Después de 15 años de trámite judicial, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y el ex secretario de Obras Públicas José López fueron condenados este lunes por el desvío de fondos públicos del programa de construcción de viviendas «Sueños Compartidos» de las Madres de Plaza de Mayo a penas menores de tres años de prisión, por lo que no irán a prisión.
En tanto, el Tribunal Oral Federal 5 absolvió al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y ordenó el decomiso de más de 200 millones de pesos por el desvío de los fondos que deben ser actualizados.
Por mayoría, el tribunal condenó a López a y al ex funcionario de Planificación Abel Fatala a dos años y nueve meses de prisión, a Sergio Schoklender a dos años y ocho meses y a Pablo Schoklender dos años y cuatro meses. Los encontró responsables como coautores a los dos primeros y como participes necesarios a los hermanos del delito de administración fraudulenta agravada por ser cometida contra la administración pública. Los ex funcionarios también fueron condenados a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los otros acusados fueron absueltos: De Vido, el ex presidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero Daniel Nasif, la ex funcionaria de Jefatura de Gabinete de Santiago del Estero Silvia Nasif y los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal Carlos Castellano y Claudio Freidin.
Las penas son de cumplimiento condicional por lo que no irán a la cárcel. Los condenados deberán cumplir una serie de reglas de conducta. El fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera habían pedido condenas de seis años de prisión para De Vido, López, Fatala y los Schoklender y de cuatro años para el resto de los acusados.
El veredicto fue dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg con disidencia en algunos puntos. El próximo 13 de noviembre darán a conocer los fundamentos de su decisión. A partir de allí, las partes podrán apelar para que sea revisado por la Cámara Federal de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Juntos con las condenas, el tribunal dispuso que una vez que el veredicto quede firme los condenados tengan que devolver los más de 200 millones de pesos que se consideró que fueron desviados del estado nacional. Pero esa cifra debe ser actualizada por inflación. El fiscal Velasco solicitó que los fondos sean destinados a programas de viviendas sociales.
Se trata del mismo tribunal que, también por mayoría, absolvió en 2021a la ex presidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el resto de los acusados en la causa «Los Sauce-Hotesur». Fue con los votos de Grünberg y Obligado y con la disidencia de Palliotti. Luego Casación revocó ese fallo y ordenó hacer el juicio oral.
López y De Vido siguieron el veredicto por videoconferencia. El ex ministro desde su chacra de Zárate donde cumple prisión domiciliaria por la tragedia ferroviaria de Once y el ex secretario desde la cárcel de Ezeiza donde está por la causa Vialidad.
La causa comenzó en 2011 tras una investigación de Clarín y el veredicto se dio al filo de la prescripción tras 15 años de expediente. Es que este martes se cumplía el último plazo que interrumpía esa situación que fue la citación a juicio oral. De hecho, el tribunal rechazó planteos de las defensas para declarar prescripta la causa.
Los hermanos Schoklender eran los apoderados de «Sueños Compartidos», el programa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que construía viviendas, y junto con los ex funcionarios están acusados del desvío de 206 millones de pesos de los cerca de 900 millones que de 2008 a 2011 el gobierno de Cristina Kirchner le envió para ese fin.
El programa se aplicó en distintos municipios y provincias del país como la ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza y Hebe de Bonafini, entonces titular de Madres de Plaza de Mayo, fue enviada a juicio oral y falleció en 2022.
Pero muchas de esas viviendas no se hicieron nunca y los empleados que trabajaban en ese proyecto no cobraron ni se les hacían los aportes. El caso tiene un segundo tramo que es por presunto lavado de dinero porque la acusación es que parte del dinero que se desviaba terminaba en empresas a nombre de los hermanos Schoklender.
«Se ha demostrado cómo a través de un esquema criminal pergeñado y organizado desde el estado nacional en connivencia con los responsables del proyecto ´Misión Sueños Compartidos´ de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, tanto Sergio y Pablo Schoklender, como apoderados, se adjudicaron a través de contrataciones directas obra pública de construcción de viviendas sociales y hospitales en diferentes provincias afines al gobierno nacional de esos años», sostuvo el fiscal Velasco en su pedido de condenas.
