A través de un recurso de casación, el Ministerio Público Fiscal reclamó reabrir la investigación que apunta al entonces titular de la cartera de Finanzas del macrismo, Luis Caputo, por sus vínculos con sociedades del exterior, el conglomerado financiero Noctua y la adquisición de bonos de deuda argentina durante el período en que se desempeñó como funcionario nacional.
La apelación se presentó en las últimas horas contra la resolución del pasado 7 de septiembre, mediante la cual la Sala I de la Cámara Federal Porteña confirmó el sobreseimiento que había dictado el juez Julián Ercolini en diciembre de 2025. Para la fiscalía, “se realizó una valoración parcial de la prueba reunida durante la investigación”.
La causa comenzó a partir de denuncias que pusieron bajo análisis la situación patrimonial de Caputo y sus actividades empresariales antes y durante su paso por la función pública. La investigación incluyó, entre otras hipótesis, la posible omisión de información en sus declaraciones juradas, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y un eventual uso de información privilegiada relacionado con operaciones de deuda del Estado.
Uno de los principales puntos cuestionados por la acusación es la relación de Caputo con Princess International Group Ltd., una sociedad radicada en las Islas Caimán que estuvo vinculada con el conglomerado Noctua. Según el Ministerio Público, distintos documentos incorporados al expediente demostrarían que Caputo fue titular de esa sociedad hasta el 30 de junio de 2016, cuando ya se desempeñaba como secretario de Finanzas.
Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi consideraron acreditada la explicación de la defensa según la cual Caputo había actuado como tenedor fiduciario de las acciones y que el verdadero beneficiario final era su hermano, Flavio Caputo. Para respaldar esa interpretación, se tuvo en cuenta un acuerdo privado celebrado en 2009, posteriormente ratificado, en el que se establecía que Flavio era el propietario y beneficiario final de las acciones.
No obstante, la fiscalía cuestiona esa valoración y sostiene que la documentación presentada ante las autoridades de Islas Caimán y otras entidades financieras identificaba a Luis Caputo como titular de la sociedad. Según el recurso, esa documentación debía ser ponderada por encima del acuerdo privado invocado por la defensa.
El Ministerio Público también sostuvo que Caputo omitió informar esos vínculos en las declaraciones juradas que debía presentar al ingresar a la función pública y que tampoco los habría incorporado cuando la Oficina Anticorrupción le solicitó que completara información sobre sus antecedentes laborales. Para la acusación, esas omisiones podrían ser relevantes para determinar si existió la “malicia” en los casos de omisión maliciosa de información patrimonial.
Otro de los ejes de la apelación apunta a la relación entre Caputo, LC Advisors y Noctua. De acuerdo con la presentación de la fiscalía, LC Advisors facturó a Noctua Asset Management cuatro operaciones por un total cercano a US$18.944 entre marzo de 2016 y abril de 2017, cuando Caputo ya ocupaba un cargo público.
En paralelo, sociedades vinculadas a Noctua adquirieron bonos de la República Argentina emitidos en 2016. Uno de los documentos incorporados a la causa da cuenta de una compra realizada por Princess International Group Ltd. por aproximadamente US$494.702,56. La Fiscalía sostiene que esa secuencia debe ser analizada junto con el papel que tuvo Caputo como secretario de Finanzas en la emisión de los títulos.
Sin embargo, la Cámara Federal consideró que tales elementos no alcanzaban para demostrar que Caputo hubiera utilizado información privilegiada o intervenido en la emisión de los bonos para beneficiar a Noctua. También valoró que las condiciones de la colocación eran públicas y que los inversores adquirían los títulos bajo las mismas condiciones generales.
Los magistrados Llorens y Bertuzzi remarcaron, además, que durante la instrucción, el fiscal Carlos Rívolo no había podido identificar de manera concreta qué actuación de Caputo habría generado un beneficio particular, cuál habría sido ese beneficio y qué información reservada habría sido utilizada para conseguirlo. Bajo esos argumentos, confirmaron el sobreseimiento y consideraron que no había razones para continuar con la investigación.
Para la Fiscalía ante la Cámara, la conclusión anterior fue prematura. En particular, cuestionó que Caputo no haya sido citado a prestar declaración indagatoria antes de que se dispusiera su desvinculación definitiva, pues existe un estado de sospecha que justifica avanzar con la investigación, por lo que considera pertinente escuchar la explicación del también expresidente del Banco Central.
