El frío extremo de Ushuaia quebró el secreto del Estado Mayor Conjunto y la Casa Rosada. La presencia de ocho Marines de los Estados Unidos en Tierra del Fuego cobró estado público tras la sorpresa de varios pasajeros civiles que se toparon con los uniformes tácticos estadounidenses en la pista comercial del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.
El contingente militar extranjero arribó a la isla el pasado martes 8 de septiembre y extenderá sus actividades operativas junto al Batallón de Infantería de Marina N.º 4 (BIM 4) de la Armada Argentina hasta el martes 22 de este mes.
La llegada de los soldados estadounidense eludió el debate institucional y la aprobación previa en el Congreso de la Nación. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina canalizaron el operativo a través de excepciones del marco regulatorio general.
Oficialmente, se ampararon en la Ley 25.880, que en su artículo 6 indica: “El Poder Ejecutivo podrá permitir mediante acto fundado sin aprobación del Congreso de la Nación […] la introducción de tropas extranjeras y/o la salida de fuerzas nacionales […] d) En los casos de viajes y/o actividades de instrucción, adiestramiento y/o entrenamiento de los institutos de educación militar».
No obstante, la propia normativa exige al Ejecutivo notificar formalmente a las comisiones parlamentarias con no menos de 15 días de antelación a su ejecución, algo que el gobierno de Javier Milei nunca hizo.
La situación desató movimientos en el Congreso de la Nación. El jueves 17 de septiembre a las 12:26 PM, la senadora peronista Cristina López ingresó formalmente en la Mesa de Entradas de la Cámara alta una Cuestión de Privilegio.
Dicha acción legislativa no es un trámite menor, sino una herramienta para casos considerados de máxima gravedad mediante la cual un legislador denuncia ante el pleno que se han vulnerado las garantías o la soberanía institucional de la Cámara. Su impacto real es fundamentalmente político: obliga a que la denuncia quede asentada en las actas taquigráficas del Estado y sea girada de urgencia a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su investigación formal.
La presentación embiste de forma directa contra el bypass parlamentario. En sus fundamentos, López denunció: «Se profundiza otra preocupación: el 20 de octubre y el 15 de noviembre (NdR. de 2025), con autorización del Gobierno Nacional, llegaron tropas militares de los Estados Unidos para realizar prácticas conjuntas en la ciudad de Ushuaia. La misma situación que está pasando ahora con la presencia de Infantes de la Marina de los Estados Unidos, violando nuestra Constitución, sin autorización del Congreso, como lo establece el artículo 75, inciso 28″.
La legisladora fueguina también apuntó contra el giro discursivo de Casa Rosada: «¿Por qué ahora sí hay plata para la Base Naval Integrada de Ushuaia, misma obra que el Gobierno paralizó ni bien asumió? ¿Se creen que somos tontos?»
Ante la imputación, la vicepresidenta Victoria Villarruel respondió de inmediato a la Cuestión de Privilegio presentada: «Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento«.
Pocas horas más tarde, durante su intervención en el debate por el tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal II, la senadora sería aún más dura: ¿El admirador de Margaret Thatcher, de un día para el otro, se convirtió en malvinero, patriota y defensor de la soberanía?». Excepto contados dirigentes, como Juan Grabois, es la tesis unificada del Partido Justicialista (PJ) más duro.
Cuando la presencia de tropas estadounidenses se destapó, el Gobierno nacional ensayó una rápida desactivación dialéctica en el plano digital. El canciller Pablo Quirno salió al cruce en la red social X para intentar licuar la densidad del conflicto afirmando que la actividad “se realiza desde 2017 todos los años”. El libreto defensivo se repitió en la Armada Argentina y arrastró al propio Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego, que originalmente había criticado la cuestión.
El gobernador Gustavo Melella replicó de forma idéntica la argumentación de Cancillería: «Desde el punto de vista técnico e institucional, estamos hablando de un protocolo de cooperación e intercambio que rige formalmente desde el año 2017. No es una operación militar nueva ni masiva: en este caso puntual involucró a solo 8 efectivos».
Sin embargo, la consulta realizada por este medio a la Armada expuso un bache documental absoluto: no poseen gacetillas, decretos ni documentación que constate la realización de estos supuestas ejercicios militares bilaterales de clima frío anteriores. Ni siquiera una fotografía, ningún posteo en redes sociales. Algo bastante curioso, teniendo en cuenta que estas actividades se realizarían —según la versión oficial— desde hace casi una década.
El argumento oficial sobre una supuesta rutina ininterrumpida desde hace casi una década contrasta de forma directa con los documentos del Ministerio de Defensa. Al rastrear los acuerdos del Estado Mayor Conjunto, el único antecedente operativo y formal que involucra a fuerzas especiales norteamericanas data de marzo de 2025.
En aquella oportunidad, el general de brigada Cristian Pafundi y el contralmirante estadounidense Mark Shafer firmaron un memorándum de entendimiento en la sede del Ministerio de Defensa.
