La puesta en marcha del mayor juicio por corrupción en la historia del país supuso una gran dosis de estrés en Comodoro Py y alimentó la sensación de que se avecinaba un proceso interminable. Algunos acusados llegaron incluso a sostener en audiencias preliminares que el juicio de los cuadernos de las coimas era, por su magnitud, un juicio imposible.
Pero a un año de su inicio, el proceso que revisa si Cristina y Néstor Kirchner montaron un sistema para intercambiar obra pública con empresarios a cambio de coimas millonarias avanza a paso firme y más rápido de lo previsto, coinciden distintas fuentes del caso. Ya superó etapas clave y aspectos centrales de la acusación se fueron afianzando.
Y si bien todavía no hay un horizonte de llegada definido, estos 12 meses de debate diluyeron en los tribunales la sensación de estar frente a lo inmanejable.
Bajo una modalidad mixta, que combina presencialidad con virtualidad, y a una frecuencia de dos debates semanales, desde el 6 de noviembre de 2025 se desarrollaron un total de 85 audiencias que sumaron más de 350 horas de juicio.
Atrás quedó la lectura de la acusación contra los más de 80 imputados, las cuestiones preliminares (donde los acusados volvieron a exponer dudas sobre la viabilidad del proceso) y las indagatorias; entre ellas, la que sentó a Cristina Kirchner frente al Tribunal Oral el día que la expresidenta rechazó las acusaciones y se negó a responder preguntas.
Su departamento en Recoleta es señalado por la acusación como uno de los destinos del dinero que habría recaudado el exfuncionario Roberto Baratta en los recorridos registrados por su chofer, Oscar Centeno. A los cuadernos que describen ese circuito y a las declaraciones de los arrepentidos se sumaron durante el juicio imágenes hasta entonces desconocidas de puertas blindadas y cajas fuertes que la expresidenta tenía en Recoleta y Santa Cruz, donde también habría terminado parte de la recaudación ilegal.
Fueron exhibidas durante las declaraciones de los testigos pedidos por la fiscal Fabiana León, una instancia al borde del cierre. Cuando el juicio era todavía una proyección, la fiscal había ofrecido cerca de 900 testigos, pero esa lista preliminar se fue recortando —a veces de a cientos— y hoy resta la declaración de solo uno de ellos.
En total, en cinco meses de testimoniales, por el estrado de cuadernos desfilaron más de 140 testigos. Restan alrededor de 200 ofrecidos por las defensas, pero si la tendencia a la baja se mantiene, señalan en Comodoro Py, ese número podría reducirse y los plazos recortarse.
En paralelo, conforme el debate avanzaba, la Cámara de Casación -el tribunal que está por encima de los jueces del caso y revisa condenas y absoluciones- fue asentando jurídicamente el desarrollo del juicio. Confirmó, por caso, a los jueces del Tribunal Oral 7, Enrique Méndez Sigorni, Germán Castelli y Fernando Canero y rechazó pedidos varios de las defensas, entre ellos, los orientados a anular las declaraciones de exfuncionarios y empresarios arrepentidos, un eje central de la causa.
Además, recientemente, la Sala I de la Casación, con la firma de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, también le bajó definitivamente la persiana a la figura de la “reparación integral”, por la cual muchos acusados apuntaban a pagar para evitar ser juzgados.
Algunos empresarios ofrecieron sumas millonarias o bienes de lujo, como un yate. Para apuntalar el planteo, defensas señalaron que serviría para evitar un juicio “insostenible en el tiempo”, que necesitaría entre “500 y 1000 audiencias”, según la estimación de uno de los abogados defensores.
“Que un juicio sea complejo o extenso no justifica extinguir la acción, exige más compromiso institucional”, contrapuso al expresar su rechazo al planteo Mariano Galpern, de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en el caso y acompaña la acusación de León.
Como parte de los preparativos de cara al megajuicio, la Casación apuró el relanzamiento de la sala más amplia de Comodoro Py, conocida como AMIA, que implicó una ampliación de su aforo y la llegada de nuevos equipos para transmitir el debate en vivo.
Fue útil en las audiencias más convocantes, como la indagatoria de la expresidenta, pero la modalidad mixta que regló el Tribunal derivó en que la mayoría de las defensas participen conectadas por Zoom y ahora solo las defensas más comprometidas asisten presencialmente a las audiencias, que ya dejaron de ser maratónicas y se extienden hasta poco después del mediodía.
