El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó los avances económicos de la Argentina durante la gestión de Javier Milei, pero también identificó cuáles son, a su criterio, los principales obstáculos que todavía enfrenta el país para consolidar un escenario favorable para las inversiones extranjeras.
En su Informe sobre el Clima de Inversión 2026 (ICS), el organismo estadounidense resaltó la fuerte reducción de la inflación, el equilibrio de las cuentas públicas y el levantamiento de buena parte de las restricciones cambiarias. Sin embargo, advirtió que todavía persisten problemas vinculados con la sostenibilidad de la deuda, la inflación y los controles de capital.
El documento sostiene que, desde la llegada de Milei al poder en diciembre de 2023, su administración “ha revertido políticas intervencionistas y ha impulsado reformas estructurales para posicionar a Argentina como una economía de mercado”. Al mismo tiempo, el reporte remarca que la transformación todavía no está completa y que existen desafíos que pueden condicionar el clima de negocios y la llegada de nuevas inversiones.
Uno de los aspectos destacados por el informe es la fuerte desaceleración de la inflación durante los primeros años de la administración Milei. El Departamento de Estado señaló que reducir la inflación fue “una prioridad principal” del Gobierno y detalló que en 2025 la variación anual de los precios descendió al 31,5%, frente al 117,8% registrado en 2024 y al 211,4% de 2023.
Según el organismo estadounidense, se trató del nivel más bajo de inflación de Argentina en ocho años. El informe también puso el foco en el resultado fiscal. De acuerdo con el documento, el Gobierno acumuló en 2025 un superávit primario del 1,4% y cerró el año con un presupuesto equilibrado por segundo año consecutivo, algo que el reporte considera un hecho que no se registraba desde 2007-2008.
En paralelo, el Banco Central implementó en 2026 un régimen de flotación cambiaria dentro de una banda cuyos límites se ajustan de acuerdo con la inflación pasada.
Pese a destacar la mejora de las cuentas públicas, el Departamento de Estado ubicó la sostenibilidad de la deuda entre los principales desafíos que todavía enfrenta la Argentina.
El informe también repasó el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el organismo aprobó un Servicio Ampliado de 48 meses por US$ 20.000 millones, con un desembolso inicial de US$ 12.000 millones. En mayo de 2026, después de la segunda revisión del programa, el FMI habilitó un desembolso adicional de US$ 1.000 millones.
El Departamento de Estado señaló que el organismo internacional destacó el avance de Argentina en materia de disciplina fiscal, reconstrucción de reservas y reformas económicas. A partir de 2026, el programa contempla revisiones semestrales hasta 2029, con desembolsos de aproximadamente US$ 700 millones en cada una de las siete revisiones restantes mencionadas en el informe.
Otro de los puntos centrales del informe es el proceso de desmantelamiento de los controles cambiarios. El Departamento de Estado recordó que los controles habían sido reinstalados en 2019 y ampliados durante 2022 y 2023, lo que, según el organismo, generó distorsiones y mayor incertidumbre para los inversores.
En abril de 2025, el Banco Central anunció el levantamiento de la mayoría de las restricciones cambiarias para las personas físicas. Desde entonces, los individuos pudieron acceder al mercado oficial sin el límite mensual de US$ 200 que regía anteriormente.
Sin embargo, el informe advierte que todavía permanecen restricciones para algunas empresas, particularmente para aquellas que necesitan acceder al mercado de cambios para cancelar determinadas deudas comerciales y financieras heredadas o girar dividendos.
El Gobierno de Milei tiene como objetivo declarado eliminar los controles de capital restantes hacia fines de 2026, aunque el propio reporte señala que el momento y el alcance de esa medida están sujetos a las condiciones económicas.
El informe también analiza la reforma laboral impulsada por el Gobierno. En febrero de 2026, el Congreso aprobó la Ley de Modernización Laboral 27.802, que entró en vigencia el 6 de marzo e introdujo cambios en las obligaciones vinculadas con las indemnizaciones, creó un Fondo de Cese Laboral y modificó regulaciones sobre jornadas de trabajo y relaciones laborales.
El Departamento de Estado señaló que, el 30 de marzo, tribunales laborales suspendieron 82 disposiciones de la norma a raíz de distintas impugnaciones presentadas por sindicatos. El organismo estadounidense consideró que esa situación generó incertidumbre sobre el alcance y los tiempos de implementación de algunas de las reformas.
El informe también menciona que empresas nacionales y extranjeras continúan señalando la carga tributaria elevada y las leyes laborales rígidas como obstáculos para la inversión.
Entre los avances recientes, el reporte destacó el Acuerdo sobre Comercio Recíproco e Inversión (ARTI) firmado entre Argentina y Estados Unidos el 5 de febrero de 2026. Según el documento, el acuerdo busca reducir aranceles, ampliar la aceptación de estándares internacionales, proteger los derechos de propiedad intelectual y profundizar la cooperación económica bilateral.
El informe también menciona el lanzamiento del denominado “Super RIGI”, anunciado en mayo por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. El régimen apunta a atraer proyectos de entre US$ 20.000 millones y US$ 30.000 millones en sectores como cobre, litio, energía nuclear, gas natural licuado y centros de datos vinculados con inteligencia artificial.
Entre los beneficios planteados figura una reducción del impuesto a las ganancias corporativas del 25% al 15% para los megaproyectos que cumplan con los requisitos, además de la eliminación de determinados aranceles de exportación e importación desde el inicio. La propuesta, según el informe, todavía requiere aprobación del Congreso.
El clima de inversión también aparece condicionado, según el Departamento de Estado, por cuestiones vinculadas con la corrupción y el funcionamiento de las instituciones. El reporte cita un informe de marzo de 2026 del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, que señaló la necesidad de una aplicación más firme de las normas, mejores mecanismos de protección para denunciantes, procesamiento oportuno de las causas, plena implementación del Código Procesal Penal Federal y reducción de las vacantes judiciales.
También cita los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial y señala que la corrupción continúa siendo un área de preocupación en Argentina. En ese apartado, el informe menciona además cuestionamientos de empresas sobre la transparencia y confiabilidad de los tribunales y señala que persisten denuncias de interferencia política en el sistema judicial.
El Departamento de Estado también analizó la conflictividad social. Según el reporte, las manifestaciones son frecuentes en Buenos Aires y otras ciudades, pero generalmente no son consideradas un impedimento significativo para el clima de inversión. El documento menciona las huelgas generales realizadas el 9 y 10 de abril de 2025 y el 19 de febrero de 2026. En esta última jornada se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que dejaron heridos y detenidos.
Al mismo tiempo, el informe destaca un dato considerado relevante para la actividad económica: según información del Gobierno argentino, la cantidad de protestas que interrumpieron las redes de transporte durante 2025 cayó a su nivel más bajo en 25 años.
Por último, el informe repasó el proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno a partir de la Ley de Bases. El Departamento de Estado señaló que no todas las operaciones tuvieron el resultado esperado. En marzo de 2026, el Gobierno lanzó una licitación para vender el 100% de Intercargo S.A.U., pero en julio el Ministerio de Economía declaró desierto el proceso después de no recibir ofertas válidas.
En cambio, en enero de 2025 el Estado concretó la transferencia de su participación en IMPSA a la estadounidense Arc Energy por US$ 27 millones.
