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El nuevo bullying: fotos de compañeras convertidas en imágenes pornográficas

«Amigo, ¿cuál querés? Cada una está en mil pesos«. El mensaje circula entre estudiantes de escuelas secundarias. Lo que se ofrece no son fotos íntimas reales, sino imágenes de compañeras desnudadas mediante inteligencia artificial. Alguien consigue una fotografía de Instagram, la pasa por una aplicación y fabrica un desnudo. Después lo comparte, lo convierte en un sticker o lo ofrece a la venta.

En una escuela técnica de la Ciudad de Buenos Aires, Iara conoce de cerca esta modalidad. Cuenta que varios grupos de chicos tomaron fotos de sus compañeras o las sacaron de sus historias de Instagram y usaron herramientas de inteligencia artificial para desnudar sus cuerpos. Llegaron a armar una carpeta de Google Drive con imágenes de alumnas de distintos colegios para comercializarlas.

«Es una situación muy triste, muy preocupante», dice. Pero hay algo que le molesta igual o peor: la respuesta de las autoridades: «Cuando les llega la noticia suelen hacer como si nada pasara, como si no fuera importante, no toman cartas en el asunto, no escuchan a las chicas y no hay medidas al respecto. Lo que pedimos es que nos escuchen, que nos tomen en cuenta y que hagan algo, pero también que puedan contener, que los adultos faciliten las herramientas para que estas cosas no sucedan».

Iara integra el consejo de convivencia de su colegio y cree que tiene que haber un límite claro: una suspensión u otra medida que marque que esa conducta no está permitida. También pide acompañamiento pedagógico y psicológico para quienes cometen las agresiones y mayores restricciones en las aplicaciones: «No puede ser de tan fácil acceso la vulnerabilidad de otra persona con solamente tener un teléfono».

Ya hubo casos en varios colegios, como el Carlos Pellegrini, el Buenos Aires, el Modelo de Lomas de Zamora, el Thomas Alva Edison de Ituzaingó y el Instituto Murialdo de Villa Bosch. También hubo denuncias y reclamos en Misiones. En algunos episodios, las imágenes manipuladas circularon entre compañeros; en otros, se organizaron carpetas para juntar las fotos y distribuirlas.

Marcela Czarny, fundadora y directora de Chicos.net, una organización que trabaja desde hace 27 años por los derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, advierte que la angustia alcanza a toda la comunidad educativa: docentes, familias y grupos de pares.

«Vemos situaciones distintas: chicos que alteran imágenes creyendo que es un chiste, que dicen que lo hacen ‘porque pintó’, y otros que lo hacen de manera deliberada e incluso con fines de comercializar el material», describe. También saben que hay escuelas donde se fotografió a directoras, preceptoras y profesoras para convertirlas en imágenes pornográficas que después circularon entre estudiantes.

Muchos no están de acuerdo, pero callan. A veces por temor, o porque no encuentran un espacio seguro para denunciarlo. «En los vínculos entre chicos y chicas, esto genera un clima de desconfianza -asegura Czarny-. Los espacios digitales, que deberían ser lugares de expresión y libertad donde puedan compartir fotos propias, se convierten en una herramienta de control y disciplinamiento«.

La especialista agrega que las respuestas institucionales no siempre llegan a la velocidad que requieren estos episodios. Cuando estudiantes y familias sienten que no hay una intervención suficiente, reaparece la dinámica de los escraches. Las escuelas deben afrontar situaciones complejas para las que muchas veces no tienen protocolos claros, mientras las imágenes se multiplican y resulta difícil detener su circulación.

En Posadas, el reclamo de las estudiantes terminó en una movilización. «Se difundieron imágenes de algunas alumnas. Nosotras, entre las chicas, tomamos la decisión de organizarnos, de reclamar nuestra inquietud y, ante todo, que se haga algo frente a este hecho», recuerda una de las jóvenes.

Cuenta que autoridades de varios colegios no respondieron inicialmente a los reclamos. Las estudiantes decidieron entonces coordinarse entre establecimientos, organizar un corte de calle y exigir medidas. La circulación de las imágenes había empezado a conocerse por las redes y los grupos de compañeros, hasta que la situación se hizo imposible de ignorar.

Finalmente, los alumnos señalados fueron apartados de la presencialidad y continuaron sus estudios de manera virtual hasta terminar la secundaria. La joven considera que esa respuesta fue suficiente porque permitió que las estudiantes dejaran de compartir el aula con quienes habían participado de los hechos, sin privar a los alumnos de su derecho a la educación.