De hecho, cuando la sala fue destinada a una ceremonia de nombramiento de jueces, el juicio por los Cuadernos debió trasladarse a otra más modesta, donde se desarrollaron procesos como el de Sueños Compartidos.
El tribunal también afrontó una mudanza en pleno juicio, al trasladar su sede del Palacio de Tribunales a Comodoro Py. Con motivo del traslado, se ordenó una feria judicial extraordinaria que puso en pausa todos los casos del tribunal, a excepción de Cuadernos, que continuó desarrollándose sin interrupciones durante la mudanza, que culminó esta semana.
La virtualidad, que le imprimió agilidad al proceso, también ofreció escenas inéditas en un juicio oral, como que uno de los acusados, Alberto Padoán, de la empresa Vicentin, siguiera el juicio acostado en su cama, o que uno de los exfuncionarios acusados, Juan Manuel Abal Medina, se paseara por su oficina sin remera. Este martes fue reprendido por el tribunal el exfiscal y exjefe porteño Aníbal Ibarra por intervenir desde su auto en marcha. Defiende a un exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Álvarez, acusado de encubrimiento.
Las defensas intentaron sacudir los pilares de la acusación: los cuadernos del chofer Oscar Centeno y las declaraciones empresarios y exfuncionarios arrepentidos, que durante la instrucción reconocieron su participación en el presunto sistema de recaudación. Sin éxito por el momento.
Entre los arrepentidos sobresalen Ernesto Clarens, el financista que ofició de nexo entre los Kirchner y algunos empresarios y reconoció haber recaudado cerca de 30 millones de dólares; Carlos Wagner, que describió los porcentajes de la recaudación ilegal; y Claudio Uberti, que reconstruyó los inicios de la maniobra y habló de valijas con millones de dólares en el departamento de los Kirchner.
La fiscal León buscó afianzar esa base con al menos cuatro bloques de testigos: el equipo de LA NACION que trabajó el caso y lideró Diego Cabot; los pilotos y el personal de la flota de aviones presidenciales, para intentar reconstruir el presunto traslado del dinero recaudado a Santa Cruz; contadores de la AFIP que trabajaron en el caso para intentar buscar rastros contables del dinero; empresarios que tomaron contacto directo con los protagonistas y policías que intervinieron en operativos clave, como el que dio con las cajas que la expresidenta tenía en sus domicilios de Recoleta y Santa Cruz.
En el equipo que lidera la fiscal León quedaron conformes con el desarrollo de las testimoniales. Algunos empresarios, como Jorge Víctor Stocker, del sector vial, afirmaron ante el tribunal que sus firmas habían sido sometidas a exigencias de dinero.
Dos ejecutivos incluso admitieron que realizaron pagos ilegales a Baratta, acusado de ser el principal recaudador en la maniobra. Fueron Héctor Zabaleta y Luis Betnaza, ambos de la empresa Techint, que por esos desembolsos fueron investigados en un proceso separado y sobreseídos.
La piedra en el zapato para la acusación fue la declaración del portero del edificio de la expresidenta en Recoleta, que volvió sobre sus pasos y se desdijo ante el tribunal oral: afirmó, contrariamente a lo que sostuvo en 2018 durante la instrucción, que no vio movimientos regulares de bolsos y valijas en el departamento de Cristina Kirchner.
Uno de los principales focos de controversia fue el silencio de los arrepentidos durante el juicio. Entre las defensas persiste el malestar por no poder confrontar con preguntas a quienes confesaron su participación en el caso durante la instrucción.
Guardaron silencio el chofer Centeno, el financista Clarens y el empresario Wagner, entre otros. Uberti o José López, en cambio, declararon y ratificaron su condición de arrepentidos, pero evitaron enfrentar preguntas. “Me dicen buchón pero yo soy arrepentido, no buchón”, sostuvo Uberti. Como arrepentido, dijo haber escuchado el día que Néstor Kirchner falleció, que había cerca de 60 millones de dólares en el departamento de Recoleta.
Al igual que la fiscal León, antes del inicio del debate y durante su desarrollo, las defensas de los empresarios y exfuncionarios también desistieron de testigos y contribuyeron a agrandar el número de bajas, que rondan 350, según fuentes del tribunal.
Aunque todavía quedan por delante declaraciones clave, como las de los peritos que analizaron los cuadernos de Centeno —que podrían insumir varias audiencias—, y no está claro cuánto tiempo más podría extenderse el juicio, aquellas proyecciones que estimaban entre cinco y diez años de duración parecen hoy haber quedado fuera de escala.
