Alberto Fernández y el renovado staff de incorporaciones en el Gobierno no logran frenar los niveles de conflictividad social en aumento y se vislumbra una postal cada vez más inquietante: los piquetes callejeros o paros de sindicatos amenazan con escalar en este fin de año de alto impacto de la inflación en el bolsillo de miles de argentinos.
En las próximas horas habrá una masiva protesta en las calles de movimientos sociales críticos al Gobierno, el gremio de transportistas desató un caos el martes pasado con un paro que se frenó 12 horas después y generó un trastorno en las estaciones de trenes, los intendentes del PJ pasaron por la Casa Rosada con un tendal de quejas al Presidente por la falta de incentivos económicos y los gobernadores alertan sobre amenazas concretas a la paz social.
Sin embargo, Alberto Fernández junto con las flamantes ministras Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Kelly Olmos (Trabajo), sumado a un jefe de Gabinete como Juan Manzur que está en retirada, no pueden hasta ahora frenar semejante cadena de reclamos y protestas en las calles.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social se optó por cortar el diálogo con los piqueteros duros. Tolosa Paz dijo que el gobierno dará el bono extraordinario previsto con los fondos extra del dólar-soja. Aunque la ministra ya adelantó en señal de advertencia: los planes sociales «tendrán un límite».
Así, firmó el decreto 728/22 por el que el Poder Ejecutivo nacional dispuso una serie de medidas tendientes a promover la reconversión de planes sociales en empleo genuino y frenó las altas en los planes sociales.
A la vez, la nueva ministra de Desarrollo Social ya advirtió a los movimientos sociales que solo habrá una entrega de comida diaria hasta fin de año para las familias que asisten a los comedores.
El pleno del Bloque Piquetero Nacional tomó estas declaraciones como una declaración de guerra y prepara una nueva y masiva marcha por las calles porteñas, cortes de ruta en todo el país y acampes indeterminados frente a Desarrollo Social.
«A pesar de que hay más de 4 millones de indigentes, es decir que no tienen para comer, el gobierno y su ministra a pedido del FMI y las patronales recortan la asistencia a los desocupados y pretenden avanzar en una mayor precarización laboral en la obra pública terminando con los convenios colectivos, derechos laborales y pagando salarios de limosnas», alertó Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero y uno de los motores del piquete nacional de mañana.
En el kirchnerismo aducen que Tolosa Paz «no tiene manejo suficiente» para frenar la conflictividad social. Recuerdan que su antecesor Juan Zabaletta lograba contener mejor a los piqueteros porque venía de la intendencia de Hurlingham y conocía la calle.
En La Cámpora le facturan a la ministra de Desarrollo Social su falta de resultados cuando estaba a cargo de la Secretaría de Política Social y la Mesa de lucha contra el Hambre. La vinculan al albertismo puro que no logra dar resultados concretos en términos de resolución de conflictos.
GREMIOS EN GUERRA
Cinco horas después del paro ferroviario declarado por Fraternidad la ministra de Trabajo ratificó: «Este es un conflicto estrictamente político». Se refería al reclamo de los ferroviarios por un bono de $ 50.000 para diciembre extensivo también a jubilados y pensionados.
Kelly Olmos, con aval del Presidente emplazó al gremio que lidera Omar Maturano a levantar las medidas de fuerza y acatar la conciliación obligatoria que se había dictado. La amenaza latente tenía un objetivo claro: instrumentar las infracciones con multas del 50 al 2000% del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil a los trabajadores ferroviarios por no ajustarse a la coinciliación obligatoria.
Según explicaron en la Casa Rosada, el ministro de Transporte tuvo que convencer a Olmos para llamar otra vez a Maturano y «abrir diferentes instancias de diálogo» con los gremialistas. Finalmente se levantó la medida de fuerza y los gremialistas acataron la concilición obligatoria. Pero el experimento demostró a un Gobierno sobrepasado por el conflicto social y las demandas gremiales.
El diputado kirchnerista y referente de la CTA, Hugo Yasky, expresó que «en un contexto de puja distributiva y difícil situación social es totalmente razonable el reclamo de los trabajadores por un bono de fin de año».
El contrapunto de «legitimidad» en el reclamo gremial versus la idea de un «reclamo político» que dejó entrever la ministra de Trabajo desnuda otra arista de la interna del Frente de Todos. Sólo que en este caso la puja excede el campo partidario y avanza sobre el conflicto en la calle que sacude al trabajador de a pie.
El planteo de los gremios de ferroviarios no son los únicos. Se vienen reclamos de otros sectores duros del sindicalismo y la ministra Olmos ya sentó un precedente: expuso dureza inicial y luego mano blanda ante la adversidad del conflicto.
INTENDENTES ACTIVOS
Un puñado de intendentes peronistas de la primera y tercera secciones electorales del conurbano se reunieron esta semana con el Presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur. En esa reunión fuera de agenda hubo planteos concretos por fondos y demandas sociales.
En el encuentro se le planteó a Alberto Fernández una mejor distribución de los fondos que van a la administración bonaerense. También se habló de un «aporte directo y necesario» a las intendencias para poder pagar un bono salarial o completar los aumentos de paritarias antes de fin de año.
«Estamos preocupados por la problemática social que vive nuestra gente», explicó el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson. Mientras que Alberto Descalzo, de Ituzaingó, fue más directo: «Le hicimos saber al Presidente las necesidades del Conurbano, sobre todo lo que hace a la vulnerabilidad social del cordón», explicó.
El Presidente oyó cada uno de los reclamos y se comprometió a dar respuesta. Pero detrás de todo este escenario se esconde la abierta interna del Frente de Todos. El mismo día de ese reclamo el ministro Aníbal Fernández descalificó con dureza a Máximo Kirchner, por sus cuestionamientos al Presidente y hay preparativos de buena parte del PJ para el acto del 17 de noviembre, con Cristina Kirchner como única oradora que inquietan en la Casa Rosada.
El titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, acaba de sostener en un trabajo que presentó en una conferencia: «Aunque se expanda la economía vinculada al sector externo (condición necesaria para el crecimiento), no ocurren «derrames» hacia los sectores menos dinámicos sino hay políticas activas redistributivas y de desarrollo productivo local-regional hacia la economía popular, el sector informal y el mercado interno».
El referente de la UCA señaló que «se requiere una agenda progresista de reformas estructurales que estabilicen la macroeconomía, hagan posible el crecimiento con creación de empleo y distribución progresiva del ingreso». Y alertó: «El actual status quo es empobrecedor y regresivo en términos de equidad».
Pero la línea entre la falta de resolución de conflictos sociales frente a la interna peronista es muy delgada. El resultado está a la vista: la protesta callejera, los paros y marchas crecen al ritmo del descontento social y la inflación.
