El juez federal de Lomas de Zamora Juan Rodríguez Ponte le ordenó este lunes a Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, que en tres días entregue a la justicia 24 vehículos a su nombre que están embargados en las causas judiciales en las que está acusado de asociación ilícita y lavado de dinero por el presunto manejo irregular de su empresa «Sur Finanzas».
Vallejo deberá poner a disposición de la justicia su Ferrari modelo “California Descapotable”, un Alfa Romeo modelo Stelvio Veloce, un BMW 320I, tres Audi, dos camiones Mercedes Benz modelo Atego, dos motos Honda y una Yamaha, entre otros. En total, 24 vehículos que parte de ellos los tenía Vallejo como depositario judicial y podía usarlos. De hecho, cuando se realizó su indagatoria en la causa fue al juzgado en una camioneta Toyota que ahora deberá entregar.
Todos los vehículos quedarán a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para puedan ser usados por organismos de la justicia o por fuerzas de seguridad. La medida forma parte de un eventual decomiso de los bienes en caso que Vallejo sea condenado en las causas que tiene en su contra.
Dueño de Sur Finanzas, Vallejo llegó al fútbol de la mano de Tapia. Su empresa le prestó dinero y fue sponsor de muchos equipos de primera división y de categorías del ascenso. Sur Finanzas fue hasta el nombre durante algunos años de la copa de liga profesional. «Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación», dijo Vallejo en 2023 en una entrevista.
Pero todo quedó bajo sospecha porque en rigor Sur Finanzas se usaba para lavar dinero en un complejo entramado de empresas y que involucró a clubes de fútbol. Por pedido de la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona fueron allanados Sur Finanzas, la AFA y una veintena de clubes con los que firmó contratos de sponsor y préstamos de dinero.
Vallejo tiene esa causa y otro expediente similar pero puntualmente por sus negocios con el club Banfield. En 2023, Sur Finanzas firmó dos mutuos por un total de un millón de dólares con el club, lo que para la justicia fue una maniobra para lavar dinero porque el dinero se entregó en efectivo.
Hace un mes y medio la causa cambió de juez. Rodríguez Ponte asumió como titular del juzgado y este lunes ordenó 40 medidas de prueba. Entre ellas que Vallejo entregue sus autos y motos. Los vehículos estaban embargados pero el financista podía ser uso de ellos. El único impedimento era venderlos.
La Corte Suprema, a través de su Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura, reveló su base de datos de los bienes secuestrados en las causas penales y le consultó al juez si dos vehículos de Vallejo podían ser entregados y si en la causa había otros vehículos secuestrados.
El planteo fue en el marco de una acordada del máximo tribunal del año pasado en la que estableció las pautas para el secuestro de bienes en causas judiciales y su uso por parte del organismos del Poder Judicial y de fuerzas federales.
El juez Rodríguez Ponte le ordenó a Vallejo que entre días ponga a disposición de la justicia los vehículos «a los fines de garantizar la preservación de los bienes registrables de posible origen delictivo, su indisponibilidad por parte de quienes eventualmente pudieran ser individualizados como autores de las maniobras aquí pesquisadas y su eventual decomiso».
La resolución del magistrado detalla los vehículos: una Ferrari modelo “California Descapotable”; un Alfa Romeo Stelvio Veloce; dos motocicletas Honda, una motocicleta Yamaha, dos camionetas Toyota; una camioneta Jeep; tres Audi; dos camionetas Toyota SW4; dos camiones Mercedes Benz Atego; un camión Mercedes Benz Accelo; un Mercedes-Benz GLC 300 Coupé AMG-Line; un BMW 320I; un Citroen C3; dos Volkswagen Vento; y tres autos Peugeot.
Una de las camionetas Toyota SW4 que será secuestrada la usó Vallejo cuando a fines de mayo se presentó en el juzgado para ser indagado. El financista llegó en ese vehículo y así quedó registrado en el trabajo del fotoperiodista Pedro Lázaro Fernández.
El juez tomó otras medidas. Una de ellas fue prohibirle a Vallejo que «preste, por sí o por interpósita persona, servicios de índole financiera de cualquier naturaleza». No podrá ejercer como financista.
«La prohibición alcanza también su inscripción, constitución, integración o participación, bajo cualquier forma o carácter (socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico), en proveedores de servicios de pago (PSP) o en cualquier otra entidad que preste servicios financieros, mientras dure la medida», explicó Rodríguez Ponte.
Sobre Vallejo ya pesaba el bloqueo de sus cuentas y de las de sus empresas pero esas medidas, explicó Rodríguez Ponte, «resultarían insuficientes a los efectos de neutralizar el riesgo de que el nombrado vuelva a armar o utilizar estructuras de tecnología financiera (fintech, billeteras digitales o exchanges cripto) realizando conductas como las aquí investigadas».
El magistrado aclaró que la prohibición «no afecta otras actividades lícitas de Maximiliano Ariel Vallejo, ni su libertad ambulatoria ni el ejercicio de otras profesiones u oficios».
