Juan Zamora se presentaría hoy en la Justicia porque se le vence el plazo para hacerlo y no incurrir en rebeldía. Está sospechado de haber extraído agua potable para riego y dejar sin provisión a miles de vecinos de Yerba Buena.
El 24 de septiembre, la Sociedad Aguas del Tucumán descubrió una conexión clandestina del acueducto que lleva agua del río Las Piedras a la cisterna de Lomas de Imbaud. Personal de la SAT estableció que el líquido era transportado hasta una laguna artificial que se había construido en la finca del acusado.
Por este motivo la fiscala María del Carmen Reuter pidió que se lo acusara de robo agravado, con el apoyo de los querellantes Valeria Abdo y Walter Ojeda y el rechazo de los defensores.
Federico Moeykens el juez que tiene el caso lo terminó acusando de robo simple.
Como el acusado se encontraba en Europa el juez le ordenó que regrese para que enfrente el proceso y de ahora en más solo se podrá ausentar con permiso judicial, por lo menos hasta que concluya el proceso.
En su defensa, a pesar de no estar en el país, por intermedio de personas de su confianza mostró escrituras con las que Zamora sostiene que la finca la compró hace 15 y que la polémica conexión ya existía. Y pondrá a disposición de la justicia esas pruebas.
El caño de la SAT de 25 centímetros de diámetro va desde la toma del arroyo Las Piedras, hasta la planta de Lomas de Imbaud añadió en el documento que tiene en su poder el acusado.
En la justicia sospechan que esa conexión la realizaron personas con experiencia en ese tipo de trabajos. Imposible que una obra así la haya realizado alguien sin los conocimientos necesarios para hacer algo tan técnico y preciso.
Los abogados del acusado son Camilo Atim y Alfredo Falú. Ellos al igual que Zamora sostienen que se debe analizar la antigüedad de los caños que llevaban el agua a la laguna artificial. Su postura es que con eso no sólo se demostrará que la conexión es anterior a la compra de terrenos, sino que además habría sido realizada por personal de la ex Dipos para poder brindar el suministro de agua a los habitantes de la zona.
La fiscalía pidió colaboración a varias universidades para que hagan una pericia y poder determinar fehacientemente quien puede haber realizado una conexión con ese grado de precisión que tiene varios desafíos técnicos que requieren conocimientos precisos.