Sin embargo, lo que se acordó entonces fue la incorporación de militares argentinos al ejercicio multinacional denominado «Estrella Austral«, una práctica coordinada en Chile entre mayo y junio de 2025 de la que participaron 24 naciones, entre ellas Brasil, Perú, Colombia, Francia y el Reino Unido.
«Estrella Austral» funciona desde 2007 y es un programa de adiestramiento de fuerzas especiales estrictamente bilateral entre Chile y Estados Unidos. La participación de la Argentina y del resto de las delegaciones extranjeras en la edición de 2025 no fue como socios operativos de un despliegue de combate en la nieve, sino en calidad de invitados y observadores.
El objetivo de la práctica es homologar procedimientos y estandarizar la doctrina de interoperabilidad regional bajo mandatos de estabilización de las Naciones Unidas; un proceso de equiparación protocolar, no un adiestramiento táctico directo y bilateral como el que los militares estadounidenses ejecutan actualmente en Ushuaia.
Esta presencia militar adquiere una dimensión particular al cruzarse con el giro de alta política sellado por Javier Milei en su cadena nacional del pasado 3 de septiembre, en la que activó una nueva doctrina soberana sobre el Atlántico Sur.
Mediante el DNU 867/2026, el Presidente inyectó más de 217.000 millones de pesos al Ministerio de Defensa. Por otro lado, endureciendo drásticamente las sanciones económicas contra las corporaciones que operen en el yacimiento petrolero Sea Lion, controlado por la empresa Navitas, al norte de las Islas Malvinas.
En momentos en que la relación diplomática entre la administración de Donald Trump en Washington y el laborismo británico en Londres atraviesa un quiebre histórico por el financiamiento de la OTAN, el adiestramiento en Ushuaia funciona como el síntoma físico de un reordenamiento estratégico de fondo.
La Casa Rosada aprovecha para reafirmar su sintonía con el Pentágono y la administración de Donald Trump, y a la vez asfixia legalmente el proyecto Sea Lion, con sanciones a sus accionistas, proveedores y cualquier empresa que le brinde servicios.
El escenario en el territorio continental convive, además, con un conflicto económico preexistente que condiciona el margen de maniobra de la gobernación fueguina. En enero de este año, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el Gobierno nacional dispuso la intervención por un año del Puerto de Ushuaia, una terminal clave para el comercio exterior y la logística de cruceros turísticos.
En su momento, la administración provincial estalló contra la medida. El propio gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, tildó la intervención como una resolución «arbitraria, ilegal, ilegítima y extorsiva«, y denunció una quita de recursos portuarios valorada en 22.000 millones de pesos.
Sin embargo, la asfixia financiera generada por el recorte de las transferencias nacionales fue minando la resistencia discursiva inicial del gobernador que, aislado políticamente y sin posibilidad de re-reelección, debió modificar su postura.
Las agujas del reloj de este jueves 17 de septiembre trazaron una simultaneidad política incómoda para el gobernador Melella. A las 17:00, apenas unas horas después de que la Cuestión de Privilegio de la senadora López ingresara al Senado (a las 12:26), y mientras en el recinto se votaba la Ley de Inocencia Fiscal II, el mandatario provincial cruzaba el umbral de Casa Rosada para sentarse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Para el titular del Ejecutivo fueguino —un ex seminarista salesiano nacido en San Justo y forjado políticamente al calor de la transversalidad de Néstor Kirchner— el encuentro significó la postal indiscutible de su inédito viraje pragmático. Atrás quedaron los tiempos en los que decía que “la gente está mal” y hasta se animaba a ironizar preguntando si Milei pretendía “que le organicen un feliz cumpleaños”.
Aunque la Jefatura de Gabinete de Ministros difundió la fotografía oficial del encuentro bajo el argumento formal de analizar la «Defensa de la Soberanía», tras la reunión el Gobernador confirmó públicamente que acompañará el proyecto de Presupuesto 2027 y la eliminación de las PASO, desmarcándose de los gobernadores del PJ que se oponen a cualquier reforma oficialista. En el kicillofismo ya lo cuentan como “dialoguista”. En el kirchnerismo ni que hablar.
El gobernador fijó su posición frente al encuadre administrativo actual del despliegue militar estadounidense: «Lo que cuestionamos profundamente es la vía institucional que utilizó el Gobierno Nacional para validar el ingreso de estas tropas mediante decretos, eludiendo la revisión que le corresponde por ley al Congreso de la Nación».
Al mismo tiempo, aseguró que los reclamos financieros fueguinos no están en discusión en la negociación con Nación: «Rechazo categóricamente cualquier intento de vincular estos temas en un esquema de especulación o negociación. El reclamo de Tierra del Fuego por la paralización de la obra pública y por los fondos de coparticipación que nos corresponden por ley sigue plenamente vigente y no se negocia».
Mientras el ex salesiano ensaya una pirueta de supervivencia fiscal en los pasillos de Balcarce 50 y el peronismo fueguino entra en una interna que pone en peligro la continuidad del control de la provincia, la nieve de Ushuaia custodia en silencio las huellas de las botas militares estadounidenses, ajenas a las actas del Congreso.
