La Justicia federal comenzó a recibir información sobre elpatrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia en la causa vinculada con su función en la CEAMSE. Entre los primeros datos que llegaron al expediente aparecen declaraciones juradas, documentación varios sobre su patrimonio y un informe sobre de compra y venta de dólares.
La investigación busca determinar si existió un crecimiento patrimonial injustificado entre 2017 y 2024. La denuncia que originó el expediente sostiene que durante ese período la liquidez declarada por el presidente de la AFA aumentó cerca de un 1000%.
Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente, y desde 2024 ocupa la presidencia. La empresa estatal que gestiona los residuos del AMBA es interjurisdiccional y está integrada por la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, una característica que también explica por qué la causa terminó bajo la órbita de la Justicia federal.
Een las últimas horas la Provincia de Buenos Aires remitió las primeras declaraciones juradas, incluidos legajos reservados, y envió un pendrive con información que todavía no fue abierto. La Ciudad, por su parte, respondió que debido a la antigüedad de Tapia en su función, no tiene sus declaraciones juradas cargadas en el sistema.
Otro de los elementos incorporados al expediente es un informe que expone la compra y venta de dólares por parte del titular de la AFA. De acuerdo con esa documentación, realizó 215 operaciones de compra de divisas por un total de $239 millones y otras 192 ventas dela moneda extranjera por $1.975.901.003.
Por ahora se trata de documentos incorporados al caso, lo que no significa que los investigadores hayan detectado alguna irregularidad.
Ahora la Justicia deberá establecer el origen de esos fondos y contrastarlos con los ingresos declarados. Una de las hipótesis bajo análisis es que parte de las ventas corresponda a la conversión a pesos de remuneraciones percibidas en dólares por su actividad en la CONMEBOL.
Según la denuncia que dio lugar a este expediente, Tapia declaró en 2024 ingresos anuales por $100.233.144 como presidente de la CEAMSE y otros $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL. Su cargo al frente de la AFA es ad honorem.
El objetivo de los investigadores es determinar si esos ingresos permiten justificar la evolución de su patrimonio.
La Justicia ya comenzó a reconstruir cómo pudo haber sido el crecimiento patrimonial de Tapia. En 2017 Tapia declaró un patrimonio cercano a los $17 millones, además de un vehículo y dinero en efectivo.
En 2019, su patrimonio declarado ascendía a $37.918.214 e incorporaba cuatro viviendas. Al año siguiente figura la venta de una propiedad de Caballito por US$950.000.
El foco está puesto especialmente en 2024, cuando declaró más de $1002 millones en depósitos distribuidos en distintas cuentas bancarias, además de efectivo y fondos en dólares. Según la denuncia, la liquidez total se acercaba al equivalente de un millón de dólares.
La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo. El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la investigación y pidió una batería de medidas para reconstruir las cuentas, bienes, sociedades, vehículos, viajes y eventuales activos en el exterior de Tapia. La Justicia también ordenó levantar sus secretos fiscal y bancario.
Entre las respuestas pendientes está la de Caja de Valores, para determinar si Tapia tiene o tuvo cuentas comitentes, y la del Registro Automotor, para identificar los vehículos registrados a su nombre.
También se pidió información para conocer si posee o poseyó embarcaciones o aeronaves, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá informar si existen reportes de operaciones sospechosas relacionados con el dirigente.
Mientras avanza la investigación sobre su patrimonio, durante el fin de semana Tapia se mostró con Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permaneció detenido durante 448 días en Venezuela.
El vínculo entre ambos ya había tenido repercusión judicial. El fiscal Carlos Stornelli pidió en mayo que Tapia declarara como testigo para explicar el rol de la AFA en la liberación y el regreso de Gallo a la Argentina. El juez Sebastián Ramos rechazó inicialmente la medida, aunque semanas después el fiscal ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe volvió a reclamar que fuera citado.
