La Cámara Federal de Casación Penal puso fin al intento de medio centenar de acusados en el juicio por los “cuadernos de la corrupción”, entre ellos decenas de empresarios, para evitar seguir sometidos al proceso a cambio de pagos millonarios como reparación del daño.
Entre los peticionantes están los acusados Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, el financista Ernesto Clarens, Juan Orazi, Hugo Dragonetti y Patricio Gerbi. Todos intentaron antes del inicio del juicio que el Tribunal Oral Federal 7 aceptara pagos millonarios como reparación integral para extinguir la acción penal y ser sobreseídos.
Los 46 planteos que derivaron en extensas audiencias orales en octubre de 2025 se toparon con la oposición de la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera. Tampoco estuvo de acuerdo el remisero Oscar Centeno, arrepentido en la causa, quien hizo saber a través de su defensa, en la audiencia de octubre de 2025 ante el Tribunal Oral Federal 7, que le parecía “injusto” dar un beneficio basado en un “poderío económico” que él no tenía.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canerlo rechazaron todos los pedidos y el juicio empezó el 6 de noviembre del año pasado con 85 acusados que son juzgados en la actualidad junto a la expresidenta Cristina Kirchner.
Las defensas de empresarios, financistas y exfuncionarios del kirchnerismo fueron en apelación al máximo tribunal penal federal del país que este jueves, a casi un año de inicio del debate, rechazó los recursos por inadmisibles y mantuvo vigente así la decisión que impidió a decenas de acusados cerrar el expediente.
La decisión fue adoptada por la Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar
Las defensas buscaban aplicar el artículo 59, inciso 6, del Código Penal, que prevé la extinción de la acción ante una reparación integral del daño.
Varios empresarios ofrecieron pagar sumas equivalentes a sus embargos actualizados (en algunos casos, superiores a los mil millones de pesos) para evitar el juicio. Por ejemplo, Cristóbal López ofreció 1.010.752.449 pesos, Aldo Roggio 1.875.907.639 pesos, Hugo Dragonetti 1.421.195.500 pesos, y otros montos proporcionales. En uno de los casos, el financista arrepentido Ernesto Clarens llegó a ofertar un yate y departamento en Miami.
El voto principal fue del juez Petrone, quien consideró que las decisiones cuestionadas no son sentencias definitivas ni pueden equipararse a una por sus efectos. Tampoco integran los motivos que habilitan recurrir ante Casación. El juicio “permitirá precisar los hechos atribuidos y las responsabilidades de cada acusado”, explicó la resolución judicial.
La resolución se adoptó por mayoría, con la adhesión de Diego Barroetaveña al voto de Petrone. Alejandro Slokar consideró que antes correspondía escuchar a las partes, sin adelantar opinión sobre el fondo.
Entre los acusados cuyas defensas recurrieron el rechazo de la reparación integral figuran Cristóbal López, Carlos Fabián De Sousa, Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Armando Loson, Juan Carlos de Goycoechea, Mario Ludovico Rovella, Héctor Javier Sánchez Caballero, Roberto Juan Orazi, Mario Maxit, Benjamín Gabriel Romero, Francisco Rubén Valenti, Oscar Abel Sansiñena, Guillermo Escolar, Jorge Neira, Ricardo Repetti, Gabriel Losi, Pablo José Gutiérrez, Hugo Alberto Dragonetti, Patricio Gerbi y Osvaldo Manuel De Souza.
También apelaron las defensas de Adrián y Mauricio Pascucci, Julio José Paolini, Claudio Javier Glazman, Santiago Altieri, Juan Manuel Collazo, Jorge Juan Mauricio Balán, César Arturo de Goycoechea, Walter Rodolfo Fagyas, Osvaldo Antenor Acosta, Fabián Ezequiel García Ramón, Carlos Román, Carlos Arroyo, Jorge Sergio Benolol, Daniel Claudio Pitón, Ricardo Santiago Scuncia, Rodolfo Armando Poblete y Miguel Ángel Marconi, entre otros.