«Ya con el simple hecho de no verles la cara en el aula fue paz mental para todas las mujeres«, explica. También recuerda que algunos varones comenzaron a cuestionar la conducta de sus compañeros: «Entre ellos empezaron a decir ‘che, amigo, eso no va‘».

Con el tiempo, el tema empezó a tratarse en las aulas: «Me parece importante que se empezó a hablar y que ya no sea tabú, sino que es algo que pasa y no podemos hacer la vista gorda solamente porque a los adultos o a los directivos no les gusta».

La experiencia de Misiones plantea un tema que aparece en otros testimonios: cómo sancionar a quienes vulneran la intimidad de sus compañeros, cómo proteger a las víctimas y cómo evitar que la respuesta termine convirtiéndose en otra forma de exclusión o violencia.

En Rosario, Sol cuenta otra experiencia. En su escuela, una imagen manipulada de un compañero, que deformaba su aspecto físico, fue usada para hacerle bullying. El conflicto entre los grupos de quienes habían creado y difundido la imagen y el del chico afectado terminó en una situación de violencia física dentro de la institución.

«Ahí es donde los directivos intervinieron un montón», asegura Sol. La respuesta incluyó al Centro de Estudiantes, que recibió el pedido de organizar talleres para abordar el problema sin exponer directamente a quienes habían participado del conflicto. Se trabajó sobre el uso de la inteligencia artificial, sus posibilidades y sus riesgos, y sobre cómo los adultos pueden acercarse a los jóvenes.

Su testimonio también muestra que la violencia digital no se limita a la sexualización de los cuerpos de las chicas. Puede usarse para humillar, deformar o ridiculizar a cualquier persona. Pero cuando se fabrican desnudos falsos de adolescentes, la agresión suma un impacto sexual y una exposición que pueden afectar profundamente la intimidad, la identidad y la vida cotidiana.

Para Valeria Marolla, Magister en prevención y asistencia de las adicciones, psicóloga clínica, asesora en prevención y promoción de la salud en ámbitos educativos, no estamos solamente ante nuevas formas de agresión entre pares. «Estamos frente a un hito: una transformación en la matriz simbólica en la que se construye la subjetividad», plantea. Los entornos digitales intervienen en la manera en que los adolescentes construyen su identidad, buscan reconocimiento y establecen vínculos.

La especialista advierte que la violencia no queda encerrada en una pantalla: entra al aula y modifica las relaciones entre compañeros. Quienes antes eran amigos pueden convertirse en productores, receptores o distribuidores de una imagen humillante. Cada uno debe decidir si la reenvía, se ríe, guarda silencio o interviene para proteger a quien está siendo agredido.

La conexión permanente tampoco garantiza compañía. Los algoritmos, la exposición constante y las métricas de aprobación social forman parte de las condiciones en las que los jóvenes construyen sus relaciones. Por eso, señala Marolla, no alcanza con medir cuánto tiempo pasan frente a una pantalla: también hay que analizar cómo funcionan las plataformas, qué incentivos comerciales tienen y qué herramientas ofrecen para prevenir el daño.

¿Qué pasa cuando una adolescente sabe que alguien puede tomar cualquier fotografía suya y convertirla en un desnudo falso? ¿Cómo vuelve a confiar en sus compañeros, a publicar una foto o a entrar en el aula?

Czarny advierte que la manipulación sexualizada de una imagen puede producir una vulneración muy profunda, especialmente durante la adolescencia, cuando la identidad todavía está en construcción. En un encuentro organizado por Chicos.net sobre esta problemática, la psiquiatra infantojuvenil Silvia Ongini, del Hospital de Clínicas de la UBA, explicó que las víctimas pueden experimentar sensaciones similares a las de una víctima de abuso sexual: humillación, angustia y pérdida de control sobre la propia imagen.

En algunos casos, el impacto puede llevar a evitar la escuela, no querer compartir el aula con quienes produjeron o difundieron las imágenes o necesitar acompañamiento psicoterapéutico.

Marolla coincide en que las consecuencias no deben minimizarse, aunque tampoco corresponde suponer que todas las personas reaccionan de la misma manera. La experiencia puede traducirse en vergüenza, ansiedad, inhibición, temor a la mirada ajena, desconfianza o aislamiento.

«Hay una cuestión central: escuchar sin juzgar -subraya-. Preguntar por qué una chica se sacó una foto, por qué la publicó o por qué no se cuidó más puede aumentar su vergüenza y dificultar que vuelva a pedir ayuda. La responsabilidad no está en la imagen que una chica compartió, ni en cómo se vistió, ni en cuánto se expuso en las redes. Está en quien manipula, sexualiza o difunde su imagen sin consentimiento».

