antemano, previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio, Arfinsa Argentina Financiera SA», cuya cara visible fue Adrián Fischer.
Esta empresa ofertó en el marco de la licitación lanzada por el Ministerio Público Fiscal, a través de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA (constituida por Bárbara Jaureguiberry e Ignacio Costa Urquiza).
El inmueble tuvo un costo de 43.850.000 pesos y contó con la intervención «dolosa y fundamental» de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill (productor de seguros que participó como intermediario y medio hermano de Bellingi).
Durante la operación se pagó una comisión de 7,7 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry, que a su vez pagó otra comisión de 3 millones por asesoramiento a Thill, el medio hermano de Bellingi.
La Justicia sostuvo que la compra fue por un «monto significativamente mayor a los 27 millones de pesos que se hubieran pagado de haberse concretado la operación relativa a la licitación pública N° 17/2012, que sólo dos meses antes había sido dejada sin efecto».
Al momento de determinar la responsabilidad de los acusados, se remarcó en el pedido de elevación: «En virtud del interés egoísta porque fuera ese inmueble, y no otro, el ámbito distinguido y elegante desde el cual desarrollar sus nuevas funciones como titular de la Procuración General; en el segundo, en pos del beneficio económico que la transacción supondría, al menos, para su hermano y los demás particulares que es lo que hasta aquí se acreditado, solo pudiendo tejerse suposiciones en cuanto a cuál fue el destino final del dinero que en pocos días Thill extrajo de su cuenta bancaria» .
