El gobierno de Axel Kicillof y las distribuidoras eléctricas bonaerenses presentaron una apelación conjunta para frenar la cautelar dictada por la Justicia, que suspendió el tarifazo de luz aplicado desde julio en la provincia. El fallo tuvo como fundamento la falta de convocatoria a audiencias públicas, mientras que las empresas eléctricas se niegan a devolver lo cobrado y argumentan una emergencia económica permanente.
La política bonaerense no deja de regalar postales insólitas. ¿Quién iba a pensar que un crítico feroz de los tarifazos autorizados por el Gobierno nacional a las empresas prestadoras de servicios públicos, como Axel Kicillof, terminaría haciendo frente común con el Grupo Desa —controlador de Edelap, Eden, Edea y Edes— para apelar la medida cautelar que frenó el tarifazo de luz en la provincia de Buenos Aires?
El juez en lo Contencioso Administrativo de Bahía Blanca, Agustín López Coppola, quien falló a favor de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y frenó el aumento de la tarifa de luz autorizado por el gobierno de Kicillof, concedió el recurso de apelación presentado por el Ejecutivo provincial y las distribuidoras eléctricas. El planteo fue elevado a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata.
El origen de la disputa se remonta a la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura provincial, que autorizó subas de las tarifas eléctricas de entre el 1,5% y el 3,5% a partir de julio. Ante el reclamo impulsado por Guido Lorenzino, defensor del Pueblo bonaerense, la Justicia no solo congeló los “retoques” tarifarios, sino que además ordenó retrotraer el valor de las facturas y obligó a las distribuidoras eléctricas a devolver cada peso cobrado de más.
Días más tarde, la medida judicial contra el tarifazo de luz se extendió a las cooperativas eléctricas del interior bonaerense.
El juez en lo Contencioso Administrativo de Bahía Blanca, Agustín López Coppola, puso la lupa, al momento de dictar sentencia, sobre una anomalía que lleva cerca de una década en la provincia de Buenos Aires: la falta de audiencias públicas, una instancia de participación ciudadana destinada a discutir lo que los usuarios pagan mes a mes por el servicio eléctrico.
Sin embargo, la Fiscalía de Estado bonaerense articuló una defensa técnica que roza la ironía jurídica, al argumentar que el magistrado confundió la Revisión Tarifaria Integral (RTI) con la “Etapa de Transición Tarifaria”.
Según el razonamiento de la Fiscalía de Estado bonaerense, como la provincia atraviesa un régimen transitorio prorrogado hasta marzo de 2027, el Ejecutivo posee vía libre para modificar los montos sin convocar a audiencias públicas ni escuchar las objeciones de los vecinos.
Para la gestión de Kicillof, los fallos históricos de la Corte Suprema de Justicia y de la Suprema Corte bonaerense no serían aplicables a este escenario. Básicamente, la postura del Ejecutivo bonaerense es que, al encontrarse en una “emergencia permanente”, la provincia estaría eximida del trámite de consultar a los consumidores.
Por su parte, el Grupo Desa, controlador de las empresas eléctricas Edelap, Eden, Edea y Edes, desempolvó argumentos vinculados con la imposibilidad operativa. Las distribuidoras alegaron en su apelación que no tienen facultades para establecer cuadros tarifarios propios y que deben facturar únicamente lo dispuesto por el Ministerio de Infraestructura bonaerense, con la autorización previa del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba).
Las distribuidoras eléctricas calificaron de “híbrido” el esquema impuesto por el juez en lo Contencioso Administrativo de Bahía Blanca, ya que las obliga a aplicar valores provinciales anteriores, pero mantener actualizados los costos nacionales de energía, potencia y transporte. Según sostienen, la medida es impracticable en un sistema de facturación masiva.
A esto se suma un argumento técnico de caducidad: las empresas sostienen que la Resolución 585/2026 fue reemplazada posteriormente por la Resolución 682/2026, por lo que la cautelar estaría alcanzando un acto administrativo posterior que no formó parte del expediente original.
La batalla judicial expone una contradicción para Kicillof. Mientras el discurso oficial bonaerense cuestiona la quita de subsidios impulsada por el gobierno de Javier Milei y denuncia el impacto del ajuste en el bolsillo de los usuarios, el Ejecutivo provincial apela un fallo judicial que busca proteger a los consumidores y se presenta en la misma disputa judicial que las empresas privadas prestatarias del servicio eléctrico en la provincia de Buenos Aires.
