Un diputado cristinista cargó duro este martes contra los jueces federales al defender el artículo del proyecto de Presupuesto que se trata en la Cámara baja y que impulsa el cobro del Impuesto de Ganancias para jueces y funcionarios del Poder Judicial.
Se trata de Rodolfo Tailhade, quien durante la sesión en Diputados dio detalles de las declaraciones juradas de los jueces federales Mariano Borinsky y Pablo Bertuzzi, quienes intervienen en causas vinculadas con la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En su discurso en la Cámara baja, el diputado detalló que Borinsky, a quién definió como «el juez del paddle», declaró tres departamentos en el barrio de Colegiales, dos que fueron construidos entre 2016 y 2019.
Mientras que en el caso de Bertuzzi informó que en 2015 declaró un auto Toyota valuado en $ 230 mil pesos y deudas por $ 350 mil, pero «en 2017, una semana después de impulsar el juicio contra Amado Boudou (por el caso Ciccone), se compró una casa de 476 metros cuadrados en Temperley y a fin de ese año, «el otrora indigente» declaró US$ 70 mil en Estados Unidos y dos cajas de ahorro con US$ 91.500.
También arremetió contra Eduardo Casal, que según reveló el diputado, «en 40 años de profesión tenía US$ 136 mil y en tres años de procurador interino, los llevó a US$ 439 mil». Asimismo comentó que su esposa Ana María de Rosa es secretaria administrativa en una unidad fiscal que fue creada por el propio procurador, de acuerdo a lo puntualizado por el legislador.
Después mencionó a Mario Villar, un fiscal de Casación,quien según dijo «va a ser la próxima estrellita del lawfare en noviembre cuando se discuta las causas Hotesur y Los Sauces». Tailhade indicó que en este caso el fiscal declaró un patrimonio de US$ 180 mil y a los tres años lo llevó a US$ 385 mil y ahorró $ 1 millón.
Sobre el fiscal Raúl Plé, el diputado del Frente de Todos reveló que tiene 9 propiedades y un departamento que compró en 2018 por US$ 240 mil, mientras que el fiscal Ricardo Sáenz en 2016 tenía US$ 13 en el banco y en tres años US$ 214.500.
Tailhade acusó al Poder Judicial de no cumplir con lo establecido en la Ley de Ética Pública en lo que tiene que ver con la obligatoria de la presentación de declaración jurada de los funcionarios, ya que -según relató- después de aprobarse la norma, la Corte Suprema de Justicia sacó una acordada.
«A los tres meses de promulgada la ley sacó una acordada mediante la que dijo que (la norma) es transparente y que comparte los principios de la Corte. Sin embargo declara la inaplicabilidad de la ley ya que considera que la Oficina Anticorrupción, que es la autoridad de aplicación del régimen de las declaraciones juradas, no puede ser autoridad de aplicación de los jueces», indicó.
En su mensaje, apuntó que el máximo tribunal no sólo determinó que el Congreso no iba decidir la autoridad de aplicación sino que además dispuso que sea el Consejo de la Magistratura en el caso de jueces, fiscales y funcionarios judiciales mientras que «en el caso de la Corte es la propia Corte».
«Las declaraciones juradas de los jueces de la Corte son una vergüenza, un bochorno«, remarcó el legislador, para apuntar que en 2014, el máximo tribunal sacó otra acordada que decía que «no era aplicable la ley, por lo tanto hacen lo que se les canta, para hacerla corta».
