El sistema de transporte público de pasajeros de San Miguel de Tucumán está sostenido por los onerosos subsidios que le otorga el gobierno de la provincia y la municipalidad.
El gobernador Osvaldo Jaldo otorgó un nuevo subsidio de $ 700 millones para las empresas de colectivos de jurisdicción provincial. Sumados a los entregados anteriormente en lo que va de abril alcanza la friolera suma de $ 7.600 millones.
Es sabido que los costos para brindar el servicio suben y que aumentó el combustible, a la vez cayó el número de pasajeros porque el servicio en algunas líneas de colectivos es definitivamente deficiente.
Hay que tomar una decisión que se posterga. O se decide licitar y buscar empresas que quieran brindar un buen servicio con estos subsidios y cantidad de pasajeros, o se decide subsidiar a las empresas como corresponde exigiéndoles una mejora substancial del servicio que prestan actualmente.
Hasta ahora la situación parece indefinida aunque se multiplican las declaraciones y amenazas de ambos lados del mostrador. Los usuarios están disconformes y exigen viajar mejor. Hasta ahora es verdadera ciencia ficción. Sus gobernantes no les pueden dar los beneficios que esperan del Estado a quien le pagan sus impuestos.
Es la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial la que tiene la facultad de distribuir los $ 700 millones entre las empresas nucleadas a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor Tucumán (AETAT).
Mientras tanto la película se completa con el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán que analiza llevar el boleto urbano de los $ 1.250 a otro precio mayor sin que nada cambie en absoluto.
