La Sala III de la Cámara Federal de La Plata rechazó una nueva ofensiva judicial de Martín Insaurralde para apartar al fiscal Sergio Mola de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los jueces ratificaron así la decisión de primera instancia y permitieron que el representante del Ministerio Público Fiscal continúe al frente de la causa conocida como “Yategate”.
La defensa del exintendente de Lomas de Zamora había cuestionado la actuación de Mola por considerar que perdió la objetividad al impulsar medidas contra el exfuncionario y solicitar su detención, junto con la de su expareja, Jesica Cirio. Los pedidos se formularon tras la difusión de videos en los que se observan millones de dólares en el vestidor de una vivienda de San Vicente.
Los abogados de Insaurralde calificaron la solicitud de detención como una medida desproporcionada y denunciaron un supuesto ensañamiento del fiscal en el desarrollo de la investigación. También sostuvieron que su actuación comprometía las garantías de imparcialidad y objetividad que deben regir el proceso penal.
El planteo ya había sido rechazado por el entonces juez federal a cargo del expediente, Luis Armella. La defensa apeló esa resolución y llevó el caso ante la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, integrada por los jueces Emilio Faggi y Roberto Lemos Arias.
Al resolver, los camaristas señalaron que las decisiones sobre recusaciones no son, como regla, apelables. La excepción requiere circunstancias extraordinarias que permitan advertir una afectación manifiesta del derecho de defensa. Según el tribunal, los argumentos presentados por Insaurralde no alcanzaron para demostrar que se configurara esa situación.
En ese sentido, los jueces sostuvieron que la continuidad del fiscal en el expediente no constituye, por sí sola, un perjuicio irreparable que justifique apartarse de las reglas procesales. Con ese criterio, confirmaron el rechazo del planteo y mantuvieron a Mola en la investigación.
El fiscal y Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), habían solicitado en 2024 que Insaurralde fuera citado a declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. También pidieron investigar a familiares y otras personas a las que atribuyen un posible papel como testaferros. Para la acusación, el patrimonio y el nivel de vida del exfuncionario no se corresponderían con los ingresos que puede justificar.
El expediente se inició en septiembre de 2023, después de que se conocieran imágenes de Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici durante un viaje a Marbella, España, a bordo del yate Bandido. La difusión de fotografías del viaje, en el que se exhibían artículos de lujo, provocó un escándalo político que terminó con la renuncia de Insaurralde a la jefatura de Gabinete bonaerense, durante la campaña electoral de ese año.
La investigación tomó nuevo impulso con la difusión de videos en los que Cirio muestra fajos de dólares guardados en cajas, cajones y bolsos. Un análisis determinó que las imágenes correspondían al vestidor de la vivienda de San Vicente que compartía con el exfuncionario. La Fiscalía también solicitó la indagatoria de la conductora y modelo.
Además, un peritaje presentado en julio detectó inconsistencias en el patrimonio de Insaurralde, un elemento que se incorporó al análisis de su situación económica.
La Cámara Federal de La Plata todavía debe resolver otros planteos relevantes para el avance del expediente. Entre ellos figura la apelación de la Fiscalía contra el sobreseimiento de Sofía Clerici, dispuesto por Armella, quien consideró que no se había acreditado un vínculo económico con Insaurralde que permitiera sostener la hipótesis de que actuó como testaferro. La discusión incluye los 569.911 dólares secuestrados en su vivienda de Nordelta y las propiedades registradas a su nombre.
También está pendiente la decisión sobre los videos que muestran los dólares. Las defensas de Insaurralde y Cirio cuestionaron su utilización como prueba al sostener que podrían haber sido obtenidos ilegalmente o manipulados mediante herramientas de edición o inteligencia artificial. Cirio, por su parte, denunció una extorsión vinculada con la difusión de las imágenes.
Desde mediados de agosto, el expediente está a cargo del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien asumió la titularidad del juzgado de Lomas de Zamora y ordenó nuevas medidas de prueba. La investigación continúa abierta para determinar el origen de los bienes y fondos bajo análisis y establecer si existen responsabilidades penales.
