El secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió el proyecto de Presupuesto 2027 para las universidades nacionales y presentó cifras sobre el gasto, la matrícula, la graduación y la planta docente. Durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, afirmó que las universidades representarán el 3,88% del gasto total de la Administración Pública Nacional en 2027.
La presentación se realizó en medio del reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, sancionada en 2025, y días después de la quinta Marcha Federal Universitaria. El proyecto oficial contempla transferencias por $7,7 billones para las casas de estudio, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama más de $11 billones.
Torrendell cuestionó a las autoridades universitarias por su posición frente al financiamiento y calificó su postura como un «acuerdo corporativo» y un «acuerdo de casta». También sostuvo que la educación «no se defiende con consignas vacías o más gasto público», sino con datos sobre el funcionamiento del sistema.
«La autonomía no está en discusión; lo que exigimos es gestión responsable y transparencia», afirmó.
Según Torrendell, las universidades nacionales representarán el 3,88% del gasto total de la Administración Pública Nacional en 2027, frente al 3,52% de 2025. El promedio de las últimas dos décadas, indicó, fue del 3,81%.
«Dentro del presupuesto nacional, las universidades no perdieron lugar, lo ganaron», afirmó.
La diferencia entre los $7,7 billones previstos por el Gobierno y los más de $11 billones reclamados por el CIN forma parte de la discusión parlamentaria. Los representantes de las universidades solicitan fondos para atender los gastos de funcionamiento y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
Según los cálculos presentados por Torrendell, cada graduado representa un costo fiscal consolidado de aproximadamente $80 millones. También indicó que las universidades reciben, en promedio, $12,4 millones anuales por estudiante equivalente a tiempo completo.
El funcionario señaló que ocho universidades nacionales reciben más del doble del promedio de gasto por estudiante. Entre las instituciones mencionadas estuvieron las universidades de Tierra del Fuego, Patagonia San Juan Bosco y Chilecito, con asignaciones que alcanzan o superan los $37 millones por estudiante equivalente.
«Son diferencias que nadie ha explicado y que la sociedad que la financia merece conocer», sostuvo.
En relación con la matrícula, Torrendell presentó datos de 2024 según los cuales las universidades nacionales registraron 1.972.000 estudiantes de pregrado y grado. De ese total, 881.000 aprobaron al menos dos materias durante el año. Al aplicar el criterio de equivalencia a tiempo completo, la cifra se redujo a 642.000. Este último indicador mide la dedicación académica y no la cantidad total de personas inscriptas.
El secretario también comparó los datos de la Universidad de Buenos Aires (UBA): señaló que la institución informó 349.286 estudiantes en su anuario estadístico oficial y 105.391 a la consultora QS para su ranking internacional.
«Una misma universidad no puede tener dos cifras según quién pregunte», cuestionó. Para establecer una comparación entre ambos registros, deben considerarse los criterios utilizados en cada relevamiento.
Torrendell afirmó que el 44,5% de los ingresantes a las universidades estatales abandona sus estudios al finalizar el primer año. También señaló que el 18,7% se gradúa dentro del tiempo teórico previsto para la carrera, frente al 48,8% registrado en las instituciones privadas, según las cifras que presentó.
«De cada 10 estudiantes que entran a una universidad estatal, menos de dos se reciben en tiempo y forma», expresó.
En cuanto a la planta docente, indicó que pasó de 151.000 integrantes en 2010 a 216.000 en 2024, un incremento del 43%.
El funcionario también se refirió a la expansión del sistema universitario. Según expuso, de las 62 universidades nacionales existentes, 26 fueron creadas entre 2003 y 2023.
El dato provocó aplausos entre legisladores de Unión por la Patria. Torrendell respondió que la expansión debía evaluarse en función de los resultados académicos.
«El problema no es multiplicar instituciones sino lograr retención de matrícula, graduación y aprendizaje», afirmó.
Durante la exposición, Torrendell también cuestionó la distribución de los recursos nacionales destinados a la educación básica durante las gestiones anteriores.
Según sus datos, en 2023 la distribución de recursos nacionales para apoyar la educación básica en las provincias se realizaba de la siguiente manera:
- El 34,5% se distribuía entre más de 200 programas educativos sin impacto pedagógico evaluado
- El 20% se destinaba a equipamiento digital
- El 21% se destinaba a incentivos salariales, entre ellos el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)
El secretario defendió la concentración de recursos en el Plan Nacional de Alfabetización y Matemática. Como parte de su exposición, indicó que el 76,9% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en lengua en la evaluación Aprender 2025, diez puntos porcentuales más que en 2023.
El Gobierno también informó que el Presupuesto 2027 contempla recursos para el desarrollo de la educación superior, el Plan Nacional de Alfabetización, las Becas Progresar, los comedores escolares, la asistencia mediante vouchers y las obras de infraestructura. Además, proyectó la cobertura de más de un millón de becas para estudiantes de distintos niveles.
«No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor», afirmó Torrendell.
Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputados de distintos bloques reclamaron que el Poder Ejecutivo incorpore al proyecto presupuestario los fondos necesarios para cumplir con la Ley 27.795.
La diputada Marina Salzman, de Unión por la Patria, cuestionó la exposición del funcionario y sostuvo que buscaba justificar el ajuste presupuestario.
Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, afirmó que el proyecto para 2027 no recuperaría la caída real del presupuesto universitario registrada durante 2026. También denunció una subejecución de las partidas del ejercicio en curso y señaló que se había ejecutado el 32% del presupuesto.
La diputada radical Mariela Coletta leyó una carta del interbloque Unidos en la que se reclamó la aplicación de la ley. El documento sostuvo que el Gobierno incumple los artículos 5 y 6, pese a las resoluciones judiciales dictadas sobre su aplicación, y afirmó que las partidas previstas presentan un déficit del 32% respecto de las necesidades del sistema, según los cálculos del interbloque.
Los legisladores opositores solicitaron convocar a representantes del Consejo Interuniversitario Nacional, los gremios docentes y no docentes y los estudiantes para que expongan ante la comisión. Además, el diputado Alberto Arrúa presentó un proyecto de resolución para exigir que el Poder Ejecutivo incorpore al Presupuesto 2027 los fondos necesarios para cumplir con la norma.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a dos recursos de queja presentados por el Estado y habilitó la revisión de resoluciones del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo de Martín Cormick.
Las decisiones de primera instancia habían ordenado al Gobierno cumplir con la actualización de los salarios y las becas universitarias. Además, el juzgado había impuesto una multa económica al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar.
Los camaristas José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán habilitaron la revisión. La Cámara deberá determinar si corresponde ratificar las resoluciones de primera instancia. La decisión sobre los recursos no define todavía la cuestión de fondo relativa a las obligaciones del Estado en materia de financiamiento universitario.
