El Tribunal Oral Federal número 2 condenó a seis exfuncionarios y empresarios vinculados al santacruceño Lázaro Báez por su participación en la maniobra de defraudación al Estado a través de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz.
Las penas alcanzan los siete años y nueve meses de prisión y fueron resueltas a través de un juicio abreviado homologado por el juez Andrés Basso.
En esa línea, el tribunal también extendió a los condenados el decomiso de los efectos del delito, calculado en $684.990 millones, cifra que deberá actualizarse al momento de su ejecución.
Entre los condenados se encuentran Martín Antonio Báez, Julio Enrique Mendoza, Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti, Sergio Passacantando y Fernando Javier Butti. Los dos primeros recibieron siete años y nueve meses y cinco años y nueve meses de prisión, respectivamente, al unificarse con otras condenas anteriores por lavado de activos.
En tanto, Alonso, Gregorutti y Passacantando fueron condenados a dos años y ocho meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua. Butti recibió dos años y seis meses de prisión en suspenso. Mendoza continuará bajo arresto domiciliario, modalidad que el TOF2 mantuvo por su edad y razones de salud.
Se trata del segundo tramo del expediente por las irregularidades en la adjudicación, ejecución y pago de obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. En esta etapa se analizó la responsabilidad de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y empresarios que, desde sus respectivos roles, habrían contribuido a favorecer a las compañías del Grupo Báez.
La acusación a cargo del fiscal Diego Luciani sostuvo que se montó un sistema para direccionar licitaciones, concentrar contrataciones en empresas vinculadas a Lázaro Báez y otorgarles ventajas durante la ejecución y el cobro de los trabajos. Entre las irregularidades se mencionaron adjudicaciones por encima de la capacidad de las contratistas, incumplimientos contractuales, modificaciones de obras y falta de controles sobre su avance.
En el caso de los exfuncionarios, la fiscalía les atribuyó haber convalidado procedimientos irregulares, facilitado el direccionamiento de fondos públicos y omitido los controles que les correspondían. A los empresarios, en cambio, les reprochó haber presentado ofertas, firmado contratos y ejecutado obras en condiciones contrarias a la normativa.
El magistrado Basso consideró que las responsabilidades penales estaban acreditadas por las pruebas reunidas a lo largo de la instrucción, los elementos incorporados al juicio oral del primer tramo y el reconocimiento de los propios acusados en el acuerdo abreviado.
En ese sentido, destacó que los hechos no constituían una hipótesis aislada, sino que se insertaban en una maniobra que ya había sido establecida mediante una sentencia firme. En diciembre de 2022, el mismo tribunal condenó a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros exfuncionarios por el fraude en la obra pública, pronunciamiento que quedó firme en junio de 2025.
El juez sostuvo que los funcionarios condenados tenían a su cargo la administración y el cuidado de los fondos públicos destinados a la obra vial y que, al incumplir sus deberes, perjudicaron los intereses del Estado y procuraron un beneficio indebido para las empresas vinculadas a Báez.
La sentencia también hizo hincapié en la gravedad de la maniobra. Los fiscales consideraron que los acusados contribuyeron a consolidar “una colosal maniobra de corrupción” mediante una división de roles que permitió sustraer sistemáticamente fondos públicos en beneficio particular.
Finalmente, el tribunal dispuso que los seis condenados queden comprendidos en la obligación patrimonial fijada en el primer tramo de la causa, cuyo monto fue actualizado en julio de 2025 a $684.990.350.139,86.
