El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó este jueves el proyecto para autorizar la compra directa de los cuatro inmuebles donde funciona la Escuela Municipal y Cooperativa Gabriela Mistral, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio educativo público y gratuito.
La iniciativa fue aprobada con cambios en el proyecto original pero recibió el apoyo unánime de los concejales capitalinos.
La ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a avanzar con la operación por un monto que no podrá superar los $800 millones, sujeto al cumplimiento de los procedimientos legales correspondientes.
La Municipalidad lleva dos años de conflicto con la cooperativa propietaria de los inmuebles, luego de que la Justicia declarara inconstitucional la expropiación que había impulsado la administración de Chahla en 2024.
Ahora el Municipio quedó habilitado para avanzar por la vía de una compraventa, a partir de las conversaciones mantenidas con los representantes de la cooperativa.
Los inmuebles comprendidos en el proyecto están ubicados en Juan José Paso 169 y 171, Mendoza 2176 y pasaje Roma 174, y conforman el conjunto edilicio donde se desarrollan las actividades de la institución educativa.
El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, afirmó «Entendemos que esto es darle continuidad a una cuestión educativa. Tenemos el pedido formal tanto del municipio como de los padres que integran la comunidad educativa de los niños, así que hemos creído conveniente y necesario aprobar este proyecto de compra del inmueble», sostuvo.
El presidente del Concejo Deliberante explicó que, durante el tratamiento legislativo, distintos sectores de la oposición reclamaron precisiones sobre el valor de las propiedades y las condiciones de la operación. «En virtud del pedido del Poder Ejecutivo, sectores de la oposición, con mucha razón, pidieron que se justifique el monto y la forma de pago. Fue enviado por el Poder Ejecutivo el monto y la forma de pago, como así también distintas tasaciones que se hicieron al respecto», señaló.
El titular del cuerpo confirmó que uno de los principales cambios consistió en establecer un tope económico para la adquisición, con el propósito de evitar que la autorización otorgada al Ejecutivo fuera ilimitada. «Se puso un monto que no puede superar los 800 millones de pesos», precisó.
También destacó la incorporación de una disposición destinada a preservar el uso educativo de los edificios. «El objeto de la compra es para que funcione la escuela Gabriela Mistral», remarcó, y aclaró que cualquier modificación posterior de ese destino deberá contar con una nueva autorización del Concejo Deliberante.
Juri consideró que la decisión aportó tranquilidad no solamente a las familias de los estudiantes, sino también a los docentes y demás trabajadores de la institución.
Respecto de los plazos para concretar la operación, explicó que, una vez otorgada la autorización legislativa, el Ejecutivo deberá completar las instancias administrativas y legales correspondientes.
El concejal radical Gustavo Cobos, uno de los impulsores de los cambios incorporados al dictamen de mayoría, explicó que su bloque decidió acompañar la compra directa debido a las características particulares de los inmuebles y a la necesidad de asegurar la continuidad de las clases.
