Inflación, superávit, servicios de deuda, crecimiento, gasto: las principales proyecciones del Presupuesto 2027 se encuentran desplazadas detrás del debate de elementos coyunturales. Entre ellos, se destaca la discusión por los fondos para universidades. Por eso, rectores y diputados opositores diseñan una estrategia que vaya más allá de la Marcha Federal del 15 de octubre.
«Tenemos expectativa en lo judicial», aseguró una autoridad del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a este medio, en donde no descartan avanzar en una denuncia penal que implemente sanciones más severas a las multas por incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. Pero además, en el encuentro que mantuvieron este martes con diputados peronistas apuntaron a la posibilidad de incluir esa misma ley en el dictamen del Presupuesto 2027 para darle un nuevo blindaje.
Las autoridades universitarias también apuntaron al respiro que representaría la derogación del DNU 70/2023 («nos aumentan todos los servicios por encima de la inflación») y exigen lo que denominan «fondos por debajo de la línea»: «Históricamente accedíamos a otras ventanillas de financiamiento, como el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Ciencia, que ahora pasaron a cero». Por eso, tienen puesta una especial atención a la jornada del 15 de octubre, en la que necesitan que las promesas de los legisladores de las provincias se materialicen en su presencia en el recinto.
Incluso sin estar identificados con la movilización callejera, diputados opositores se volcaron en las últimas horas a alentar a marchar el jueves más que a la sesión dispuesta para ese día, en una jornada en la que se pretende derogar el DNU 70/2023, sancionar la emergencia en discapacidad y un proyecto sobre morosidad. Ese gesto evidencia que el cálculo de la caída de la convocatoria por la falta de quórum ya no es exclusivamente oficialista. En algunas redes sociales, como las de Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) se replicaron videos con narrativas similares: una situación cotidiana en la que alguien obscenamente no cumple las reglas dispuestas.
En Unión por la Patria definieron esta semana elevar un pedido que replicaron en el plenario que debatió el Presupuesto 2027: solicitaron que «el Jefe de Gabinete garantice el estricto cumplimiento» del reciente fallo judicial que ordena ejecutar la ley de Financiamiento Universitario y que el «secretario de Hacienda incremente las partidas contenidas en el proyecto de Presupuesto 2027». «No es la competencia de esta Presidencia dar indicaciones de gestión a la Jefatura de Gabinete», le respondió el titular de la Comisión de Presupuesto, «Bertie» Benegas Lynch (La Libertad Avanza), quien a su vez apuntó al 20 de octubre como fecha de una posible visita de funcionarios educativos a defender los lineamientos presupuestarios.
La bancada peronista también se correspondió con una editorial de autoría de dos rectores, Germán Pinazo (Universidad Nacional de General Sarmiento) y Carlos Greco (Universidad Nacional de San Martín), quienes analizaron en Perfil que «si el cumplimiento de una ley no es tenido en cuenta por el Poder Ejecutivo en la formulación presupuestaria que eleva a la consideración del Poder Legislativo, es este el que tiene la potestad para hacerlo». En su carta de reclamo, Unión por la Patria solicitó que los recursos necesarios para las universidades «se compensen con la reducción de partidas en la Jurisdicción 91 ‘Obligaciones a cargo del Tesoro’«, la tercera erogación más onerosa con un total de $14,9 billones solo por detrás del Ministerio de Capital Humano y los servicios de deuda.
El proyecto del Ejecutivo anticipa fondos por $7,5 billones para «Desarrollo de la Educación Superior» para el 2027, lo que representa un 21% más de lo correspondiente al actual año, que hasta septiembre ya lleva una inflación del 23,6%. La plataforma OpenArg sostuvo que se gastó $3,8 billones hasta septiembre en el sector, «el 61% de su crédito vigente por debajo del ritmo del calendario». Según el OCEPP, se trata de una variación real negativa del 25% en relación al 2023. El Centro de Economía y Desarrollo de Políticas Públicas de la UNL planteó que esa suma representaría el 0,53% del PBI, frente a un promedio del 0,74% entre 2016 y 2023.
En contraste con los $7,5 billones, la demanda del CIN es fijar fondos por, al menos, $11 billones para el 2027, lo que canaliza sólo los aumentos reales correspondientes a la ley de Financiamiento Universitario en recomposición salarial, gastos de funcionamiento y becas. A su vez, señalaron que existen otras acciones estratégicas, como inversión en infraestructura, ciencia y técnica y las becas Progresar, cuya mejora requirían $7,086 billones adicionales.
A la espera de que el Ejecutivo -sobre el que recae un apercibimiento judicial de aplicación de multas por la demora en la implementación- haga efectiva la ley de Financiamiento Universitario, los salarios de los trabajadores docentes y no docentes presentaban un retraso acumulado real del 33,4%, según el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.
