El presidente de Chile, Gabriel Boric, reveló sus planes para poner la industria del litio bajo control estatal, creando incertidumbre entre los inversores en el segundo productor mundial de este metal crucial para las baterías de los autos eléctricos.
En un discurso televisado en el que mencionó la nacionalización del cobre llevada a cabo en 1971 por el presidente socialista Salvador Allende, Boric afirmó que «el Estado participará en todo el ciclo productivo [del litio] y creará para ello una Empresa Nacional del Litio«. También impondrá normas medioambientales más estrictas.
Chile es el último de una serie de países que buscan un mayor control sobre recursos minerales clave, después de que México nacionalizara su industria del litio el año pasado y Zimbabue prohibiera las exportaciones de litio sin procesar. Indonesia está frenando las exportaciones de materias primas como el níquel, que se utiliza en las baterías.
Las propuestas de Boric no llegan a la nacionalización total, sino que prevén asociaciones mayoritariamente estatales con empresas privadas para la exploración y producción de yacimientos de litio. También quiere promover el desarrollo de productos de litio de valor añadido en Chile, algo que los productores latinoamericanos han tenido dificultades para conseguir.
Los planes exigen que las dos empresas mineras de litio existentes en el país, la chilena SQM y la estadounidense Albemarle, negocien una participación estatal no especificada en sus actuales concesiones, que se extienden hasta 2030 y 2043 respectivamente. Boric dijo que se respetaría la duración de estos contratos.
«Esta es la mejor oportunidad que tenemos para hacer la transición hacia una economía sostenible y desarrollada», dijo el dirigente chileno en su discurso. «No podemos permitirnos desperdiciarla».
La coalición de Boric ha mantenido un intenso debate sobre la propuesta del litio, que ha enfrentado a los partidarios de la nacionalización total, de la izquierda más dura, con el ala más pragmática y pro-mercado, liderada por el ministro de Economía, Mario Marcel.
El plan del litio necesita la aprobación del Congreso, donde Boric carece de mayoría y ya ha sufrido una importante derrota en la reforma fiscal. Es probable que sufra cambios cuando se debata en el segundo semestre de este año.
Chile es el mayor productor mundial de cobre y posee las mayores reservas probadas de litio del mundo, pero la incertidumbre política y los obstáculos medioambientales cada vez mayores han puesto en entredicho los grandes proyectos mineros. Las empresas se quejan de largos retrasos en la aprobación de nuevos proyectos.
La vecina Argentina ha seguido adelante con nuevos proyectos de litio, basados en un modelo descentralizado en el que los gobiernos provinciales pueden aprobar las inversiones. JPMorgan pronosticó recientemente que, para 2030, la cuota de Chile en el mercado mundial del litio se reducirá al 10%, frente al 28% actual.
También se prevé que África se convierta en un importante productor de litio, y recientes exploraciones han identificado grandes recursos del metal en Estados Unidos.
Los yacimientos de litio de Chile se encuentran en salares, y su producción actual en la región de Atacama procede de la evaporación de salmuera, un proceso que requiere mucha agua en un país que sufre sequías.
Boric afirmó que los futuros proyectos sólo avanzarán tras consultar a las comunidades locales y deberán utilizar nuevas tecnologías que minimicen el consumo de agua.
«Estos salares no son sólo litio«, afirmó. «Son personas, son comunidades, son agua en el desierto… son el hogar de culturas milenarias».
Según los planes, la empresa estatal chilena de producción de cobre Codelco será la encargada de negociar la participación estatal en los contratos de SQM y Albemarle.
SQM es una empresa polémica en Chile. Originalmente propiedad del Estado, fue privatizada durante la dictadura de Pinochet en la década de 1980, con la compra del control por parte del entonces yerno del gobernante militar, Julio Ponce Lerou. La china Tianqui Lithium adquirió una participación del 23,77% en 2018.
Hace seis años, SQM acordó un acuerdo de u$s 30 millones con las autoridades estadounidenses tras ser acusada de violar las leyes antisoborno al realizar pagos indebidos de casi u$s 15 millones a políticos chilenos. Ni SQM ni Albemarle respondieron a las solicitudes de comentarios.
Emily Hersh, directora ejecutiva de Luna Lithium, dijo que el historial relativamente bueno de Codelco como empresa minera estatal y el deseo de Boric de respetar las concesiones de litio existentes eran un buen augurio para las propuestas.
«El temor aquí es que otros países sigan el camino de Chile que no tengan una industria del litio activa como Chile o un historial de éxito con industrias estatales en el sector minero«, dijo.
Hersh citó el ejemplo de Bolivia, que cuenta con las mayores reservas potenciales de litio del mundo, pero que no ha logrado producir cantidades significativas desde que nacionalizó totalmente la industria bajo el gobierno del entonces presidente Evo Morales.
Los gobiernos progresistas de Bolivia, Argentina y Chile han debatido la idea de crear un cártel latinoamericano de productores de litio al estilo de la OPEP para coordinar los precios, pero los diferentes marcos jurídicos del sector en los tres países han impedido avanzar.
