Jorge Capitanich cuestionó al Gobierno nacional por mantener recursos destinados a infraestructura vial e hídrica invertidos en títulos del Tesoro mientras permanecen obras pendientes. En un artículo, sostuvo que esa administración contribuye a mostrar un “superávit engañoso” y afirmó que la paralización de proyectos responde a decisiones sobre el destino del dinero.
El exgobernador de Chaco centró su planteo en dos instrumentos: el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica y el Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Según explicó, ambos reciben recursos provenientes del impuesto a los combustibles con finalidades establecidas por ley: prevenir inundaciones y construir, rehabilitar y mantener rutas.
Capitanich citó cifras que atribuyó al Ministerio de Economía: entre enero de 2024 y mayo de 2026, el Fondo Hídrico recibió $375.422 millones y pagó obras por $115.990 millones, aproximadamente el 31% de los ingresos. Para 2024, señaló una proporción todavía menor: el 12%. También indicó que ese año los gastos administrativos y operativos superaron los desembolsos para obras.
En el caso del SISVIAL, sostuvo que alrededor de cuatro de cada diez pesos recibidos fueron aplicados a las rutas. De acuerdo con los balances que mencionó, al cierre de mayo de 2026 el fondo vial acumulaba $1.038.779 millones sin aplicar a obras, mientras que el Fondo Hídrico registraba $339.993 millones al 1 de junio. Calculó que ambos saldos equivalían a cerca de US$980 millones.
El dirigente señaló que una parte mayoritaria de esos recursos estaba invertida en deuda nacional. Precisó que, al 1 de junio, el 85,5% del patrimonio del Fondo Hídrico estaba colocado en Letras del Tesoro y que, al cierre de mayo, el SISVIAL tenía el 82% en Lecap y Boncap.
Además, citó registros de la Oficina Nacional de Presupuesto según los cuales, durante 2025 y el primer semestre de 2026, el Fondo Hídrico destinó $260.871 millones netos a inversiones financieras y $131.018 millones a obras. Su cuestionamiento es que las colocaciones financieras recibieron aproximadamente el doble de recursos que los proyectos de infraestructura.
Entre los casos regionales, Capitanich mencionó la defensa de Puerto Antequeras, en Chaco, que describió como abandonada. También reclamó continuidad para las inversiones en los Bajos Submeridionales, la cuenca compartida por Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, y advirtió que la interrupción de los trabajos aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones y de la producción frente a lluvias y crecidas.
Respecto de los proyectos financiados por el Fondo Hídrico, afirmó que, de 24 obras iniciadas desde 2023, 13 tenían contratos rescindidos, dos estaban neutralizadas, ocho continuaban en ejecución con poco o ningún avance y solamente una había terminado. También señaló un avance físico del 2% en los subtramos A y B del tramo IV de la ampliación del río Salado.
En materia vial, citó datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia para señalar que el gasto de Vialidad Nacional cayó de unos $2,7 billones en 2023 a $811.000 millones en 2024, medidos en pesos de 2026. Agregó que el crédito vigente de este año era un 79% inferior, en términos reales, al gasto de 2023 y que al 31 de julio se había devengado el 32,6%.
Otro eje de la crítica fueron las postergaciones de las actualizaciones del impuesto a los combustibles. Capitanich sostuvo que el Poder Ejecutivo las difirió mediante 31 decretos desde febrero de 2024, reduciendo los ingresos que deberían alimentar los fondos.
En su artículo estimó que la recaudación resignada entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026 alcanzó unos US$6.104 millones, de los cuales US$859 millones habrían correspondido a las rutas y US$263 millones al Fondo Hídrico. El texto aclara que se trata de una estimación construida sobre fuentes oficiales, no de una cifra certificada.
El dirigente también objetó el proyecto de Presupuesto 2027. Indicó que contempla para el Fondo Hídrico $393.972 millones en gastos de capital y $113.130 millones para aumentar la inversión financiera. Según su análisis, aun si se ejecutaran todas las obras previstas, aproximadamente 22 de cada 100 pesos que ingresaran quedarían destinados a colocaciones financieras.
Como antecedente, señaló que al cierre del primer semestre de 2026 el fondo había ejecutado el 34% de las obras presupuestadas, mientras que ya había aplicado el 88% de la inversión financiera prevista para todo el año.
El propio artículo recoge la posición oficial: los recursos permanecen dentro de los fideicomisos y tanto los títulos como sus rendimientos pertenecen a esos fondos. También menciona, entre los argumentos del Gobierno, la mejora de la ejecución del Fondo Hídrico durante enero-mayo de 2026, cuando los pagos por obras superaron el 60% de los ingresos de ese período.
Capitanich reconoció que invertir excedentes transitorios no constituye por sí mismo una irregularidad y que no existe documentación pública que pruebe que el capital haya salido de los fideicomisos. Sin embargo, cuestionó que se considere excedente al dinero disponible mientras hay obras paralizadas. Sobre el DNU 425/2025, que dispone inversiones en títulos del Tesoro, remarcó que también exige respetar las finalidades y restricciones de cada fondo.
Finalmente, reclamó explicaciones sobre las instrucciones y dictámenes que respaldaron las inversiones, el destino de las Letras vencidas y la remisión de informes al Congreso. También pidió aclarar los $200.008 millones registrados por el Fondo Hídrico durante el primer semestre como “endeudamiento e incremento de otros pasivos”. En ese marco, consignó que el juez federal Ariel Lijo había solicitado información al Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y Vialidad Nacional sobre los recursos del fondo vial.
