En el Gobierno preparan una denuncia penal contra el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, por la comisión de delitos de intimidación pública al advertir que «hay riesgo de vida para los pasajeros» que intenten volar hoy en el marco de un nuevo paro aéreo, esta vez de los trabajadores de la Administración Nacional de la Aviación Comercial (ANAC). Además, podrían ir contra la personería de aquellos gremios que violen la obligación de garantizar el 50% de las actividades acorde a la declaración de «esencialidad» de los servicios aerocomerciales.
El secretario de Transporte, Franco Mogetta, instruyó por nota a la interventora de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) María Julia Cordero, a que «realice las constataciones necesarias y la correspondiente denuncia ante la justicia penal» contra el dirigente de ATE, «en el marco de las reprochables declaraciones públicas realizadas» que «solo buscan infundir temor en la población en aras de suplir con ello su falta de representatividad para instar una acción gremial».
«Hoy todos los aeropuertos funcionan con la adecuada Seguridad Operacional. El panorama a lo largo y ancho del país es 100 por ciento normal, los vuelos están saliendo en horario y con normalidad», subrayó Mogetta, en declaraciones a los medios. Fuentes del área confirmaron que la denuncia se presentará, a más tardar, en las primeras horas del viernes ante la Justicia federal.
«Desde el Gobierno Nacional no estamos protegiendo una postura ideológica ni política, nosotros estamos protegiendo a la gente. Por lo tanto, no vamos a escatimar esfuerzos ni vamos a echarnos atrás. Utilizaremos las herramientas que nos dé la ley para proteger a la gente y que puedan volar», remarcó el funcionario.
En la denuncia penal que preparan, el Gobierno acusará a Aguiar de violar el artículo 211 del Código Penal de la Nación con sus declaraciones. El artículo indica que «será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos».
El artículo penal comprende un agravante en el caso de que la intimidación tuviera lugar con el empleo de «explosivos, agresivos químicos o materias afines». En esas situaciones, la pena asciende a un rango de tres a diez años «siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública». Situación que no se ajusta, en este caso, a lo sucedido.
No solo eso, en la misma entrevista Mogetta anticipó que el Gobierno podría ir contra la personería de aquellos gremios que violen la normativa vigente, como la calificación del servicio aerocomercial dentro de la «esencialidad» que fija una operación mínima del 50% en el marco de los conflictos. «Las sanciones pueden ser una quita de la personería», remarcó el funcionario.
Desde ATE relativizan el alcance de la acción, aunque reconocen que la tutela sindical no blinda a un dirigente gremial de recibir una denuncia penal ya que solo garantiza su accionar sindical en el marco de la representación que ejerce en su ámbito laboral. De hecho, Aguiar será el segundo dirigente gremial denunciado penalmente por el gobierno de Milei ya que antes el Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich hizo lo propio con el líder de los pilotos de APLA, Pablo Biró, bajo la figura de «amenaza extorsiva».
Así y todo, en el equipo jurídico del gremio de los estatales piensan que tal denuncia penal «debería ser desestimada porque lo que hizo Aguiar es una denuncia pública». Incluso redoblan la apuesta: «No sea cosa que luego se les vuelva en contra porque motive una investigación respecto al desfinanciamiento que hace el Gobierno de todos estos sectores, tal como se advierte».
En la misma línea, el dirigente de ATE-ANAC Bahía Blanca Juan Lucero indicó en una entrevista con FM Altos que los servicios mínimos se garantizan y que la medida de fuerza se dividió en dos tramos para no afectar la totalidad de los servicios de la jornada: «Vuelos sanitarios, de evacuación, oficiales y aquellos que están en proceso», describió.
En Transporte reconocen que, en esta oportunidad, los servicios se prestaron por lo que no cabe avanzar en esa dirección aún. «Depende de Trabajo: hay que ver cómo será si hay un paro en serio», comentaron a El Cronista. No hubo respuesta desde Capital Humano a la consulta de este medio.
Casi al mismo tiempo, desde Casa Rosada difundieron una foto de funcionarios del Gabinete Nacional reunidos para analizar medidas a tomar ante las protestas gremiales. En la foto, se divisa al ministro de Economía, Luis Caputo; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, su vice de Interior, Lisandro Catalán: el titular de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero Manuel Adorni y el asesor plenipotenciario Santiago Caputo, el único que no mira a cámara con gesto adusto como el resto de los participantes.
