César González, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Tucumán, quedó imputado en un legajo por abuso sexual con acceso carnal reiterado y por un esquema de extorsión laboral que, según la querella, se extendió más de siete años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual y Género, a cargo del fiscal Gonzalo Rodríguez. Al cierre de esta nota no constaba un descargo público del dirigente.
La denunciante, abogada, actúa con el patrocinio de Juan Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate. Los hechos habrían comenzado en julio de 2018, en una relación de dependencia laboral y económica que la presentación describe como atípica: la mujer habría prestado servicios en el ámbito de la UTA y cobrado su remuneración del peculio personal del denunciado, en su oficina privada.
Según el relato que la fiscalía debe investigar, González habría controlado la única fuente de ingresos del hogar y condicionado de manera explícita la regularización del trabajo a requerimientos sexuales. Ante las negativas, la querella atribuye represalias económicas sistemáticas: retención y atraso de salarios, postergación de aumentos que sí se aplicaban a otros profesionales y condiciones arbitrarias para el goce de licencias.
El escrito suma un capítulo de particular gravedad. La denuncia sostiene que se usó de modo extorsivo la cobertura médica del hermano de la mujer, quien tiene una discapacidad severa, y que la permanencia laboral quedó supeditada a la baja de ese beneficio. La situación, afirma la querella, derivó en una renuncia forzada y en secuelas sobre la salud psicofísica de la damnificada.
La representación pidió tutela inmediata. Reclama una prohibición de acercamiento no menor a trescientos metros respecto de la presunta víctima, su núcleo familiar, su domicilio y su puesto de trabajo en la Secretaría de Trabajo. También una abstención absoluta de turbación, hostigamiento o intimidación, directa o por interpósita persona, en forma presencial, telefónica o digital. Pidió, además, que la declaración se reciba en Cámara Gesell, para evitar la revictimización, e invocó el Código Procesal Penal de Tucumán, la legislación provincial y la ley 26.485 de protección integral a las mujeres.
Santamarina y Ascárate solicitaron que su clienta sea tenida por querellante particular, en los términos del artículo 89 del código procesal provincial, y que se fije fecha para suscribir el poder apud acta. El planteo se apoya en los precedentes Santillán y Quiroga de la Corte Suprema, y en la Convención de Belém do Pará: la participación de la víctima, argumentan, garantiza ofrecer prueba, impulsar la acusación y controlar a la fiscalía. Reservaron las acciones civiles.
González es la cara pública del gremio de choferes en la provincia. El 22 de septiembre confirmó a los afiliados un acuerdo con la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AETAT) por un 10,50% desde el 1° de ese mes: el básico de chofer quedó en $1.636.754 y el de chofer con corte de boletos, en $1.707.175. En los últimos meses encabezó los reclamos por sueldos adeudados, suspensiones y la reestructuración del servicio urbano. Esa actuación gremial no integra el legajo: el cargo que se le formula es personal y anterior a la última paritaria.
