En una decisión sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos, el Pentágono anunció este jueves que transmitirá en vivo el fusilamiento de Nidal Malik Hasan, un expsiquiatra del Ejército condenado a muerte por asesinar a 13 personas durante un ataque en una base militar de Texas en 2009. La ejecución, autorizada esta semana por el presidente Donald Trump, está prevista para el próximo 3 de diciembre y, de concretarse, será la primera realizada por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
El anuncio llegó después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, adelantara que el procedimiento sería público y defendiera la decisión de recurrir a un pelotón de fusilamiento. Poco después, un funcionario del Pentágono confirmó a la agencia AFP que la ejecución será transmitida en vivo, aunque aclaró que los detalles de la difusión todavía deben definirse.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, afirmó Hegseth durante una entrevista con el activista conservador Jack Posobiec, difundida en redes sociales por cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
El funcionario sostuvo que la medida busca dejar en claro las consecuencias de este tipo de crímenes. “La gente tiene que entender que existen consecuencias graves para estas cosas”, señaló.
La decisión constituye un giro extraordinario en la aplicación de la pena capital militar. Estados Unidos no ejecuta a un condenado bajo la jurisdicción de sus Fuerzas Armadas desde el 13 de abril de 1961, cuando el soldado John A. Bennett fue ahorcado tras ser declarado culpable de violación e intento de asesinato.
Para encontrar el antecedente más reciente de un fusilamiento militar hay que retroceder todavía más: el último se realizó el 9 de noviembre de 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, según los registros del Death Penalty Information Center, una organización especializada en el seguimiento de la pena de muerte en Estados Unidos.
El hombre cuya ejecución fue autorizada por Trump es Nidal Malik Hasan, un exmayor y psiquiatra del Ejército estadounidense que el 5 de noviembre de 2009 protagonizó uno de los ataques más mortíferos registrados en una instalación militar del país.
Hasan abrió fuego contra decenas de personas en el Centro de Procesamiento de Preparación de Soldados de Fort Hood, en el estado de Texas, donde numerosos militares realizaban trámites y controles antes de ser enviados al extranjero, especialmente a Afganistán.
Trece personas murieron y otras 32 resultaron heridas. Doce de las víctimas fatales eran militares, al igual que buena parte de los heridos. El atacante utilizó una pistola equipada con una mira láser y, según los testimonios recogidos durante el proceso judicial, gritó “Allahu akbar” —“Dios es grande”— antes de comenzar a disparar.
El ataque terminó cuando una agente de la policía civil de la base consiguió herirlo de bala. Hasan sobrevivió, pero quedó parcialmente paralizado.
Durante el juicio militar, el expsiquiatra reconoció su responsabilidad en la matanza y sostuvo que había decidido cambiar de bando en lo que describía como una guerra contra el islam. También se conoció que debía ser desplegado en Afganistán a finales de noviembre de 2009, una misión a la que se oponía.
En 2013, un tribunal militar lo declaró culpable de asesinato premeditado y tentativa de asesinato y lo condenó a muerte. Hasan, que asumió su propia defensa durante el proceso, permanece desde entonces bajo custodia militar.
La decisión de ejecutar la sentencia llegó más de 17 años después de la masacre, por recomendación de Hegseth y con la aprobación de Trump.
“Ha llegado finalmente el día del juicio para Hasan”, había anunciado esta semana el vocero del Pentágono, Sean Parnell, al comunicar la autorización presidencial.
Pese al anuncio oficial, la ejecución de Hasan no está garantizada. Expertos en derecho militar advirtieron que el condenado todavía dispone de recursos judiciales que podrían retrasar significativamente el cumplimiento de la sentencia.
En particular, Hasan podría presentar una petición de habeas corpus ante la Justicia federal civil para cuestionar su detención y la aplicación de la pena capital. Ese procedimiento podría extenderse durante meses o incluso años, y dejar la fecha del 3 de diciembre sin efecto.
“Francamente, podría prolongarse más allá de la actual administración, y quién sabe si la próxima tendrá la misma inclinación por las ejecuciones”, advirtió Eugene R. Fidell, profesor visitante de la Facultad de Derecho de Yale y especialista en justicia militar.
Consultado sobre si Hasan había formulado alguna última petición o intentado comunicarse con la administración Trump, Hegseth respondió con indiferencia: “No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre”.
La Casa Blanca, por su parte, remitió al Pentágono todas las preguntas sobre los preparativos y las condiciones en las que se llevará adelante el procedimiento.
El fusilamiento es uno de los métodos de ejecución menos utilizados en Estados Unidos. Actualmente está permitido en un número reducido de estados, entre ellos Idaho, Oklahoma, Utah, Carolina del Sur y Mississippi.
Según el Death Penalty Information Center, en 2025 tres condenados fueron ejecutados mediante este procedimiento en Carolina del Sur. Antes de esos casos, solo se habían registrado tres fusilamientos en el país desde 1977, todos en Utah.
Pero la decisión de transmitir una ejecución en vivo introduce una controversia diferente, relacionada con la exposición pública de la pena de muerte y los límites del castigo estatal.
Los antecedentes sobre la aceptación social de este tipo de transmisiones son escasos. En una encuesta realizada por el Pew Research Center en abril de 2001, cuando se debatía la ejecución de Timothy McVeigh, responsable del atentado de Oklahoma City, el 73% de los estadounidenses se manifestó en contra de televisar el procedimiento, mientras que apenas el 24% se mostró a favor.