Al ser consultado sobre la posibilidad de avanzar en un futuro sobre la personería de los gremios, Mogetta aclaró que las sanciones se dan de manera progresiva, que responde a una escala según el incumplimiento y la reincidencia. «Así que las sanciones a quienes no cumplan con ese marco pueden ir desde una multa hasta la quita de la personería». También se podrían iniciar acciones sobre la base de los daños y perjuicios que puede sufrir la empresa aérea.
«Señor @FrancoMogetta, reclamar responsabilidad en el manejo de la vida de las personas es exactamente lo opuesto a infundir temor», le respondió Aguiar en un extenso mensaje por redes sociales donde citó el caso LAPA, en la década del ’90.»La ausencia del Estado importó la pérdida de vidas que podrían haber sido evitadas si en aquel momento el Estado hubiese escuchado a quienes advertían de los peligros de volar sin controles y de cualquier modo», añadió.
Luego que la Asociación de Trabajadores del Estado llamara a un paro en el área de los controladores aéreos este jueves que afecta a los 27 aeropuertos de todo el país en rechazo a los despidos y el ajuste que atraviesa la ANAC, desde la Secretaría de Transporte salieron ayer al cruce de la información y garantizaron que habría servicios a partir del decreto que establece la esencialidad en la actividad.
«El paro anunciado para mañana jueves por ATE-ANAC es una medida de los empleados estatales de la ANAC, que no tiene relación con el trabajo de los controladores aéreos ni incidencia con la seguridad operacional en los aeropuertos. De momento no se verán interrumpidos servicios en aeropuertos gracias a la esencialidad en transporte aéreo«, consignaron en un escueto comunicado desde la secretaria que comanda Franco Mogetta.
La ANAC es uno de los organismos de control de la actividad aerocomercial que el gobierno de Javier Milei pretende fusionar. Allí ATE tiene su ámbito de representación por resolución del Ministerio de Trabajo, aunque la comparte con ATEPSA, otro de los sindicatos aeronáuticos. «Compartimos ámbito de representación a pesar de que no hemos vuelto al convenio colectivo de trabajo. Por lo tanto, tenemos afiliados en todo el país en las torres de control«, indicaron fuentes de ATE a El Cronista.
En la ANAC están afiliados al gremio los servicios de extinción de incendios en los aeropuertos, los servicios sanitarios, los trabajos de fiscalización y quienes se ocupan de certificar cada uno de los vuelos antes de partir. De ahí que hoy temprano, al poco de iniciar la medida de fuerza, Aguiar acusó en redes a «la Intervención de la ANAC (porque) dio la orden a los jefes de aeropuertos para que no emitan notificación a los pilotos informando la medida de fuerza que se acaba de iniciar.»
«Esta conducta es de extrema gravedad y afecta la seguridad de todos los vuelos. No hay servicios de extinción de incendios (bomberos), control terrestre, sanidad, certificación de vuelos y control en las torres», alertó. En consecuencia, la Secretaría de Transporte emitió un primer parte informativo al rato desmintiendo esa información. Y luego llegó el anuncio de que se avanzaría con formalizar la denuncia penal ante la Justicia.
El paro se realiza en dos etapas, según informaron desde el gremio de estatales: una primera parte, entre las 6 y las 12 y una segunda franja de paralización de las actividades entre las 17 y las 22. La medida es en reclamo por la situación salarial en el sector y en rechazo a los despidos. «El ajuste que pretenden sobre la ANAC es salvaje y absolutamente injustificado. Las auditorías internacionales dicen que falta personal, y este Gobierno pretende seguir reduciendo la planta laboral», señaló el dirigente gremial.
En su conferencia de la mañana, además de apuntar contra los gremios por los «piquetes aeronáuticos», el vocero Manuel Adorni informó que «en virtud de los persistentes paros convocados por los gremios que conduce Biró y compañía, que afectaron cerca de 40 mil pasajeros, el Gobierno nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo finalmente de la operación de Aerolíneas Argentinas en caso que las extorsiones que están recibiendo los argentinos con este tipo de medidas continúen». Desde el Gobierno no aclararon cuáles serían esas firmas.
Casi en espejo, diversos gremios del transporte multimodal del país y que integran las centrales sectoriales como la CATT y la UGATT se reunían en la sede de Aeronavegantes para conformar una «Mesa Nacional del Transporte» que se declaró en «estado de alerta y movilización» contra «la política de ajuste que impulsa el Gobierno para la actividad ferroviaria, aerocomercial, transporte de carga y pasajeros; marítima y fluvial». A la vez, expresó su solidaridad con los gremios aeronáuticos: uno de los miembros es el propio Biró.
