Los abogados que representan en Estados Unidos a los inversores perjudicados por el criptoactivo $LIBRA pidieron en los tribunales federales de Nueva York que aplique a la demanda colectiva (“class action”) los criterios fijados por dos fallos recientes que habilitaron avanzar contra promotores de activos digitales bajo la ley RICO -la norma antimafia estadounidense- y bajo la legislación de protección al consumidor del estado de Nueva York.
Con esa presentación, los letrados del estudio Burwick Law buscaron contrarrestar los principales argumentos con que el empresario Hayden Mark Davis y otros demandados solicitaron a la jueza Jennifer Rochon que desestime la “class action” tras sostener que se trató de un lanzamiento “justo”.
Para los impulsores de la demanda colectiva, sin embargo, millares de inversores alrededor del mundo fueron víctimas de un engaño, ya que un puñado de personas con información privilegiada -“insiders”- habrían adquirido una parte sustancial del suministro antes de que el público pudiera operar.
$LIBRA vio la luz el 14 de febrero de 2025, impulsada por un tuit de Javier Milei, en el que celebraba la iniciativa como un proyecto para financiar a emprendedores argentinos. La cotización subió exponencialmente en cuestión de minutos y se desplomó a las pocas horas. La justicia federal investiga si se trató de una estafa y qué responsabilidad tuvo el Presidente, que había recibido en la Casa Rosada a Davis dos semanas antes del lanzamiento.
El primer fallo reciente que invocaron los letrados de Burwick fue “Aguilar v. Baton Corp.”, en el que una colega de Rochon, la jueza Colleen McMahon, mantuvo reclamos bajo la ley RICO contra el operador y los fundadores de Pump.fun, una plataforma para lanzar y negociar memecoins sobre Solana, la misma red sobre la que opera Meteora, que se usó para $LIBRA.
Para los abogados, el mecanismo de funcionamiento de Pump.fun y $LIBRA resultó muy similar. ¿Por qué? Porque los operadores y fundadores de Pump.fun, junto con promotores pagos, dieron acceso anticipado a “insiders” a determinados tokens antes de su promoción pública y luego vendieron ante la demanda minorista generada, mientras la plataforma era presentada como un sistema de lanzamientos “justos”.
Burwick también apuntó contra los responsables técnicos. En el caso “Aguilar”, la Justicia estadounidense rechazó que el responsable tecnológico de Pump.fun pudiera quedar fuera de los reclamos RICO tras sostener que sus tareas eran sólo “técnicas”. Según el fallo, hizo más que prestar soporte: dirigió sistemas técnicos sobre los que dependía el supuesto mecanismo y su conocimiento podía inferirse, entre otros elementos, de su participación en la construcción de vías de acceso prioritario utilizadas por insiders.
Los abogados trasladaron ese argumento al caso $LIBRA y apuntan contra Ben Chow, el responsable técnico de Meteora. Plantearon alega que diseñó parte de los contratos inteligentes, dirigió el equipo de Meteora que podía modificar las condiciones de los pools de lanzamiento, modeló en una planilla la extracción de fondos y mantuvo conversaciones con Davis sobre la estructura del suministro.
Otro punto que Burwick considera relevante es la utilización de expresiones como “lanzamiento justo”. En el caso “Aguilar”, la Justicia consideró que afirmaciones de ese tipo podían ser interpretadas como afirmaciones sobre hechos concretos -en particular, que no existían participantes privilegiados con acceso anticipado- y no simplemente como una opinión subjetiva sobre las bondades de la plataforma.
La Justicia también concluyó, según la presentación, que las comunicaciones internas utilizadas para administrar el supuesto esquema podían constituir operaciones relevantes bajo la Ley RICO aunque esos mensajes no contuvieran por sí mismos la manifestación engañosa.
La “class action” contra Davis, Chow y otros contiene, cabe recordar, cargos por asociación ilícita y conspiración bajo la Ley RICO, además de reclamos por prácticas comerciales engañosas y enriquecimiento sin causa.
Ahora, la jueza Rochon deberá evaluar la presentación antes de definir si admite o rechaza sobre los pedidos de desestimación de la demanda colectiva iniciada el año pasado, pero no fijó una fecha para comunicar su decisión.
