La defensa de Cristina Fernández de Kirchner y de su hijo, Máximo Kirchner, rechazó el planteo de la fiscalía para volver a unificar los expedientes de Hotesur y Los Sauces y sostuvo que esa decisión podría impedir el inicio del juicio previsto para el próximo 23 de octubre.
Durante su exposición en la audiencia realizada este jueves al mediodía, el abogado Alberto Beraldi cuestionó la posibilidad de reunir nuevamente las causas tras argumentar que, si se modifica el esquema procesal a pocos días del comienzo previsto para Los Sauces, podrían generarse irregularidades capaces de comprometer la validez de una eventual sentencia.
La postura fue acompañada por Mariano Fragueiro Frías, defensor del empresario Fabián De Sousa, quien cuestionó la iniciativa del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que el intento de modificar la organización del juicio respondía a las debilidades de la acusación. Las defensas también señalaron que los expedientes tramitaron por separado desde su origen y que todavía quedan medidas de instrucción suplementaria pendientes en Hotesur, entre ellas diligencias periciales contables y de tasación.
En contraposición al planteo de los penalistas, el fiscal general ante Casación, Mario Villar, pidió dejar sin efecto la decisión del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) de dividir los debates. En un escrito de breves notas, el representante del Ministerio Público sostuvo que la resolución fue arbitraria y que la fragmentación de las causas podría afectar la estrategia acusatoria, además de abrir la puerta a decisiones judiciales incompatibles sobre hechos vinculados.
Villar argumentó que Hotesur y Los Sauces no deben analizarse como investigaciones completamente independientes. Según la hipótesis fiscal, ambos expedientes examinan presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con fondos que habrían provenido de la obra pública y que, mediante contratos de alquiler de hoteles e inmuebles y operaciones comerciales, habrían llegado al patrimonio de la familia Kirchner. La acusación sostiene que en ese circuito habrían intervenido empresas vinculadas a los grupos empresarios de Lázaro Báez y Cristóbal López.
En Los Sauces, la investigación se concentra en presuntas operaciones realizadas a través de la sociedad inmobiliaria familiar, que habría recibido ingresos por alquileres de propiedades a empresas relacionadas con esos grupos económicos. Hotesur, en tanto, examina el funcionamiento y la explotación de establecimientos hoteleros, entre ellos Alto Calafate y Las Dunas, y los pagos efectuados por las firmas que los administraban.
Para el fiscal, la existencia de imputados, sociedades y elementos probatorios compartidos impide tratar los hechos como compartimentos estancos. También advirtió que juzgar por separado una hipótesis delictiva que la acusación considera conectada podría condicionar el análisis de las pruebas en el segundo proceso o derivar en conclusiones contradictorias.
En su dictamen, Villar cuestionó además que el TOF 5 resolviera la separación sin escuchar previamente a las partes. A su entender, el tribunal aplicó de manera incorrecta las reglas procesales sobre la tramitación conjunta de causas conexas y no demostró que celebrar un juicio unificado fuera a provocar una demora grave e inevitable. La fiscalía también objetó que las dificultades de agenda de los magistrados se utilizaran como argumento para dividir los debates.
La decisión de separar los procesos había sido adoptada el pasado 17 de septiembre. El tribunal fijó para el próximo jueves 23 de octubre de 2026 el comienzo del juicio por Los Sauces y para el 19 de marzo de 2027 el de Hotesur. Los jueces justificaron el desdoblamiento en las diferencias entre los objetos procesales, la cantidad de testigos compartidos, el distinto avance de las medidas pendientes y la necesidad de evitar que un debate único se prolongara durante más de dos años.
El fiscal de juicio Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante, recurrieron esa resolución. Ambas partes sostienen que la división puede fragmentar la prueba y debilitar la reconstrucción integral de las presuntas maniobras investigadas.
La definición quedó en manos de los camaristas de la Sala I de Casación Daniel Petrone, Alejandro Slokar y Diego Barroetaveña. Tras escuchar los argumentos de las defensas y considerar los planteos de la acusación, deberán determinar si se mantiene el cronograma dispuesto por el tribunal oral o si los expedientes vuelven a tramitarse en un debate conjunto.