Prohibir el celular, restringir las redes o pedirles a las adolescentes que dejen de publicar fotos no resuelve el problema de fondo. La respuesta debe reconstruir la confianza, ofrecer acompañamiento y detener la circulación del contenido.

Cuando una chica deja de querer ir al colegio, dice Marolla, la solución no puede ser que ella se retire para que la violencia continúe. La escuela debe intervenir para proteger su intimidad y reconstruir condiciones de seguridad.

Entre los estudiantes también discuten qué responsabilidad les corresponde a sus propios compañeros. Bautista, de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, dice que los varones deben dejar de tratar estas conductas como una broma: «Primero que nada hay que concientizar que es horrible el hecho y después señalar y alejarte de ese tipo de personas porque estás vulnerando la intimidad de otra persona».

Aseguro que si él estuviera al frente de una escuela, aplicaría sanciones, pero también medidas educativas para que quien cometió la agresión comprenda su gravedad. Para él, el silencio y la complicidad del grupo son parte del problema.

Czarny marca una dificultad entre los jóvenes varones: la falta de referentes que les permitan construir otras formas de masculinidad. Docentes cuentan que algunos sienten una especie de «orfandad» frente a los mensajes sobre qué prácticas están mal, sin encontrar modelos positivos basados en el cuidado, el respeto y la responsabilidad afectiva.

Ese vacío puede empujarlos a buscar reconocimiento en modelos que promueven la dominación, el desprecio por las mujeres o la violencia. Por eso, plantea la especialista, es importante generar espacios específicos de trabajo con grupos de varones, donde puedan cuestionar esas conductas y explorar otras maneras de relacionarse.

Desde Mendoza, Lorenzo Elías, de 20 años y militante de Jóvenes por el Clima Argentina, reclama que las escuelas no queden solas ante estos episodios. También pide que los gobiernos provinciales establezcan criterios para prevenirlos y actuar cuando ocurren.

«Los varones necesitamos empezar a incluirnos en estas discusiones», dice. Para él, si estuviera al frente de una institución, impondría sanciones y buscaría que los directivos de otros establecimientos de la zona se involucraran para reclamar medidas a las autoridades provinciales. El problema, explica, es que la falta de reglas específicas deja a docentes y directivos sin suficiente orientación sobre cómo actuar.

A partir de estos episodios, más de 300 organizaciones impulsan una campaña nacional por una Ley Integral de Protección en Entornos Digitales para Niños, Niñas y Adolescentes. La iniciativa busca colocar los derechos digitales de las infancias y adolescencias en el centro de la agenda y exigir respuestas que no dependan exclusivamente de las familias o de las escuelas.

El reclamo también llega de los propios jóvenes. Piden que se los escuche, que las instituciones tengan herramientas claras para intervenir y que las plataformas asuman responsabilidades por los entornos que diseñan.

Marolla advierte que las respuestas no pueden reducirse a una sucesión de charlas aisladas ni a recomendaciones individuales. Las escuelas necesitan protocolos específicos, canales accesibles para pedir ayuda, criterios compartidos y coordinación entre directivos, docentes, equipos de orientación y familias. También deben proteger a quien sufrió la agresión, detener la circulación del material y evitar que la denuncia la exponga todavía más.

Las plataformas deben contar con mecanismos eficaces para denunciar y retirar contenidos, prevenir nuevos daños y proteger los datos personales. Y seguridad desde el diseño, supervisión estatal y rendición de cuentas.

La prevención empieza en los hogares, con conversaciones que no terminen en reproches o castigos. Continúa en las aulas, donde es necesario trabajar el consentimiento, el respeto y la responsabilidad colectiva. Y requiere políticas públicas capaces de acompañar a las víctimas y establecer obligaciones para quienes producen y distribuyen las imágenes, así como para los servicios digitales que facilitan su circulación.

Una investigación publicada este año por UNICEF, ECPAT (una red mundial de organizaciones de la sociedad civil dedicada a poner fin a la explotación sexual infantil) e INTERPOL realizada en once países estimó que hubo al menos 1,2 millones de niños y niñas perjudicados durante el último año por la manipulación de sus imágenes mediante deepfakes con contenido sexual explícito. La Declaración de UNICEF acerca de las imágenes sexualizadas de niños y niñas generadas por IA asegura: «Los abusos cometidos mediante deepfake siguen siendo abusos y, aunque las imágenes sean falsas, el daño que causan es absolutamente real».