Victoria Villarruel firmó este viernes el decreto presidencial del Senado 0630/2026, que establece un Programa de Alivio Financiero destinado a los trabajadores de la Cámara alta que atraviesan dificultades económicas y mantienen deudas con distintas entidades crediticias. La medida contempla el otorgamiento de adelantos excepcionales de haberes a tasa cero para facilitar la cancelación de esas obligaciones.
La iniciativa representa una nueva diferencia de la vicepresidenta con la administración de Javier Milei y pone el foco en el bienestar económico del personal legislativo. En los fundamentos de la norma, Villarruel sostuvo que resulta necesario implementar herramientas que permitan atender situaciones concretas de endeudamiento y contribuir a una mayor previsibilidad y ordenamiento de las obligaciones financieras de los trabajadores.
En ese sentido, la titular del Senado señaló: “Las condiciones económicas que atraviesa el país han tenido incidencia directa en la economía de los hogares, generando, entre otras consecuencias, una mayor utilización del crédito para afrontar gastos corrientes y un incremento de las obligaciones financieras que deben atender mensualmente las familias”.
El programa está destinado al personal de Planta Permanente y Planta Temporaria del Senado y busca facilitar la cancelación total de deudas contraídas con los sindicatos Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).
También contempla obligaciones con entidades bancarias públicas y privadas, entidades crediticias habilitadas por el Banco Central, Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC/OPNFC) inscriptos en los registros correspondientes. El alcance incluye billeteras virtuales y plataformas de pago que otorguen financiamiento.
Quedan excluidas las deudas originadas en créditos prendarios e hipotecarios. El mecanismo consiste en un adelanto excepcional de haberes cuyo destino será exclusivamente la cancelación total de las obligaciones previamente contraídas.
Los trabajadores podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 20 de noviembre. Para acceder al beneficio deberán entregar un certificado o constancia de la entidad acreedora que detalle el capital adeudado, los intereses, la tasa aplicable, los plazos, el estado de la deuda y el monto necesario para su cancelación.
El adelanto tendrá una tasa de interés del 0%, por lo que los beneficiarios deberán devolver únicamente el capital recibido, sin intereses ni costos financieros asociados.
La norma establece, además, un límite máximo equivalente a tres haberes netos, calculados sobre la liquidación salarial correspondiente a octubre de 2026.
Para justificar la implementación del programa, Villarruel tomó como referencia las estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre el endeudamiento de los hogares.
Según el Informe de Inclusión Financiera correspondiente al segundo semestre de 2025, a diciembre de ese año 20,3 millones de personas registraban algún tipo de financiamiento, una cifra equivalente al 54,7% de la población adulta. Además, el saldo promedio por deudor alcanzó su nivel más elevado desde enero de 2020.
A ese escenario se sumó otro indicador: en junio de 2026, la irregularidad de las financiaciones destinadas a las familias llegó al 12,8%, lo que reflejó las dificultades de una parte de los hogares para cumplir regularmente con sus compromisos crediticios.
Por otra parte, el informe semestral sobre Proveedores No Financieros de Crédito publicado por el BCRA en junio de 2026, que comprende a fintechs, emisoras de tarjetas y otros prestamistas no bancarios, registró una irregularidad del 26,9% en sus carteras durante febrero de ese año.
Con estos indicadores como fundamento, la conducción del Senado impulsó una herramienta de asistencia financiera para sus empleados, con el objetivo de reducir la carga de endeudamiento y mejorar sus condiciones económicas.
